España entabla en La Habana un diálogo sobre el respeto a los derechos humanos

El Gobierno español estrenó ayer en La Habana un inédito mecanismo de diálogo sobre derechos humanos que es parte esencial de su estrategia política de acercamiento a Cuba, en contraposición con la línea de presión que promueve Washington. La reunión, que ha provocado tanto interés como escepticismo en el seno de la Unión Europea y en medios de la disidencia, tiene como punto clave y más conflictivo el de los presos políticos, y más específicamente la situación de los 59 opositores miembros del Grupo de los 75 que todavía permanecen encarcelados.

El Gobierno cubano no acepta que en la isla existan prisioneros políticos -según fuentes de la disidencia, su número asciende a 250-. Para La Habana, todos sin excepción son "mercenarios" al servicio de EE UU y ninguno fue encarcelado por su oposición al régimen. Al anunciarse en abril la creación del mecanismo bilateral de consultas políticas y diálogo sobre derechos humanos, durante el viaje del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, su homólogo cubano, Felipe Pérez Roque, fue tajante y excluyó el tema de los presos de la agenda bilateral.

Sin embargo, Madrid se ciñe a la letra del acuerdo, que establece que "ninguna cuestión queda excluida a priori de este proceso de consultas y diálogo", por lo que asegura que todos los "temas de interés" se abordaran durante las conversaciones. La delegación española está encabezada por el director general de Política Exterior, Rafael Dezcállar, y la cubana, por el viceministro de Asuntos Multilaterales, Abelardo Moreno.

Las conversaciones, que se celebran en la sede de la cancillería cubana y concluyen hoy, están envueltas en la máxima discreción y se plantean como una primera toma de contacto: no se esperan grandes resultados más allá de la continuación del propio diálogo, y los diplomáticos más realistas consideran que ya sería algo positivo hablar con cierta normalidad de temas hasta ahora vetados por Cuba por considerarlos una intromisión en sus asuntos.

La agenda se ha mantenido en secreto, aunque son de sobra conocidos los intereses de España: los presos políticos -en especial, la situación de los miembros del Grupo de los 75, cuya liberación demanda la UE como requisito para cualquier acercamiento-; el acceso a las prisiones por parte de organizaciones independientes, como Cruz Roja Internacional; la pena de muerte; la mejora de la situación de los derechos civiles y políticos, y que Cuba firme algunos tratados de la ONU sobre derechos humanos.

El reto de la diplomacia española es cómo abordar estos temas sensibles sin que se rompa la baraja, e ir creando un clima de confianza que permita profundizar el diálogo en reuniones posteriores. Para España, el diálogo que ahora comienza es una apuesta política con riesgos. La estrategia de acercamiento de Zapatero es criticada por EE UU y vista con recelo por no pocos de sus socios comunitarios, que en junio deben revisar su política común hacia Cuba y decidir si mantienen en suspenso las sanciones de 2003.

Los diplomáticos europeos y los disidentes que critican la política española arguyen que en el pasado países como Canadá intentaron diálogos similares sobre derechos humanos y fracasaron. Y dicen que si no hay excarcelaciones de presos, no se puede avanzar con La Habana. Sin embargo, la diplomacia española sostiene que su iniciativa es coherente con los esfuerzos de abrir canales de diálogo con las autoridades para incrementar su presencia y peso en la isla de cara al futuro; pero para lograr resultados, dicen, hace falta tiempo. Ante la presión o hablar, el camino escogido es el diálogo, aunque el riesgo del fracaso esté presente.