Carreras políticas ahogadas en el alcohol

Este lunes coincidirán previsiblemente en los juzgados movimientos importantes en dos causas en las que están implicados políticos que han dado positivo en pruebas de alcoholemia después de un accidente de circulación. La más reciente, la del dimitido vocal en la comisión de Seguridad Vial del Congreso y diputado popular, Ignacio Uriarte, cuya causa será remitida en breve al Supremo; arrojó una tasa de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (el límite legal está en 0,25 y es delito siempre a partir de 0,60).

También está citado en los juzgados, pero en este caso en Asturias, el alcalde socialista de Siero, Juan José Corrales, que fue arrestado hace dos semanas tras estampar su vehículo oficial contra una rotonda a las seis de la madrugada. Arrojó una tasa de 0,72 miligramos de alcohol, el triple de lo legalmente establecido.

Pero el suyo no es un caso aislado. En los últimos años, más de una veintena de altos cargos y representantes políticos se han visto implicados en sucesos similares: infracciones graves al volante, conducción temeraria y, sobre todo, tasas de alcoholemia muy altas, llegando a superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, es decir incurriendo en un delito castigado con hasta seis meses de cárcel.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico son enemigos de dar nombres, pero es raro toparse con algún policía que no tenga en su anecdotario experiencias con la clase política. "Hace poco [varios meses] detuvimos a una diputada de la Asamblea de Madrid que dio positivo", comenta uno de ellos en un control de alcoholemia en Madrid.

El asunto, cuando trasciende, no deja de ser embarazoso, porque representa un aprieto legal o administrativo, según la tasa, pero también moral. Sin embargo, muchos de estos pillados no han dudado en aferrarse al cargo, y en calificar el episodio "como un asunto de su vida privada", aunque cuando se ven acorralados muchos esgrimen el "¡usted no sabe con quién está hablando!".

Alcaldes, ex regidores, parlamentarios regionales, concejales, jefes de policía, senadores y diputados... El catálogo de pésimos ejemplos para los ciudadanos no es despreciable, e incumbe a prácticamente todas las formaciones políticas. Justificar sus actitudes arguyendo que le puede pasar a cualquiera es arrear machetazos contra el trabajo de concienciación realizado en España en los últimos años. El reproche social que despiertan da muestras de que una gran parte de los españoles apuesta por la tolerancia cero con el alcohol al volante, que tantas muertes y dolor provocan.

Éstos son algunos de los casos más graves de los últimos años:

» Un derrape muy caro. Al menos una decena de cargos públicos ha tenido que renunciar a su puesto debido a un pasaje relacionado con el alcohol y la conducción. Uno de ellos, el regidor de Trujillo y diputado provincial del PSOE, que protagonizó una persecución cuando circulaba en su coche oficial por las calles de la villa, con luces y sirenas incluidas, el 16 de abril de 2008. Alegó que creía que los agentes le estaban escoltando. Tuvo que pagar cerca de 3.000 euros, superar 40 jornadas de trabajos sociales y se quedó 18 meses sin carné. El etilómetro marcó 0,79. Al alcalde su imprudencia le costó el puesto que había ocupado 12 años. En Madrid, dos años antes, en la semana del 8 al 13 de mayo, dejaron su cargo por sucesos relacionados con el tráfico y la embriaguez dos importantes cargos del PP: el director de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Roberto Sanz Pinacho, y Jesús Aguilar, concejal de Empleo de Coslada.

» Jefe, sople aquí. Ser jefe de policía o responsable de seguridad vial y tener un accidente de tráfico bebido, es como pillar al jefe de Bomberos prendiendo fuego al monte. Pues eso le vino a pasar al jefe de la Policía Municipal de Badajoz. Miguel Sardiña tomó una rotonda en sentido contrario y chocó con otro vehículo, provocando lesiones a sus dos ocupantes. Pidió disculpas, pero se negó a dimitir. No obstante, fue suspendido de sus funciones días después. El jefe policial arrojó una tasa de 0,90, casi cuadriplicaba el límite. Ocurrió el 19 de enero de 2009. Por el mismo mal trago pasó el jefe de la Policía Local de Mataró el 15 de enero de 2008, cuando tras cometer una infracción, el etilómetro marcó 0,71. En su desesperación, tras ser parado, llamó incluso al jefe de la Guardia Urbana de Barcelona. Fue suspendido de empleo seis meses, y condenado a ocho meses sin permiso, una multa de 480 euros y 21 días de trabajos sociales.

» No sabe quién soy yo. Joan Antoni Pérez, teniente de alcalde de Esquerra Unida, en la localidad valenciana de Xirivella es uno de esos ejemplos que abundan de alto cargo que intenta usar su poder para escaquearse. Este edil fue aún más lejos, acabó condenado por desobediencia a la autoridad. El pasado 15 de septiembre, a las cuatro de la madrugada, circulaba por las calles de Valencia con las luces apagadas y se saltó dos semáforos. Cuando los agentes intentaron detenerle con señales luminosas se dio a la fuga. Según la sentencia, amenazó a los agentes y arrojó una tasa positiva en la prueba de alcoholemia. Pasó la noche en el calabozo desde donde profirió gritos como: "No sabéis lo que estáis haciendo, yo sí que soy la autoridad". Perdió cuatro puntos y tuvo que pagar de 450 euros. También el dimitido concejal del PP en Arganda (Madrid) tuvo que enfrentarse en los juzgados a una acusación de utilización de su cargo para intentar eludir el control de los agentes, a los que se enfrentó e insultó. Manuel Cercadillo iba dando bandazos cuando fue detenido cuadriplicando el límite legal de alcoholemia. Los agentes cruzaron el coche patrulla para detenerlo.

» Sin moverse del cargo. El concejal de Tráfico de Alcalá de Guadaíra, Manuel García Torres, cayó en el dispositivo que él mismo debía coordinar el último día de feria de la ciudad, el 7 de junio del año pasado. Arrojó una tasa de 0,51, se quedó sin carné una temporada, pagó una multa de 600 euros y perdió cuatro puntos. El copiloto era el alcalde, Antonio Gutiérrez Limoes. Mantuvo el cargo. Igual que el concejal del PP en Valverde del Camino (Huelva), José Domingo Doblado, que el pasado abril, fue multado por no respetar un semáforo, conducción temeraria, por circular ebrio y con el permiso caducado. Perdió todos los puntos. "Forma parte de mi vida privada, nada más", declaró. Pero sin duda uno de los casos más graves es el de Francisco Amizián, concejal de Almería, que en marzo de 2005 se estampó contra tres coches aparcados. Al contrario que en los dos casos anteriores, este edil sí fue condenado, ya que arrojó una tasa de 0,72. Lejos de influir negativamente en su vida política, Amizián fue ascendido a concejal de Obras.

» Crisis de gobierno. En la localidad alicantina de Bocairent el accidente del alcalde provocó un terremoto político. En noviembre de 2004, Dimas González estrella su vehículo oficial (sin víctimas) y, según la sentencia que le condenó a un año de suspensión del permiso de conducir y al pago de una multa de 1.080 euros, arrojó una tasa de 0,84. Tras el siniestro la coalición que gobernaba en minoría, PSPV, el Bloc y EU, intenta que abandone el cargo, pero éste, muy al contrario, en marzo de 2005, facilita con su abstención que el PP se haga con la alcaldía.

» ¿A favor o en contra?. El concejal popular de Juventud de Motril (Granada), Nicolás José Navarro, era conocido en la localidad por su lucha contra el botellón. Hasta el 6 de febrero de 2009, que pasó a ser conocido como el concejal pillado en un control de alcoholemia pasado de copas. Mantiene su cargo.

» Sus señorías. Javier Barrero, diputado socialista y secretario de la mesa del Congreso, se negó en 1997 a soplar en un control de alcoholemia. A raíz de esa negativa, el Tribunal Supremo dictó una sentencia (ya sin efecto por las posteriores reformas legales) en la que se señalaba que conducir bajo lo influencia de bebidas alcohólicas sólo se podía castigar penalmente cuando se "produce un indudable riesgo" y que negarse al test de alcohol era sólo una infracción administrativa. El senador popular Ángel Blanco sí fue condenado por circular con una tasa de 0,70 en 2004. Mantuvo su escaño hasta enero de 2008. El socialista Enrique Soldevilla renunció como candidato al Senado en 2008. Sobre él pesaba una suspensión del derecho al sufragio pasivo por un delito de conducción en estado de embriaguez.