Escasa incidencia de la primera huelga a Zapatero

La cuarta huelga de la función pública de la democracia comenzó en Cataluña y en Andalucía con un fundido a negro en las televisiones autonómicas, como en la huelga general de 1988 que paró España. Pero no hubo más similitudes. Aunque el recorte del 5% en los salarios de los funcionarios constituye la mayor afrenta de todas las que han provocado huelgas anteriores en España, el golpe de timón en las retribuciones de empleados públicos no movilizó lo suficiente para convertir en éxito la primera huelga contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la escasa incidencia registrada, la huelga fracasó en su intento de paralizar los servicios públicos del país, lo que pone en aprietos una futura convocatoria de una huelga general.

El Gobierno cifró el seguimiento en el 11,85% de los convocados

Las medidas de ajuste, avaladas ya por el Congreso, no tienen vuelta atrás

Un paro en la función pública sin que se detenga el transporte pierde impacto. Y eso es, entre otras cosas, lo que ocurrió ayer. Los autobuses, el metro y los trenes funcionaban con normalidad en la mayoría de ciudades, salvo los retrasos registrados en el AVE Madrid-Sevilla. Eso se tradujo en normalidad en las calles, excepto por donde discurrían las concentraciones. El paro, convocado por los tres sindicatos mayoritarios de la función pública (UGT, Comisiones Obreras y CSIF) bajo el lema Párate, no a los recortes salariales y sociales, tampoco recibió el apoyo de sindicatos gremiales, con gran presencia en sectores como la sanidad.

Solo un 11,85% de los funcionarios, según datos oficiales del Gobierno, secundaron la huelga. A esa cifra, referente solo para la Administración central, se sumaron las de las comunidades autónomas, con un tono muy similar. Por ministerios, el mayor seguimiento se produjo en el de Ciencia y Tecnología (21,87%) y, el menor, en Vivienda (2,6%). La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, insistió en que la cifra obedecía a "procedimientos objetivos de cálculo". Los sindicatos elevaron sus estimaciones al 75,3% de los convocados y criticaron a Rumí por los datos ofrecidos.

Los empleados públicos se enfrentaban a una difícil decisión. Contra el descontento que han podido acumular en apenas un mes, al saberse los principales afectados de las medidas de austeridad, jugaban dos aspectos que disuadían de acudir a la huelga. Por un lado, las posibilidades de que el Ejecutivo dé marcha atrás en su decisión de recortar los salarios son nulas. El decreto, ya refrendado en el Congreso, constituye la carta de presentación de España ante el mundo como garantía de que se reducirá el déficit público. Por otro lado, dejar de trabajar un día supone una merma salarial que se suma a la media del 5% ya aplicada en el mes de junio. Serían dos mazazos en un solo mes y con poco tiempo para encajarlos, pues tanto la rebaja de sueldo como la huelga se han producido en este periodo.

El aspecto económico explica que fueran más visibles las manifestaciones celebradas en las principales ciudades que la ausencia de funcionarios en sus puestos de trabajo. Algunos confesaron que no habían secundado el paro pero sí habían protestado en las calles.

La escasa acogida de la protesta de ayer pone en entredicho la amenaza de huelga general. Los sindicatos mayoritarios han afirmado por activa y por pasiva que, si la reforma laboral que el Gobierno piensa aprobar por decreto el próximo 16 de junio sale sin consenso y lesiona los derechos de los trabajadores, recurrirán a su herramienta más dura, la huelga general. Pero ayer los convocantes apenas aludieron al paro general y el líder de UGT, Cándido Méndez, negó que la jornada de ayer fuese "un ensayo de huelga general". Su homólogo en CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió, eso sí, de que la convocarán si hay una reforma laboral lesiva. "Que no quepa duda", proclamó en la manifestación de Madrid.

Antes de las protestas de la tarde, los sindicatos comenzaron calentando motores con una concentración frente al lugar que simboliza los planes de austeridad, el Ministerio de Economía. A las 11 de la mañana, los funcionarios se concentraron a las puertas, en la madrileña calle de Alcalá. "¡Que nos oiga la ministra!", jaleaban desde la tribuna a las cerca de 2.000 personas que se congregaron con banderas de CC OO, UGT, CSI-CSIF, USO y de la Confederación. Sus gritos competían con los de "Zapatero, dimisión".

Los convocantes estaban satisfechos con el seguimiento de la convocatoria. "Resultado positivo" fue la expresión que utilizaron los responsables de la función pública de CC OO y UGT, Enrique Fossoul y Enrique Lacuerda, respectivamente. Para el primero, el fundido a negro de Cataluña y Andalucía daba medida de que la convocatoria había tenido un impacto importante y criticó al Gobierno porque, dijo, "se ha dedicado a meter unas empresas y sacar a otras" del recorte salarial y eso, en su opinión, podía haber reducido bastante la participación.

El Gobierno expresó su "respeto" a los sindicatos, a los huelguistas y a los manifestantes.

¿Un éxito o un fracaso?