Reuniones secretas de las 'telecos'

El lunes de la semana pasada, 11 de julio, se reunieron en Venecia los presidentes de los cinco principales grupos de telecomunicaciones de Europa: César Alierta (Telefónica), Vittorio Colao (Vodafone), Stéphane Richard (France Télecom), René Obermans (Deustche Telekom) y Franco Bernabé (Telecom Italia). No era la primera reunión que mantenían. Desde hace algún tiempo lo vienen haciendo en secreto en distintos lugares sin una periodicidad fija y con conocimiento de la comisaria de la Agenda Digital, Neelie Kroes, a la que cuentan lo que allí tratan y deciden para evitar que les acusen de oligopolio.

El objetivo de estas reuniones es hablar del horizonte del sector y de los problemas con los que se enfrentan. Pese a que las cinco grandes operadoras europeas tienen estructuras diferentes (plantilla, implantación y funcionamiento) y compiten a muerte por ganar mercados y clientes, el hecho de que entablen estos encuentros demuestra que tienen puntos en común que les lleva a programar propuestas conjuntas. Quizá el que ahora tiene prioridad, y así se trató en Venecia, es el uso de la red por los proveedores de servicios y contenidos de Internet, como

Google, Apple, Youtube..., del que los líderes telefónicos se vienen quejando porque no pagan, mientras sus compañías tienen que invertir.

Este asunto entronca con los desvelos de la comisaria. Kroes ha pedido que inviertan, sobre todo en nueva generación, para poder universalizar más el servicio y facilitar el acceso a la alta definición; pero se encuentra con que las empresas le reclaman el derecho a establecer tarifas en función del volumen de tráfico que los usuarios hacen circular por sus redes. La solución se ha dilatado y pasa el tiempo. Probablemente tiene algo que ver la atomización del sector en Europa, que genera problemas de escala que no tienen, por ejemplo, las compañías estadounidenses.

La polémica saltó en febrero de 2010, cuando Alierta advirtió en un foro universitario de la necesidad del sector de acometer una inversión multimillonaria en redes (la cifró en 150.000 millones de euros) para soportar el imparable incremento del tráfico de contenidos por Internet. El ejecutivo zaragozano aseguró que estaban obligados a buscar nuevas fórmulas para financiar esas infraestructuras, lo que abrió el debate sobre quién debe financiarlas, algo que no se había cuestionado hasta entonces, ante la evidencia de que las firmas de servicios de Internet utilizan la red sin pagar nada.

Las palabras del presidente de Telefónica fueron respaldadas por el de Vodafone y, posteriormente, por el resto, que, posiblemente a partir de aquel acontecimiento decidieron compartir sus preocupaciones e intereses en las citadas reuniones. Asimismo, desató numerosos comentarios a través de la red, contrarios a que cobren a las empresas de contenidos por el acceso.

Después de aquello, Google contestó que las operadoras recibirían lo invertido. De hecho, en febrero de este año parecieron enterrar el hacha de guerra durante la celebración del Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, en el que Alierta se mostró confiado de que este año se podía alcanzar un pacto para compartir las inversiones. Las principales empresas -también americanas y asiáticas- reclamaron allí el final de las barreras regulatorias que discriminan a las firmas de telecomunicaciones y benefician a las digitales, así como la creación de un sistema abierto y el reparto de los costes de la red.

El secretario de Estado de la Sociedad de la información, Juan Junquera, también ha entrado en la polémica. Según una intervención suya, la directiva europea determina que el regulador debe tener en cuenta el esfuerzo inversor de los operadores a la hora de imponer obligaciones para abrir sus redes a la competencia. Ante eso subrayó que es necesario crear un ámbito en el que las empresas se sientan "cómodas" para invertir, aunque reconoció que no todas juegan con las mismas reglas.

Para rematar, añadió que en Internet se está rompiendo "la democracia económica" y se están formando "oligopolios, generalmente estadounidenses, que giran en torno a los sistemas operativos, servicios y dispositivos" y es muy difícil que las autoridades de EE UU quieran cambiar las reglas de juego, "porque no les interesa".