Aragón y Castilla-La Mancha avisan al Gobierno de que no ceden en su reivindicación sobre el agua

Ni un paso atrás. Los Gobiernos socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha anunciaron ayer que no se arrugarán ante las presiones para eliminar sus referencias a las competencias sobre el Ebro y el Tajo que han incluido en sus reformas estatutarias. Murcia y la Comunidad Valenciana rechazan por "inconstitucionales" ambos estatutos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega terció ayer en la guerra del agua advirtiendo de que la política hidrológica deberá tratarse con "una perspectiva de Estado para dar satisfacción a ciudadanos y territorios". El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, confía en "convencer a sus compañeros de partido de otras regiones una vez hecho lo fundamental: convencer al PP".

La negociación en torno a los estatutos de Aragón y Castilla-La Mancha se prevé dura y difícil en las Cortes Generales. El estatuto aragonés está a punto de entrar en periodo de enmiendas una vez que el Congreso de los Diputados aprobó su toma en consideración por unanimidad, después de que PSOE y PP alcanzaran el acuerdo en las Cortes de esa comunidad autónoma. El castellano-manchego ha sido aprobado en el pleno de las Cortes de la región, con el apoyo de los dos partidos, PP y PSOE, y el lunes comienza el trabajo en comisión.

La aspiración de los castellano-manchegos es que su estatuto llegue al Congreso antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2007. Ambos estatutos gozan del beneplácito general de las planas nacional y federal de los dos partidos y también del Gobierno de la nación. Ahora bien, algunos aspectos relativos a las competencias sobre el agua son rechazados por los socialistas y los populares de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia y también de la dirección del PSOE y del sector del Gobierno concernido en la materia. Pero en la dirección del PSOE, y también en el Gobierno, se quita dramatismo y se apela al diálogo y a la negociación para llegar a un acuerdo, como ya se ha hecho con los estatutos de Valencia, Cataluña y Andalucía.

"Con uñas y dientes"

Lo cierto es que Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, y José María Barreda, presidente castellano-manchego, se han "conjurado" para defender sus respectivos estatutos sin modificaciones en Madrid. Ambos conversaron ayer por teléfono para lamentar las objeciones que se ponen a los textos aprobados por sus Parlamentos. Iglesias aseguró que Aragón "no va a volver a la segunda división autonómica", por lo que defenderá "con uñas y dientes" el texto aprobado. Las competencias sobre el agua han sido aprobadas en otros estatutos de autonomía, por ejemplo el catalán, el valenciano y el andaluz, con el apoyo del Congreso y del Senado. "El estatuto que plantea Aragón en materia de agua respeta absolutamente la Constitución". Los estatutos ya aprobados han sufrido serias modificaciones a su paso por el Congreso y el Senado. Tanto el catalán como el andaluz han variado en más de un centenar de artículos.

Los políticos que ayer tomaron la palabra para hablar de este asunto tiraron por elevación para defender o denostar al completo toda la regulación que sobre el agua hacen los dos estatutos citados. Ahora bien, las objeciones se refirieron sólo a un aspecto de cada uno. Sobre Aragón se rechaza el establecimiento de una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos. En el de Castilla-La Mancha se fija el año 2015 como fecha de caducidad para el trasvase del Tajo-Segura.

Barreda, presidente castellano-manchego, sí se refirió explícitamente al asunto que le separa de sus compañeros socialistas de Valencia y Murcia y de un sector del Gobierno. "Por nuestra parte hay mucha generosidad; hablamos del fin del trasvase para 2015, no es precisamente un plazo corto, cuando ya se hayan puesto en marcha otras alternativas y cuando ya llevamos 28 años trasvasando agua". Barreda consideró que si ha conseguido "lo más importante", que es el consenso con el PP, seguro que conseguirá "convencer a los compañeros socialistas de otras regiones y a la dirección federal".

Él tampoco ha estado de acuerdo con lo aprobado en un artículo del Estatuto valenciano que recoge la potestad de los valencianos de recibir "aguas excedentarias" cuando lo necesiten. Su protesta no es retórica, ya que lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, valencianos y murcianos salieron ayer a la palestra para pedir al Gobierno, y en concreto a su presidente, que "impida que se aprueben estatutos inconstitucionales".

Y el Gobierno hará lo que pueda para que la guerra del agua quede en escaramuza. La vicepresidenta De la Vega, primero, pidió que la política del agua se aborde desde "una perspectiva de Estado" para que satisfaga "la voluntad territorial y la nacional". Para evitar susceptibilidades, añadió que corresponderá al Parlamento la última palabra, y entonces, el Gobierno "no tomará más decisión que la de las Cortes Generales". Hablaba sobre Aragón y lo mismo hará sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que "se acordará y se negociará, como se ha hecho con otros estatutos". De manera discreta, cuando no secreta, los socialistas tratarán de pactar entre ellos las modificaciones oportunas como se ha hecho en los estatutos ya aprobados. Ahora mismo en esa fase de negociación sin publicidad se encuentra el Estatuto de Baleares. Todo apunta a que será difícil, sobre todo, por estar a siete meses de las elecciones autonómicas. Pero antes de esa negociación vendrá otra para alcanzar un acuerdo sobre las líneas generales de la política del agua en España, que se llevará a la Conferencia de Presidentes del próximo mes de diciembre.