Israel se interesó en diciembre por la seguridad de los siete querellados si salían del país

El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, se reunión el pasado día 7 de diciembre con el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para interesarse personalmente sobre la seguridad del ministro israelí Benjamín Ben-Eliezer, y seis mandos militares en caso de que saliesen de Israel debido a la querella interpuesta en su contra en España por el bombardeo del 22 de julio de 2002 en Gaza que costó la vida a 14 civiles, según fuentes de la Audiencia Nacional. Este jueves, Andreu admitió a trámite la querella y abrió una investigación para esclarecer los hechos denunciados por familiares de varios de los civiles palestinos asesinados.

En la cita, el juez Andreu trasladó a Schutz que no había nada contra los siete israelíes objeto de la investigación penal debido a que todavía no se había iniciado la investigación judicial porque aún no se había admitido a trámite la querella. El juez Andreu aprovechó la reunión para recordor al representante diplomático la comisión rogatoria enviada a Israel en agosto de 2008 para recoger información sobre una posible investigación de los hechos y que hasta ahora no había sido respondida. Este viernes, un día después de la admisión a trámite de la querella, el Gobierno de Israel ha comunicado al juez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que en los próximos días entregará documentación sobre la operación que con la vida del líder de Hamás Salah Shehadeh junto a 14 civiles palestinos, niños entre ellos, en la franja de Gaza. No obstante, personal de la embaja de Israel en España ha hecho llegar ya al juez una copia de la documentación (unos 400 folios) en inglés y hebreo.

Israel no puede recurrir

La prensa israelí se ha hecho este viernes extenso eco de la apertura de investigación en la Audiencia Nacional. A pesar de que algunos medios de comunicación apuntan al posible recurso de la decisión del juez, este extremo no es posible debido a que Israel no es parte en el proceso y además el auto no le ha sido notificado. El fiscal tiene tres días para recurrir en caso de que lo crea necesario.

En el auto de este jueves, el magistrado considera que los siete israelíes investigados podrían ser autores de un "delito contra la humanidad". Cree que con su supuesto propósito de cometer "el asesinato" de Shehadeh, el Ejército israelí "decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia" que, además de la muerte del dirigente de Hamás, produjo "la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés". Ben-Eliezer, entonces titular de Defensa, y el resto de imputados habrían conocido previamente "las consecuencias que tal acción podría conllevar", recuerda Andreu, que califica la operación militar de "claramente desproporcionada y excesiva". También avisa de que la acusación podría ser aún más grave "si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada".

El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, en línea con lo ya manifestado por el actual titular de Defensa , Ehud Barak, ha asegurado este viernes que juzgar a su país por su derecho a defenderse y no hacer lo mismo con los terroristas del movimiento palestino Hamás es situarse en "un mundo que perdió un poco la brújula", informa Efe. Schutz ha afirmado además que la querella tiene "motivos políticos" y persigue "deslegitimar la misma existencia de Israel".

Por otro lado, el responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha anunciado que la coalición se personará como acusación popular en la causa. Meyer ha puntualizado que intentarán que el juez Andreu amplíe su ainvestigación a los "hechos cometidos en el ataque a Gaza iniciado el pasado mes de diciembre".