4,8 millones de fianza para 16 de los imputados en los ERE

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha decidido que los 16 imputados a los que ya se ha tomado declaración presenten fianzas para hacer frente a las futuras responsabilidades pecuniarias por el cobro irregular de las ayudas. De momento, impone fianzas por un importe total de 4.797.562,63 euros.

La mayor es para Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante sevillano Río Grande. La juez le pide 1,99 millones porque, según Alaya, su responsabilidad es mayor que la del resto de intrusos que presuntamente se lucraron al ser incluidos en los ERE. Según la magistrada, gracias a su "condición de empresaria", supuestamente logró beneficiarse ella y ayudó a que otros se lucraran incluyéndolos en el ERE de su empresa.

Alaya anuncia que las fianzas serán mayores para los cargos públicos

Alaya, en un auto fechado el 30 de noviembre, se refiere uno a uno a los 16 imputados y detalla el dinero que percibieron ilícitamente. A la cantidad percibida, la juez le suma un 30% para fijar la fianza. Las cantidades son mayores que las que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado 17 de noviembre. El ministerio público reclamaba para 14 de los intrusos un total de 2,85 millones.

Alaya hace en su auto un pequeño resumen del caso para justificar la imposición de las fianzas. Señala que, a través de ellas, busca la devolución de las "ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta de Andalucía y con la intermediación de distintos personajes (...) y todo ello para favorecer a amigos, familiares y, en definitiva, círculos próximos al PSOE". La magistrada también alerta de que, de momento, está en la base de esta trama. Avisa de que, "a medida que la instrucción avance" y se tome declaración a "actores de posiciones más relevantes" -Alaya ha imputado ya a un exconsejero de Empleo de la Junta y a un ex director general de Trabajo- las medidas cautelares serán mayores. El objetivo es que se consiga reintegrar "la mayor parte de las enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control alguno por la Administración autonómica".

En otro auto también notificado ayer, la juez vuelve a señalar a José Antonio Griñán, presidente de la Junta y exconsejero de Economía. Alaya reclama a la Junta que en 10 días le envíe los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda -fecha en la que el responsable del departamento era Griñán- sobre modificaciones presupuestarias para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno para "dotar de la tesorería" necesaria al organismo público de la Junta, la agencia Idea, que se encargaba de tramitar las ayudas del fondo para los ERE.