"Franco ha puesto la recaudadora en marcha"

El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), gobernado por el PP desde 1987 e inmerso en una investigación judicial por la denuncia del fiscal anticorrupción, que ha encontrado 30 hechos delictivos relacionados con la gestión urbanística y contable del municipio, acaba de vivir otro escándalo. La empresa Urbaser, una de las aspirantes en el concurso para el servicio de recogida de basuras del municipio (por el que Orihuela pagará a la adjudicataria 300 millones de euros en 25 años) habría intentado sobornar al alcalde, José Manuel Medina, del PP, y a tres concejales para intentar ganarlo, según unas cintas grabadas por un industrial a un edil.

El supuesto intento de cohecho se recoge en dos grabaciones entre el concejal Jesús Ferrández, portavoz de la formación Centro Liberal, y el industrial Ángel Fenoll, cuya empresa se presentaba al concurso. Las grabaciones fueron realizadas el 25 de octubre de 2005 y el pasado 23 de febrero. Fenoll, afín al PP, difundió la primera grabación el pasado 21 de marzo, un día después de que la mesa de contratación municipal puntuara en primer lugar a Urbaser, la empresa que supuestamente quería sobornar a los cargos públicos. La propuesta de Fenoll quedó en tercer lugar. El alcalde, del grupo de afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apoyó la opción de Urbaser, mientras los concejales del PP afines a Eduardo Zaplana optaron por la oferta de Fenoll.

"Me han dicho que 200 millones serían para [el alcalde] Medina y un edil"

"Yo no voy a ser alcalde, lo que quiero es mangonear por detrás", dice el concejal

Fenoll explota a dedo el servicio de basura en la costa de Orihuela desde 1987 y acumula varias condenas, una por comprar votos para el PP en las municipales de 1991. En la actualidad tiene las contratas de basuras en 19 municipios de Alicante. Jesús Ferrández es en la actualidad portavoz del Centro Liberal, una escisión del PP en 1997. Entonces era concejal de Urbanismo. Por discrepancias con la política urbanística del alcalde Medina dejó el PP y con él se fueron cuatro ediles. Los supuestos intermediarios son el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte y su representante legal, José Vicente Escudero. El promotor y el abogado, también ex asesor del alcalde José Manuel Medina, están incluidos en la denuncia del fiscal.

Los supuestos beneficiaros del intento de cohecho son el alcalde, que llegó el cargo en 1996. Medina, alineado con el sector campistas del PP valenciano, fue desbancado de la presidencia local del partido el pasado mes de julio por la zaplanista Mónica Lorente. Sobre él recae el grueso de la denuncia del fiscal por los delitos de prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y malversación. Antonio Franco es concejal de Personal e igualmente aparece en el escrito de Anticorrucpción por la contratación en exclusiva del jefe de personal, que, a su vez, cobraba de la Consejería de Educación de Murcia. Isidro Hernández fue elegido concejal en 2003 en las listas del PP, pero tiene carné del PP desde 1990, e incluso vota en las asambleas de los populares.

Lo que sigue, resume la conversación entre el edil y el industrial donde se habló del intento de amaño del concurso a cambio del pago de dinero a distintos políticos:

Jesús Ferrández (concejal). Teóricamente iban a ser 600 millones (de pesetas); 325 que pondría Urbaser y 275 que tendría que dar San Antonio [promotora local]. Pero de los 275 de San Antonio te puedo asegurar yo a ti que no da un duro. Entonces, Urbaser tiene que poner 325 millones.

Ángel Fenoll (industrial). ¿325 millones?

J. F. Sí, eso es lo que me han dicho a mí.

A. F. ¿Te lo han dicho a ti directamente?

J. F. Sí, directamente en una comida que tuvimos El Papeles [José Antonio Rodríguez, presidente de San Antonio, una constructora local denunciada en el escrito del Fiscal Anticorrupción], José Vicente Escudero [abogado de San Antonio y ex asesor de José Manuel Medina (alcalde)], y yo. Lo tienen claro, 25 millones se los querían quedar ellos para gestiones. 200 irían para Medina y a Antonio Franco [concejal de Personal, del PP] y 100 millones serían para Isidro [Hernández, concejal del PSPV] y para nosotros, [el grupo del Centro Liberal]

A. F. ¿200 millones serían para Medina y Franco?

J. F. Eso es lo que me han dicho. Teóricamente, ese dinero viene de Urbaser.

La grabación sigue con nuevos comentarios sobre las cifras del reparto por adjudicar la contrata a Urbaser y la forma de pago.

J. F. Es que Franco es la hostia.. Franco ha puesto la recaudadora en marcha, el cabrón, se va a hacer de oro el hijo puta, se va a ir arreglaíco... la ha puesto en marcha lo tiene más claro que Dios.

Luego, la conversación deriva sobre el papel del concejal Ferrández en la adjudicación y un ofrecimiento del industrial Fenoll en relación con el concurso.

A. F. Si nosotros llegamos a unas cantidades...

J. F. ¡Que sí!, ¡Que sí, Angel!, que te estoy diciendo que sin problemas. Yo lo que quiero te lo digo con confianza: yo no quiero dinero, quiero una buena campaña electoral, fíjate qué sencillo.

A. F. Cuando yo tenga la seguridad de que en las próximas [elecciones] tú vas a decidir...

J. F. Eso, yo no voy a ser alcalde, yo lo que quiero es mangonear por detrás.

A. F. Lo único que puede pasar es que no decidas directamente.

J. F. O que el PP no saque mayoría.

A. F. Exactamente. Entonces se hará la adjudicación y lo haremos de puta madre.

J. F. Podemos vender el Ayuntamiento.

Tras la difusión de la grabación, el concejal Ferrández negó su autenticidad y anunció medidas legales contra el industrial Fenoll. Urbaser y los supuestos intermediarios rechazaron la acusación.

Hay una segunda grabación hecha por el industrial correspondiente al 23 de marzo. Ferrández no niega la veracidad de las anteriores cintas y se limita a recriminarle su difusión: "Has acabado políticamente conmigo".

El escándalo ha obligado al alcalde de Orihuela a suspender la contrata y pedir informes externos. En contra de la adjudicación a Urbaser también está el secretario del Ayuntamiento, Alfonso Ramón Martínez Franco, incluido en la denuncia del fiscal por adjudicar a dedo trabajos de PGOU a un familiar.