Las comunidades venden patrimonio por 3.000 millones para reducir déficit

El tijeretazo en el gasto presupuestario ha puesto patas arriba los servicios de algunas comunidades. Y aun así, en muchos casos ha resultado insuficiente para atajar el déficit público e ir drenando la voluminosa deuda, que en conjunto supera los 135.000 millones de euros. Por ello, la mayoría de autonomías ha optado por hacer caja mediante la venta de patrimonio y participaciones de empresas públicas. Si se cumplen los objetivos que se han impuesto en sus Presupuestos para 2012, las comunidades habrán vendido en dos años activos por más de 3.000 millones de euros.

A falta de que algunas comunidades presenten sus previsiones para el año que viene, entre ellas Castilla-La Mancha, Cataluña concentra más de un tercio de las ventas. El Gobierno de Artur Mas presupuestó ventas por 200 millones para 2011 y por 888,2 millones más en 2012, aunque estas cifras podrían ser más elevadas. De hecho, esa cantidad corresponde a la Administración de la Generalitat, pero en el conjunto del sector público catalán se proyecta vender activos por 1.897 millones. A Cataluña le siguen Andalucía (952 millones) y la Comunidad Valenciana (265,9 millones).

Andalucía sacó a la venta un paquete de edificios por 952 millones

Aragón quiere enajenar acciones de 45 de sus 103 sociedades

En plena crisis inmobiliaria, las comunidades han empezado por inundar con sus edificios un mercado que estaba seco. Andalucía sacó a la venta en julio 95 inmuebles para luego ocuparlos en régimen de alquiler, lo que en el sector se conoce como operaciones de sale & leaseback. Una parte de estos ya han sido enajenados a una sociedad pública dependiente de la Junta de Andalucía. Cataluña ha decidido buscar compradores privados para un lote de 26 inmuebles por el que solo ha recibido una oferta de los fondos Moor Park y Och-Fiff de 450 millones de euros.

Andalucía y Cataluña han sacado a la venta los mayores lotes, pero también la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un plan "de optimización" de su patrimonio por el que venderá solares y oficinas que en breve quedarán vacías y por los que espera ingresar 141,6 millones de euros, cuando para 2011 ya presupuestó 124,3 millones por la venta de patrimonio. La Comunidad de Madrid se desprenderá de terrenos por 68,2 millones, frente a los 53,7 millones de este año; Murcia trata de colocar edificios y amarres de su titularidad por 174,1 millones y Aragón quiere zafarse de edificios por 12 millones. Castilla-La Mancha y Asturias también han puesto el cartel de "se vende" a varios activos.

"No serán fáciles de colocar. Se considera a las Administraciones Públicas mejores inquilinas de lo que en realidad son. Para un inversor, se trata de un inquilino que te puede pagar tarde, al que no puedes echar y que, además, cuenta con una calificación de su deuda, en algunos casos, de bono basura. Y si en un futuro el inversor quiere realizar un proyecto en el inmueble, lo tendrá difícil porque la mayoría son para uso dotacional", tercia el consejero delegado de la consultora Irea, Mikel Echavarren.

Otra baza de la que echan mano algunas comunidades es el parque de vivienda pública, que pretenden vender a inversores. Así consta en los planes de reequilibrio financiero que presentaron Asturias, que con esa medida pretendía ingresar 102 millones, y Extremadura, que valoró sus pisos sociales en 96,6 millones. Cataluña y el País Vasco también han optado por esa vía.

Las comunidades son más pudorosas al explicar sus privatizaciones, aunque no por ello dejar de estar dentro de sus planes. Cataluña ya ha sacado a concurso la constructora que construye y tiene en cartera las escuelas públicas, pero en su catálogo está también la sociedad de aguas ATLL y la de infraestructuras Tabasa. En principio, se previó que ambas podían aportar 1.300 millones, pero la Generalitat baraja ahora desprenderse de ellas con algún tipo de concesión. "Estos procesos parten de una revisión de las empresas públicas. Algunas se fusionarán y otras se venderán o desaparecerán. También hay un proceso para optimizar el patrimonio, que puede pasar por la venta, pero también por racionalizar los alquileres", explica el directivo de PricewaterhouseCoopers, Patricio de Antonio.

Siguiendo el modelo de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha ha anunciado que introducirá la gestión privada en varios hospitales de titularidad pública, lo que Cataluña también está estudiando hacer a través de empresas mixtas con mayoría de capital público. El plan más amplio, no obstante, lo ha presentado Aragón, que prevé vender participaciones de 45 de sus 103 empresas públicas. En ese escaparate también están las televisiones públicas. Andalucía, por ejemplo, ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos la autorización para vender acciones de la Agencia Pública de Radio y Televisión por hasta 15 millones e inmuebles de la misma sociedad por hasta 20 millones.