Los bancos dieron hipotecas por 14 veces el valor de los pisos de Badia

Youssef Ajanif compró en 2002 un piso en Badia del Vallès que no podía venderse por más de 6.600 euros, según decretaba la empresa pública de vivienda de la Generalitat, Adigsa. El propietario que se lo vendió le pidió por él 92.500 euros, un precio 14 veces superior al permitido. Y la entonces Caixa Catalunya le concedió un crédito hipotecario por esta suma, que era en realidad el supuesto valor (ilegal) que tendría el piso en el mercado libre, según la tasación que efectuó la firma de valoraciones Tinsa. El caso del marroquí Youssef ilustra la dimensión del fraude en la venta de cientos de viviendas protegidas de Badia del Vallès durante los años de la especulación inmobiliaria.

La documentación, a la que ha tenido acceso este diario, de varios de los compradores víctimas del engaño, mayoritariamente marroquíes, muestra claramente que los pisos se vendieron a precios de mercado libre: en todos los casos consultados existía un certificado de tasación en el que figuraba, por una parte, el valor máximo por el que se podía vender la vivienda protegida, y por otra, el valor que esta tendría en el mercado libre. Aunque los precios de las viviendas de Badia no se liberalizarán hasta el año 2026, los propietarios que las vendieron irregularmente se regían por la valoración que hacía el tasador del piso en el supuesto de que se vendiera en el mercado libro. Los vendedores contaban con la complicidad de los bancos, que daban créditos hipotecarios a los compradores por el valor inflado, sin pedirles siquiera la garantía de un avalador solvente. Así le ocurrió a Abdelhadi Lematakham, que para la hipoteca que pidió a Caixa Catalunya fue avalado por su esposa, que no tenía empleo ni patrimonio. La vivienda que adquirió Lematakham en 2006 no podía venderse por más de 48.500 euros, y a pesar de que ante notario y ante Adigsa el vendedor declaraba que lo vendía por esta cantidad, a Lematakham le cobró 167.000 euros, una suma cuatro veces superior a la permitida y que se corresponde con la que fijó el tasador en la hipótesis de que la vivienda se vendiera en el mercado libre.

El fraude, que ha aflorado con la llegada de la crisis y que afecta al menos a 80 familias marroquíes que han quedado en el paro y sin poder pagar sus hipotecas, será llevado ante la Fiscalía Superior de Cataluña por la Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella de Badia, una de las dos agrupaciones vecinales que existen en el municipio.

"En la venta de estos pisos de cometieron irregularidades que claman al cielo. Nuestro deber es pedir que se depuren responsabilidades ante tales barbaridades", asegura Rafael Álvarez, secretario de esta agrupación vecinal.

La Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella -edificios en los que habitan muchas de las familias marroquíes afectadas por el fraude- presentará formalmente la próxima semana su solicitud ante la Fiscalía de Cataluña para que investigue los posibles delitos que se cometieron con estas ventas de pisos protegidos. Esta institución deberá decidir si abre diligencias y presenta denuncia si advierte indicios de delito, o bien si archiva el caso.

Entre la documentación que la asociación de vecinos aportará al fiscal figura una resolución de la Generalitat de 2006 por la que impone una sanción de 6.000 euros a la inmobiliaria Pomer Finques, SL, por "una falta muy grave" cometida con "la venta de una vivienda de protección oficial por un precio superior al legalmente autorizado". Para los vecinos de los Bloques Estrella, esta resolución es una prueba de que también las inmobiliarias participaron activamente en el fraude.

Pero quienes tuvieron un papel preponderante, según los vecinos, son los propietarios que vendieron los pisos. La asociación solicita a la fiscalía que investigue si además de "violar la limitación de precios que rige sobre las viviendas de Badia", todas ellas de protección oficial, "también han defraudado presuntamente a la hacienda pública" al cobrar en negro la diferencia entre el precio que hicieron constar en la escritura de compraventa, suma que correspondía a su valor legal, y el que realmente cobraron a los compradores.

En cuanto a las entidades bancarias, los vecinos creen que "aun a sabiendas de que un real decreto limitaba el precio de los pisos de Badia a la mitad del fijado para las viviendas de protección oficial de régimen general, les daban una valoración muy superior e intentaban encubrir su valor legal con hipotecas desmesuradas".

La entidad también cuestiona la legalidad del acuerdo al que han llegado la ahora denominada CatalunyaCaixa y la Generalitat, que gestiona los pisos de protección oficial a través de su organismo público de vivienda, Adigsa. El convenio establece que la entidad bancaria perdonará la deuda hipotecaria de las familias que han dejado de pagar las cuotas mensuales del crédito y, a cambio, se quedará con sus viviendas, aunque con su valor legal multiplicado por dos. Los vecinos consideran ilegal que una vivienda de protección oficial pase a manos de una entidad bancaria, cuando "los titulares de este tipo de pisos deben ser familias que los destinen a vivienda única y permanente y que acrediten que no sobrepasan un determinado nivel de renta". También dudan de la legalidad de la decisión de la Generalitat de duplicar el valor de las viviendas de Badia.

Según la Generalitat, la decisión, adoptada a principios de año, cuando afloraron los primeros casos de familias víctimas del fraude, permitirá que Badia "deje de ser una isla infravalorada" respecto a las poblaciones vecinas. Pero en opinión de los vecinos y las familias afectadas, la medida "solo favorece a los bancos, que no querían quedarse con unas viviendas que no valían nada, mientras que la deuda que perdonan a las familias afectadas es muy superior porque el valor de sus hipotecas lo es".

Las entidades que han denunciado el caso, entre ellas la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio Desc, han acusado a los notarios de haber permitido operaciones de compraventa de dudosa legalidad. El vicedecano del Colegio de Notarios de Cataluña, José Alberto Marín, negó ayer estas críticas. "El notario firma dos documentos distintos, el de compra-venta, en el que figura el precio legal, y el de la constitución de la hipoteca. El valor de esta puede sobrepasar al de la vivienda y no es de nuestra incumbencia el destino que el comprador dará al dinero de más que percibe con el crédito", afirmó Marín.