Los tiempos de Urdaci y "ce-ce-o-o"

La reforma laboral que intentó poner en marcha por vía de urgencia el Gobierno del PP en 2002, conocida como el decretazo, y que ahora ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, dio lugar a una huelga general en junio de 2002. Aquella huelga y sus consecuencias, fueron quizá el precedente de la movilización de la izquierda social que luego se acrecentaría con las manifestaciones por el vertido del Prestige, el No a la guerra pacifista contra la invasión de Irak y de las marchas exigiendo la verdad al Gobierno del PP tras los atentados del 11-M.

El decretazo buscaba reformar en el menor tiempo posible el sistema de protección por desempleo. El ya entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco, aseguraba que la ley pretendía "recortar las prestaciones y abaratar el despido".

Entre otros aspectos, la norma establecía que los límites en los que un parado estaba obligado a aceptar un empleo se fijaba en una distancia de 30 kilómetros y dos horas de desplazamiento.

"No ha habido huelga general"

La huelga general supuso la primera prueba de fuego para la credibilidad del Gobierno de Aznar. Aquel 20-J, el entonces ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, compareció en los medios para anunciar que la normalidad era la tónica general "a pesar de la actuación de algunos piquetes" y que en sectores clave no había huelga general. Esta versión fue refrendada a las pocas horas por el entonces secretario general del PP, Javier Arenas.

Los sindicatos CCOO y UGT cifraban el seguimiento de la huelga en un 84%, mientras el Gobierno popular rebajaba esa cifra al 14%. La versión del Gobierno fue la que reprodujo fielmente el Telediario de Televisión Española, entonces presentado por Alfredo Urdaci.

Información manipulada

La información ofrecida por Urdaci sobre el 20-J estaba manipulada, según sentenció la Audiencia Nacional en julio de 2003, en un fallo sin precedentes en la historia del periodismo en España.

El periodista leyó en los telediarios del 15 de octubre de 2003, por orden del tribunal, un texto en el que se informaba de dicha sentencia y también de que ésta se debía a la información parcial ofrecida el 20-J.

Ésta era la declaración: "La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CC OO (Urdaci leyó "ce-cé-o-ó") contra el Ente Público Radiotelevisión Española y Televisión Española, SA, por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la huelga general del pasado 20 de junio de 2002".

Relevo en Trabajo

La presión social contra el decretazo causó también una crisis de Gobierno. El entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dejó el cargo y Eduardo Zaplana tomó el relevo, quien en octubre de 2002 anunció la retirada de los puntos más conflictivos de la medida.