Garzón declara como imputado en el Supremo por investigar el franquismo

El juez Baltasar Garzón comparecerá esta mañana "en calidad de imputado" en el Tribunal Supremo para ser interrogado sobre su investigación de los crímenes del franquismo, a instancias del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación del mismo talante Libertad e Identidad, que se querellaron contra el magistrado por un supuesto delito de prevaricación. El instructor designado por el Supremo, Luciano Varela, firmó ayer una providencia en la que cita a Garzón con apenas 24 horas de antelación para que comparezca a las 12.30 de esta mañana en la sede del alto tribunal.

El interrogatorio se celebrará previsiblemente en una antigua sala de la Audiencia Territorial, situada en la planta noble del Palacio de Justicia y emplazada junto a la Secretaría de Causas Especiales. La misma en la que fueron interrogados, a mediados de julio, los parlamentarios del PP Luis Bárcenas, y Jesús Merino, imputados en el caso Gürtel como consecuencia de las investigaciones de Garzón y por la que han pasado muchos otros imputados a instancias del juez de la Audiencia Nacional.

El portavoz del PSOE cree que debe valorarse su "decente" trayectoria

El magistrado estará asistido por su abogado defensor, Gonzalo Martínez Fresneda. La Fiscalía del Tribunal Supremo está representada por el fiscal de Sala Luis Navajas, quien en su momento se opuso a la admisión a trámite de la querella y apoyó el recurso de súplica de Garzón. Los querellantes actuarán bajo una misma dirección letrada, la del abogado Jaime Alonso, por imposición del alto tribunal.

De la diligencia de hoy no cabe esperar, en principio, medidas espectaculares. Los querellantes ya solicitaron en el mismo escrito de querella que Garzón fuera suspendido en sus funciones de magistrado, pero el Consejo del Poder Judicial sólo accede cuando lo solicita el fiscal o recae el procesamiento. La práctica en este tipo de asuntos es muy restringida ya que el Tribunal Supremo muy raramente admite querellas por prevaricación contra jueces, pero en el caso más conocido, el del magistrado Javier Gómez de Liaño, dicha medida sólo fue acordada cuando el juez fue procesado.

Las reacciones al encausamiento de Garzón siguieron sucediéndose ayer, después de que la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, integrada por presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas y magistrados y juristas de reconocido prestigio de 59 países tildase la medida de "interferencia injustificada" en las funciones judiciales de Garzón y expresase su deseo de que la causa sea "desestimada a la mayor brevedad".

Ayer, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en un durísimo comunicado, calificó de "tremendamente injusta y paradójica" la situación generada por el Tribunal Supremo. "Es incomprensible que tratar de buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos tan graves como las cometidas por la dictadura franquista pueda ser considerado como delito. Para las víctimas del franquismo es una humillación ver que el juez que trató de buscar a los miles de desaparecidos que permanecen en fosas comunes pueda ser condenado por ello".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, deseó ayer "lo mejor" al juez Baltasar Garzón, del que ha recordado que tiene una trayectoria "decente" y bien conocida, "que debe ponerse en valor" ante su declaración de hoy como imputado por el Supremo. "Personalmente le deseo lo mejor", manifestó Alonso en una rueda de prensa. Alonso es magistrado de profesión pero no pertenece al círculo cercano al juez imputado.

En cambio, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a la fórmula ritual de que Garzón "está sujeto a la ley" y debe comparecer "en las mismas condiciones de igualdad".