Victoriano Ceballos: "Gallardón quería reventar el sistema de licencias y se lo cargó"

El antiguo jefe de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente Victoriano Ceballos, supuesto cerebro del caso Guateque, ha denunciado hoy que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "pretendía" con la operación que desarticuló hace un año la supuesta trama de corrupción de licencias en el Ayuntamiento de Madrid "reventar" el sistema de tramitación de licencias, que ahora será reformado para incorporar entidades certificantes privadas. "Gallardón quería eliminar el tradicional sistema de tramitación de licencias. No hay cohechos, ni gaitas. Se ha buscado una excusa para reventarlo. En el fondo, se buscaba terminar con el departamento de Evaluación Ambiental. Y al final, se lo cargó", ha dicho Ceballos en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Ceballos ha acudido a los juzgados a para declarar sobre su participación en la tramitación del expediente del bar de copas Moma, cerrado el 21 de noviembre por orden municipal al carecer de licencia de funcionamieto. El ex jefe de División de Impacto, que se encuentra en libertad provisional, ha criticado que el juez Santiago Torres, que investiga la corruptela municipal, haya sobredimensionado la trama, puesto que "lo normal" hubiera sido abrir expedientes disciplinarios a los presuntos funcionarios implicados, en vez de "enviarlos al Juzgado". Además, ha denunciado que, durante siete años, un sólo funcionario se haya tenido que encargar de los informes de más de 3.000 expedientes. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha dicho.

"La misión del departamento es hacer el informe medioambiental de los expedientes, con independencia de que se tramitaran por la Junta de Distrito o por Gerencia de Urbanismo", ha exigido el imputado, quien cree que el magistrado tendría que haber abierto piezas separadas, separando las supuestas anomalías detectadas en Medio Ambiente con las de Urbanismo y las Juntas de Distrito. "¿Qué tiene que ver Medio Ambiente con las licencias?", se ha preguntado. En cuanto a las supuestas órdenes que recibían para acelerar expedientes, ha insitido en que había "presiones" como "en cualquier trabajo", para criticar que el juez se niegue a averiguar quiénes estaban detrás de las llamadas en las que se ordenaban acelerar determinado trámites burocráticos. "No se les investiga porque son políticos", ha apostillado.

Presiones y llamadas

Tanto Ceballos como Joaquín Fernández de Castro han revelado al juez Torres que recibían "presiones" a través de "llamadas" que procedían del director general, del coordinador, del gerente, y de los concejales. Ceballos comparecía hoy ante el juez para explicar la tramitación de la licencia del Moma, en la que intervino en 2002 para firmar el paso de su expediente a la comisión de Medio Ambiente que debía de evaluar el informe de impacto ambiental. "No sé ni lo que es el Moma ni qué actividad tiene. No me acuerdo de este expediente", ha alegado ante la prensa. Al Moma se le investiga a raíz de una denuncia anónima presentada el 23 de diciembre de 2007. En el documento judicial, un particular aseguraba que en 2002 los socios del local pagaron 24.000 euros a la funcionaria de la Junta de San Blas, Sara López, y regalaron un Mercedes al entonces concejal de Chamberí para acelerar la obtención de la licencia solicitada en 2002.

Luis Miguel Ramasco, uno de los propietarios del Moma en 2002, ha negado ante el juez este extremo, siendo respaldado por el actual gerente del local y por otro de los socios. Los responsables del Moma se han declarado "víctimas" de la persecución contra los locales de ocio iniciada tras la muerte de Álvaro Ussía en la discoteca El Balcón de Rosales. "Somos unas víctimas de las irregularidades de El Balcón de Rosales. El 60% de los locales de Madrid está sin licencia", ha denunciado el gerente del local, quien ha hecho hincapié en que, con el cierre del local, "60 familias están ahora en la calle". Además, ha cifrado en 500.000 euros las pérdidas del local desde que está clausuado. Estas Navidades, el Moma tenía contratadas fiestas con Repsol, Telefónica e Iberdrola, entre otras empresas.

En los pasillos, Ramasco ha explicado que en 2002 solicitaron la licencia de funcionamiento como restaurante-espectáculos, pero se lo denegaron. Entonces, lo llevaron a los tribunales. Un juez de lo Contencioso-Administrativo les interpeló en una sentencia favorable a subsanar las deficiencias relativas al aforo para obtener la licencia. El Ayuntamiento recurrió en apelación, desestiando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las alegaciones presentadas por el Consistorio madrileña y condenándole al pago de las costas. En 2005, se solicitó la ejecución de la sentencia dictada por el TSJM y la Comisión de Medio Ambiente informó a los responsables del local que debían de pedir tres licencias de actividad para funcionar como cafetería, restaurante y sala de espectáculos. Por ahora, la sala cuenta con informes favorables de Medio Ambiente, Protección Civil y Sanidad. Una vez que cuente con el visto bueno del informe técnico, podrán obtener los permisos para conseguir la licencia de actividad. Entonces, podrán recurrir el cierre ordenado el 21 de noviembre por el Ayuntamiento.