Diez días para cambiar el futuro

Dentro de 10 días se reúnen los líderes de la Unión Europea (UE) para concretar su gobierno económico. Esta cumbre marcará un antes y un después, ya que pocas de ellas han tenido un contenido tan decisivo para el futuro. La primera paradoja es que, como siempre ha ocurrido en la UE, los resultados han venido determinados por una crisis, en este caso tan brutal como la de la deuda soberana, que ha puesto en duda la unión monetaria alrededor del euro. De nuevo, la UE ha hecho virtud de la necesidad.

En esa cumbre se habrá de consolidar lo acordado hace unos días en la reunión de los 17 países del Eurogrupo: a cambio de ampliar y flexibilizar el mecanismo de ayuda a los países en dificultades (440.000 millones de euros de disposición efectiva, que se podrán utilizar en comprar directamente deuda de los países afectados por la especulación sin que tengan que pagar tipos de interés desorbitados) se establece con carácter estructural una política económica, denominada Pacto por el Euro, que contempla, una vinculación de los salarios con la productividad, mayor control del déficit, un aumento de la edad de jubilación, planes de recapitalización de los bancos con dificultades, y la disminución progresiva y anual de la deuda pública.

España se compromete a más ajustes del déficit público y de la negociación colectiva

Aunque matizada por la intervención de las autoridades, esta política supone un aval de las posiciones más duras (de rigor salarial, ajuste presupuestario, saneamiento financiero, condiciones de trabajo,...) de la señora Merkel, con grandes dificultades en su país para convencer a los alemanes de que tienen que poner más dinero para apoyar a los países periféricos para salir de sus problemas económicos.

La segunda paradoja la reflejaba el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, cuando declaraba en Le Monde que las mayores dificultades en materia de reestructuración bancaria se encuentran en el país que exige con fuerza a sus socios europeos que emprendan lo más rápidamente importantes reformas.

España salió de la cumbre del Eurogrupo con más deberes a corto plazo que cumplir. Nunca como ahora se ha manifestado con tanta crudeza la falta de autonomía de su política económica nacional. Dado por hecho -lo cual es muy generoso- que ha puesto en marcha la reforma laboral, la de las pensiones públicas y la del sistema financiero, Zapatero se va a confrontar, de manera inmediata, con dos nuevos problemas: hacer más rígida la Ley de Estabilidad Presupuestaria (lo que afectará sobre todo a las comunidades autónomas, con nuevas cláusulas antidéficit) y cambiar las normas de la negociación colectiva para hacer más explícita la vinculación entre salarios y productividad, limitar el nivel de centralización de los procesos de negociación y los mecanismos de indexación de los sueldos, lo cual significa el aplauso de la patronal y la enemiga de los sindicatos.

El presidente declaró que anunciará estas nuevas reformas en la cumbre europea de los próximos días 24 y 25, lo que significa que no habrá prórroga en las negociaciones entre los agentes económicos y sociales (que teóricamente han de terminar el sábado) y que si no llegan a un acuerdo, determinará sus contenidos de forma ejecutiva. Además, dado que la agencia Moody's ha rebajado la calificación de España manifestando sus sospechas sobre el esfuerzo fiscal de las comunidades autónomas, es de prever otro foco de tensión con ellas. Para todo ello, ZP dispone de 10 días y un solo Consejo de Ministros ordinario en medio.

La tercera paradoja tiene que ver con los contenidos del gobierno económico. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad, pero un debate profundo sobre sus consecuencias para los ciudadanos. El expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que tanto ha batallado para que la Unión Europea no quedase en una mera unión monetaria, ha calificado el pacto anual sobre el crecimiento presentado por Durão Barroso como "el documento más reaccionario jamás producido por la Comisión". Y las medidas para reducir el paro en Europa, que afecta a 23 millones de personas, sencillamente han desaparecido del terreno de juego. Ni siquiera hay una alusión retórica al empleo como prioridad de la zona.

Hasta donde se conoce, el gobierno económico significa un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayoría. A ver cómo lo explican.