La liberalización del mercado del trigo no perjudicará al agricultor

La próxima liberalización del mercado del trigo que se ha comenzado a estudiar no supondrá el que el agricultor se quede desprotegido, como se ha querido hacer ver desde algunos sectores, ya que el Gobierno continuará manteniendo un precio de garantía al que se podrá ofertar el grano al Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), organismo que no desaparecerá. Por otro lado, cara a nuestra Incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE), se pretende dar un protagonismo, del que ahora carecen, a las organizaciones de agricultores en la comercialización de este producto.

En 1981 se sembraron de trigo 2.623.400 hectáreas y se obtuvo una producción de 3.356.100 toneladas, una de las más bajas del siglo. Teniendo en cuenta estos datos y el precio medio percibido por los agricultores el pasado año, que fue de 18,36 pesetas por kilo, el valor total de la producción de trigo en un año de mala cosecha, como el pasado, ascendió a 61.617 millones de pesetas, lo que da idea de la importancia de este cultivo para la economía agraria. Este año se han sembrado 2.514.000 hectáreas y se espera una producción de 4.481.333 toneladas.Esta importancia se ve acrecentada por el carácter social que tiene este cultivo en la mayor parte de las zonas productoras. Las más importantes son la cuenca del Duero, el Centro, Andalucía occidental y el Ebro. Salvo en Andalucía occidental y, en parte de La Mancha, los cultivadores de trigo pertenecen a lo que se ha dado en llamar explotación familiar o a pequeños y medianos propietarios.

Actualmente, el comercio del trigo en España está sujeto a la intervención del Estado. Esta situación se prolonga desde el año 1937 en que se estableció por medio de una ley el monopolio de compra por parte del Servicio Nacional de Cereales, del que es sucesor el actual Servicio Nacional de Productos Agrarios. Desde entonces, cada verano los agricultores entregan su cosecha en los almacenes de este organismo al precio fijado por el Gobierno.

Cara a la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, se hace necesario liberalizar el comercio de este cereal, básico en la alimentación de personas y animales, para adecuarlo a los reglamentos vigentes en la Comunidad. Por esta razón han comenzado los estudios previos para realizar una liberalización progresiva del mercado con el fin de evitar el control de este importante mercado por parte de las multinacionales europeas y norteamericanas, algunas de las cuales ya se han introducido en el mercado español.

Liberalización progresiva

Con este fin, en el acuerdo de fijación de precios para los productos agrarios sometidos a regulación de campaña en 1982-93 y actuaciones de apoyo al sector agrario, se incluyó la creación de un grupo de trabajo, constituido para estudiar el problema y elaborar el calendario definitivo. El grupo está compuesto por los representantes de las cinco organizaciones agrarias de ámbito nacional, representantes del Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios (FORPPA), del Servicio Nacional de Productos Agrarios, los ministerios económicos, los comerciantes de cereales, los ganaderos y los fabricantes de piensos.Durante el pasado mes de julio se ha elaborado un calendario para acometer la liberalización del mercado del trigo de forma progresiva. De acuerdo con el mismo, la primera fase se llevará a cabo en la campaña 1982-83, en la que todavía seguiría vigente la normativa de 1937, que garantiza el monopolio de compra al SENPA. El objetivo a conseguir en esta campaña sería la potenciación de los contratos de compra-venta simultáneos que ya se vienen practicando desde hace algunos años entre productores y fabricantes de harinas, sobre todo en Andalucía. Hasta el momento, según datos del SENPA, se comercializa por medio de esta fórmula el 30% de la producción, y en la campaña 1982-83 se pretende alcanzar el 50%.

En esta primera etapa también quiere acometerse la nueva clasificación de los tipos y variedades de trigo, también en función de nuestra incorporación a la CEE. En este sentido el Servicio Nacional de Productos Agrarios ha elaborado ya un importante informe con las variedades recomendadas por zonas. Se pretende con ello solucionar uno de los más graves problemas del sector triguero español, como es el del empleo inadecuado de variedades.

El último de los puntos a realizar durante esta primera fase sería la elaboración de un amplio inventario de la red de almacenamiento existente con el fin de conocer la necesidades a corto, medio y largo plazo. En este inventario deben figurar tanto los almacenes públicos como los privados.

Durante la campaña 1983-84 las acciones cara a la liberalización tendrían un carácter mucho más radical, ya que se suprimiría el monopolio de compra por parte del SENPA. En lo que respecta a los precios de garantía, en esta segunda fase desaparecería la actual tipificación del grano, introduciendo las correspondientes modificaciones y deducciones por calidad y primas de almacenamiento, según el sistema aplicado actualmente en la CEE.

Tras la campaña 1983-84, el documento elaborado por el grupo de trabajo establece una tercera fase, que sería la etapa final del proceso, aunque todo depende de como haya evolucionado nuestro proceso de adhesión a la Comunidad Económica Europea. En este período se iría hacia la supresión del comercio de Estado, adaptando el comercio exterior al sistema más flexible existente en la CEE, mientras que el período de compra en régimen de garantía sería solamente de los meses de junio a septiembre.

Con todo, los problemas más importantes a resolver a corto plazo serán el destino que se dé a los 860 silos propiedad del SENPA y la fecha en que. se suprimirá la entrega obligatoria del grano en los almacenes de este organismo. La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) considera positivo el que se comience a estudiar el tema y solicitará un mayor protagonismo del sector productor en el proceso de comercialización. También pedirá que se potencien los contratos de compra-venta simultánea y los depósitos reversibles. Respecto a los almacenes del SENPA, defenderá la titularidad pública o de los agricultores y se opondrá a que pasen a manos privadas.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) es partidaria de la propiedad estatal de la red de silos y de la puesta en práctica de convenios de almacenamiento y la creación de redes de silos por parte de los agricultores, dando prioridad a los de carácter cooperativo. El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) ha solicitado que se cree una comisión intersectorial, en la que no deben estar los ganaderos, que agrupe a todos los sectores directamente interesados en el mercado del trigo. También solicitarán que se fomenten las cooperativas para evitar que el comercio de este cereal caiga en manos de las multinacionales.