Disidentes de ETA salen de la cárcel para trabajar o estudiar

Dos presos con condenas por delitos de terrorismo, Iñaki Rekarte y Andoni Muñoz de Vivar, han accedido a un programa penitenciario personalizado que les permite salir de la cárcel cada día para trabajar o estudiar con la obligación de volver a prisión los fines de semana. Los reclusos, condenados a 203 y 67 años de cárcel, respectivamente, han podido alcanzar este régimen específico de prisión atenuada tras ser expulsados de ETA, condenar expresamente la violencia terrorista y comenzar a satisfacer las indemnizaciones a las víctimas de los crímenes que cometieron. El ex dirigente de la banda José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, también ha solicitado el paso a esa situación. Instituciones Penitenciarias está aún estudiando su petición.

Los internos han accedido a un régimen específico flexibilizado

José Luis Álvarez de Santacristina, 'Txelis' ha pedido acogerse a la misma fórmula

Ambos condenan la violencia y hacen frente a sus indemnizaciones

El juez concedió a Txelis un nuevo permiso la semana pasada

Rekarte y Muñoz de Vivar forman parte del grupo de presos disidentes que han dejado de cumplir sus condenas en cárceles alejadas del País Vasco y Navarra tras distanciarse de la organización terrorista. Instituciones Penitenciarias ordenó su traslado a la prisión de Nanclares de Oca (Álava), donde cumplen su pena en un "módulo de respeto", en terminología penitenciaria, junto a otros 17 reclusos que también se han desmarcado de la violencia. Conviven con otros presos comunes en un modelo implantado ya en 42 centros penitenciarios cuyo objetivo es que los internos se impliquen directamente en su propio proceso de resocialización. Los reclusos se encargan ellos mismos de la limpieza, del orden o de servir la comida y tienen comisiones de convivencia encargadas de resolver los conflictos.

Los presos de ETA de Nanclares de Oca están clasificados en segundo grado -el régimen ordinario-, que permite, si se cumplen ciertos requisitos, acceder a permisos. Para autorizar el régimen específico de Rekarte y Muñoz, con salidas diarias para trabajar o hacer cursos de formación, se les ha aplicado el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a Instituciones Penitenciarias flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la condena en casos en los que el interno va a seguir programas laborales, de formación o de tratamiento médico que no podrían llevarse a cabo dentro de la prisión. Es decir, se autorizan algunas condiciones del régimen abierto, siempre y cuando haya un pronóstico favorable de reinserción, a presos que no las tendrían según su clasificación penitenciaria. Los equipos técnicos de las prisiones son los que analizan la evolución de los reclusos e informan a favor de la concesión de esta medida. Su propuesta se eleva a la junta de tratamiento, la encargada de clasificar a los presos en primer, segundo o tercer grado y, en su caso, de informar a favor de la libertad condicional. Una vez aprobada la medida, la última palabra sobre su concesión la tiene la Dirección General del Instituciones Penitenciarias. La ley impone que se envíe al juez de vigilancia penitenciaria para que dé el visto bueno previo informe del fiscal.

La medida concedida a Rekarte y a Muñoz de Vivar ha sido instada por la junta de tratamiento de Nanclares de Oca -que destacó su alejamiento de la banda terrorista, su condena expresa de la violencia y su intención de satisfacer las indemnizaciones que le fueron impuestas-, concedida por Instituciones Penitenciarias y finalmente supervisada por el juez central de vigilancia penitenciara de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, con el informe favorable del Ministerio Fiscal.

José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, ex jefe del aparato político de ETA y condenado por ordenar el asesinato de Manuel Broseta y por su relación con el cobro del impuesto revolucionario, está aún esperando una respuesta a su petición. El ex dirigente de ETA -detenido en Francia en 1992- redactó una carta el pasado mes de octubre en la que reafirmaba su rechazo a la violencia y su ruptura con la banda terrorista -que le expulsó de sus filas hace más de una década, en 1998, después de que Txelis firmara una carta rechazando el asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco-. En febrero de 2008 fue formalmente excluido del colectivo de presos de ETA -al que, en realidad, él, junto con Kepa Pikabea, había renunciado a seguir perteneciendo meses antes-. Txelis dirigió también una carta en 2003 al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional en la que insistía en su condena a la violencia. Txelis está ya disfrutando de permisos concedidos por el magistrado, el último de ellos a finales de esta semana.

Previsiblemente, otros presos de la banda seguirán el camino emprendido por Rekarte, Muñoz y Álvarez Santacristina. Muchos de los presos superan los 50 años y necesitarían cursos de formación para una eventual reinserción en la sociedad. Entre los que aspiran a poder acceder a esta nueva situación en algún momento se encuentran históricos de la banda como Kepa Pikabea y Valentín Lasarte (en la prisión de Villabona), abiertamente críticos con ETA. En Nanclares de Oca está preso también Joseba Urrusolo Sistiaga -expulsado de la banda terrorista en 1994 por indisciplina y desvinculado del colectivo de presos desde 2008-, que en su último juicio en la Audiencia Nacional, celebrado el pasado 5 de julio, aseguró ante el tribunal que "la lucha armada tenía que haber terminado hace tiempo". El acceso a distintas fórmulas de beneficios penitenciarios ha sido una de las demandas planteadas por los disidentes de la banda durante los últimos meses. En mayo, ocho internos históricos de ETA hablaron por primera vez en una carta de la necesidad de reparar a las víctimas de la banda y animaron al colectivo de presos a intervenir activamente en el fin del terror.

En el escrito, firmado por Urrusolo, Carmen Gisasola, Pikabea, Rafael Caride, Andoni Alza, Koldo Carrasco, Fernando de Luis Astarloa y Josu García (presos en Nanclares) animan al resto de los internos de la banda a participar "en la reflexión política del proceso" y a acogerse a beneficios penitenciarios. "Aquí sigue siendo tema tabú el poder salir de permiso, el poder salir en tercer grado o en libertad condicional", señalaban, mientras criticaban que la cárcel siga siendo un frente de lucha dentro de la izquierda abertzale y pedían que se cambiara la mentalidad que "ha impedido que los presos podamos acogernos a algunos derechos que nos corresponden". Lamentaban también que para los presos de ETA solo hubiera dos opciones: pertenecer al colectivo de presos o el "abismo" que hay tras la ruptura, y que tiene "consecuencias" para ellos, sus familiares y su entorno. ETA impone a sus miembros en prisión una disciplina férrea. Les prohíbe pedir permisos, la evolución de grados penitenciarios o la libertad condicional, pagar indemnizaciones a las víctimas, tener abogados de su elección o trabajar o colaborar en las actividades de la prisión. Y les obliga a seguir todas sus pautas en materia de actos de protesta -encierros en las celdas, concentraciones en los patios...-. Quien conculca los mandamientos es castigado con la expulsión.

Tanto Iñaki Rekarte como Andoni Muñoz fueron expulsados del colectivo de presos el pasado mes de enero junto a Esteban Murillo y Jorge Uruñuela -presos en Nanclares- y Valentín Lasarte -en Villabona- por "haberse salido de la disciplina".

Iñaki Rekarte perteneció al comando Mugarri, desarticulado en 1992. Cumple una condena de 203 años por un atentado con coche bomba en Santander, el 19 de febrero de 1992, que costó la vida a tres personas. Desde su detención, ha pasado por las prisiones de El Puerto de Santa María I y Topas (Salamanca). Su proceso de acercamiento a Euskadi comenzó con el traslado, en noviembre de 2008, a la cárcel de Villabona (Asturias), donde comenzó a trabajar en el economato del centro y se dio de alta en la Seguridad Social. De ahí dio el salto a Nanclares de Oca, donde tiene un buen pronóstico de reinserción.

Andoni Muñoz de Vivar fue integrante del comando Lambroa hasta que fue desarticulado el 25 de octubre de 1994. Fue condenado a 67 años de cárcel por la colocación de tres artefactos explosivos. Lleva 16 años en prisión.

Fuentes cercanas a estos dos casos señalan que se está cumpliendo estrictamente la legalidad y con todos los requisitos establecidos para hacer flexible el segundo grado. Instituciones Penitenciarias ha declinado hacer declaración alguna sobre la situación de Rekarte y Muñoz y sobre la petición de Álvarez de Santacristina.