Los titulares de cuentas opacas en Suiza eluden el ultimátum de Hacienda

A pocos días de que expire el ultimátum de Hacienda a las fortunas españolas con dinero opaco en Suiza, los afectados parecen desoír la llamada a pagar sus deudas. La dirección de la Agencia Tributaria no tiene constancia de que los titulares de esas cuentas hayan decidido regularizar voluntariamente las cantidades que han eludido al fisco durante varios años. Fuentes conocedoras del caso explican que los asesores de esas grandes fortunas les están recomendando ignorar el pago voluntario que se les ha solicitado hasta el 30 de junio.

El director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, subrayó ayer en Onda Cero que el procedimiento empleado "en nada excluye las sanciones" y cifró en "miles de afectados" los titulares de cuentas opacas depositadas en la filial suiza del banco HSBC por un valor superior a 6.000 millones de euros. No obstante, un portavoz de esa filial aseguró que los españoles no suponen más del 10% de los 15.000 clientes afectados por el robo de datos que originó este caso. Es decir, unos 1.500 que mantienen cuentas en la entidad (a veces, más de una, lo que explica la cifra cercana a 3.000 que ha manejado estos días extraoficialmente el Gobierno). Entre ellos figuran grandes fortunas conocidas, aseguran fuentes que piden anonimato.

Francia conoció el caso en 2008, pero España no aclara cuándo recibió datos

El origen de este hallazgo se remonta varios años atrás. Entre finales de 2006 y principios de 2007, un empleado del área de seguridad del HSBC en Suiza se apoderó de los datos de 15.000 clientes. El trabajador siguió en la compañía hasta que se descubrió el robo, en diciembre de 2008. Entretanto intentó, sin éxito, vender esa jugosa información a diversos países. Finalmente la remitió en 2008 a las autoridades francesas, que enviaron a España los detalles de sus ciudadanos. Hacienda no aclara cuándo supo del supuesto fraude fiscal, pero solo en los últimos días se ha dirigido a los presuntos defraudadores.

Las cartas de requerimiento enviadas son "completamente anómalas", asegura Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. José María Mollinedo, del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, lamenta que se esté dedicando tiempo a los requerimientos en lugar de investigar el fraude millonario.

Los despachos de abogados de las fortunas afectadas esgrimen el origen ilícito de los datos (un robo) para aconsejar a sus clientes que esperen al proceso penal por delito fiscal. Si llega a iniciarse, los asesores creen que las pruebas pueden quedar anuladas, según fuentes del sindicato.