Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento pactan la Carta Municipal de Barcelona

Barcelona tendrá una ley específica que le reconocerá más competencias y una financiación adecuada a los gastos que afronta como gran capital de un área metropolitana en la que a diario se mueven más de cuatro millones de personas. Ése es el espíritu del acuerdo alcanzado ayer entre las tres Administraciones -la central, la Generalitat y el Ayuntamiento-, que se concreta en un borrador de 104 artículos que tiene que ser ratificado por la comisión mixta. Se espera que el texto pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano y que el Congreso lo sancione a partir de septiembre.

Ése es el calendario que ayer barajaron Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, en la presentación, junto con Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, del acuerdo alcanzado. Sevilla aseguró que la Carta de Barcelona puede empezar a caminar este mismo año: "Soy el sexto ministro que aborda la ley de Barcelona y creo que seré el último", afirmó para dar idea de que el acuerdo estaba claro. Clos no ocultaba su satisfacción -"ha sido una negociación intensa y extensa"- y Saura calificó el acuerdo de "hito histórico". La discusión de la Carta se inició en la década de los ochenta y fue aprobada por el consistorio en 1997 y un año después, por el Parlamento catalán.

La Carta de Barcelona tiene dos partes. Una que atañe a competencias de la Generalitat -ya negociadas- y otra que entra en materias de ámbito general, como seguridad y justicia, entre las más importantes. Eran éstas, junto a la petición de un régimen financiero especial, lo que se empezó a negociar en otoño pasado con la Administración socialista. Con el Gobierno del Partido Popular, la Carta fue de un despacho a otro. Sin resultados.

Una de las cuestiones centrales de la Carta de Barcelona era la mejora del régimen financiero por los gastos de subsidiariedad que la ciudad afronta como capital, en especial en equipamientos culturales y en transporte público, que excede de la frontera administrativa de los 1,5 millones de habitantes de la capital y que da servicio a un área en el que se mueven más de cuatro millones.

La parte catalana -Ayuntamiento y Generalitat- propuso una participación directa en impuestos generales. Concretamente, el 10% del IRPF, el 20% del IVA y el 30% de los impuestos especiales. Resumiendo, ese cómputo suponía un incremento anual de unos 100 millones de euros. El Gobierno no ha querido afrontar la mejora en la financiación por medio de cesión de impuestos más allá de la parte ya reconocida dentro de la Participación de Impuestos del Estado. Una negativa que obedece, en parte, a la posibilidad de que otras ciudades plantearan reclamaciones similares.

Por eso, desde el Ministerio de Administraciones Públicas y también desde el de Economía y Hacienda se buscó otra fórmula: la de firmar unos convenios quinquenales para afrontar los gastos de subsidiariedad. Se trata de unos complementos específicos en materia de equipamientos culturales, en la organización de la justicia local y el coste que suponga una Guardia Urbana que actúe como policía judicial adscrita a esos juzgados, y los relativos al coste de la congestión y el transporte público. Esos convenios se tienen que pactar, no pueden estar enmarcados en ninguna ley y su liquidación será dentro de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, no deja de ser una fórmula que requiere de un acuerdo político. En cuanto al monto total que esos convenios pueden suponer, Clos no quiso dar cifra, sólo aproximó: "Más de la mitad de lo que pedíamos" [100 millones de euros]. Fuentes de la comisión técnica negociadora afinaron: alrededor de 60 millones de euros de forma progresiva.

Algunas de las principales competencias que la ley de Barcelona reconoce son las siguientes:

- Justicia local. Serán diez juzgados, uno en cada distrito de la ciudad, que atenderán de los conflictos menores que genera la convivencia. En materia penal, por ejemplo, de las faltas como riñas o lesiones leves. En materia civil por reclamaciones inferiores a 3.000 euros y en contencioso-administrativo contra actos del Ayuntamiento. Será el pleno del consistorio el que proponga una terna de jueces -deberán ser licenciados en derecho- y al Tribunal Superior de Justicia le competerá la elección. La aprobación de ese nuevo tipo de juzgados requiere de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está prevista para antes de que finalice este año.

- Cultura. Equipamientos culturales que trascienden la ciudad, como el, Macba o el Museo Picasso serán cofinanciados.

- Cuerpo auxiliar de seguridad. Supone la creación de un cuerpo auxiliar a la Guardia Urbana -los actuales vigilantes de las áreas verdes de estacionamiento- para controlar el cumplimiento de las ordenanzas.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulación cometidas en vías urbanas competerán al alcalde y será el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar vehículos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendrá representación en Puerto, aeropuerto y Costas.