Amnistía a los franquistas

Estamos dispuestos a pulverizar nuestros logros cualesquiera que sean, parecemos imbuidos del entusiasmo por el desastre, vamos encaminados hacia el triunfalismo de la catástrofe, que el fatalismo considera inscrito en el ADN de nuestra historia. Incapaces de concedernos la más mínima tregua para asimilar éxito alguno, después de haber servido de modelo a tantas otras transiciones de países europeos y americanos, ahora, agarrados a las vicisitudes que afectan al juez campeador Baltasar Garzón, se diría que por fin nos mostramos todos decididos a abominar de aquel periodo en el que los españoles decidimos reconciliarnos. Lo hicimos contra todo pronóstico y para desdicha de los hispanistas, dispuestos a narrar de nuevo nuestras desventuras guerracivilistas y obtener así valiosos méritos académicos y lucrativos éxitos editoriales.

Dar digna sepultura a víctimas de los alzados en 1936 es un deber pendiente

La salud de Franco entraba en barrena. Pero aún con fuerzas para dar el enterado a los cinco fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, uno de sus últimos actos conscientes. Revalidaba así el prestigio del terror que había sido cimiento y referencia de aquel régimen. Era también en el ámbito personal el regreso a los orígenes, la recuperación del arte de fusilar, que ensayó por vez primera en la Legión, al ejecutar a uno de los que instruía en 1920. Expertos de diferente extracción pensaban, conforme a la inercia de tantos desatinos, que se desatarían nuestras pasiones mediterráneas, que prevalecería nuestra exasperación unamuniana y brindaríamos un nuevo espectáculo de enfrentamiento cainita. Pero los españoles dimos la sorpresa y adoptamos el comportamiento frío propio de los ribereños del Báltico. Optamos por el discurso del método, convencidos de que el procedimiento prejuzga el resultado.

El bando franquista ya se había escindido como reacción a lo sucedido en Portugal con la caída del salazarismo. Cundió el espíritu de concordia, quienes sostenían posiciones políticas antagónicas hicieron esfuerzos permanentes para ponerse en los zapatos de sus adversarios y así se hizo posible la primera convocatoria de elecciones generales con todos los partidos y sindicatos dentro de la Ley y se formaron las Cámaras que aprobaron la amnistía de "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976" (Ley 46/1977 de 15 de octubre). Una amnistía que extendía y completaba las medidas anticipadas en dos Reales Decretos Leyes de 30 de julio de 1976 y de 14 de marzo de 1977 y que ahora se pretende invalidar como si hubiera sido consecuencia de imposiciones de unos sobre otros. Sucede que la reconciliación ya la planteó el Partido Comunista en 1956 y que la amnistía era el estribillo de todas las demandas políticas a partir de esa fecha.

Recuerdo una ocasión del pretérito imperfecto, cuando en 1968 el entonces secretario general de los Sindicatos Verticales, Rodolfo Martín Villa, presentó en Mayte Comedero la nueva Ley Sindical. Los periodistas echaban a faltar una amnistía rehabilitadora de todos los enlaces sindicales electos que habían sido desposeídos de sus cargos por aplicación de un decreto despótico de 1942. Martín Villa reiteraba al responderles su preferencia por mantenerse abierto en la ley y conservador en las personas. Un buen amigo, al que le correspondió intervenir casi al final, quiso tranquilizar a todos y anticipó que "la primera medida del postfranquismo sería una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas". Entonces, algunos fornidos "procuradores sindicales" se levantaron dispuestos a la agresión. Recuperada la calma, Martín Villa sentenció: es muy duro que os invitemos a cenar para que nos perdonéis la vida. Ese mismo amigo considera que sus procesamientos ante el Tribunal de Orden Público en 1967 y ante los Tribunales Militares, confirman que estuvo donde debía en defensa de las libertades. Para nada quiere su anulación.

Deseemos ahora al Juez Campeador que le vaya bien y que tenga un juicio justo con todos los elementos precisos para articular su legítima defensa en las mejores condiciones. Pero evitemos la confusión y reconozcamos, por ejemplo, que dar digna sepultura a quienes fueron víctimas de la violencia de los alzados en el 36 es un deber pendiente, que todos hemos de honrar con independencia de que Garzón desistiera en su día de proseguirlo.