Los antecedentes del conflicto con los controladores

El conflicto con los controladores que ha provocado el caos este fin de semana de los aeropuertos en pleno puente arranca hace más de un año, cuando el Gobierno anunció que quería modificar sus condiciones laborales. El objetivo era el mismo que ha guiado muchas de las últimas actuaciones del Ejecutivo: ahorrar. El gestor aeroportuario AENA abrió la caja de los truenos al acusar a los controladores españoles, un colectivo que reúne a unos 2.500 profesionales, de cobrar más que sus colegas europeos con una media de 350.000 euros al año y anunciar la reorganización de su trabajo.

Tras este anuncio, realizado en diciembre de 2009, la falta de controladores causó el primero de una serie de "huelgas encubiertas", en palabras del Ministro de Fomento, José Blanco. El telón de fondo era la negociación del segundo convenio para el sector, que debía sustituir al de 1999, y que ha estado atascado durante meses. En paralelo, el Ejecutivo ha ido tomando decisiones y legislando ante la falta de avances y la sospecha de que un acuerdo iba a ser muy difícil.

Para superar el bloqueo y recuperar la iniciativa, el Gobierno aprobó en febrero un real decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que hasta entonces estaba en manos de los controladores. Además de abrir la puerta a la liberalización de las torres. La norma, que entre otras medidas pone fin a la posibilidad de los controladores de retirarse a los 52 años con el 100% de la pensión, dinamita las negociaciones. El colectivo denuncia que son medidas impuestas unilateralmente y que han dinamitado el convenio. Dos meses después, para añadir más leña al fuego, entra en vigor la nueva ley por la que el ente público puede determinar las condiciones laborales de los controladores civiles de tránsito aéreo, a los que rebaja los salarios.

Con la llegada del verano y la temporada turística, vuelven los problemas a los aeropuertos . Aunque el sindicato USCA insiste en que no han pactado aumentar el absentismo laboral como medida de presión, se suceden las alteraciones en el tráfico áereo, que obligan a las compañías a cancelar sus vuelos.

Llegan los militares

A principios de julio, Blanco anuncia que el Gobierno habilitará a controladores militares para que ocupen puestos de trabajo en los aeropuertos civiles. Pero, la norma que enciende definitivamente los ánimos de los controladores es el decreto que regula la jornada de los controladores, que se fija en 1.670 horas, más 80 extraordinarias. Con esta medida, el Ejecutivo pretendía limitar las horas extra, mucho más caras, para evitar casos puntuales en los que una persona podía llegar a cobrar 900.000 euros al año, según denunció Blanco. Pese al recorte, "seguirían cobrando tres veces más que un médico de La Paz, que un juez y dos veces y media lo que gana este ministro ", llegó a decir.

En respuesta a esta medida, el 98% de los controladores autorizan a su sindicato a convocar una huelga. Sin embargo, la fecha de la protesta no acaba de llegar y los trabajadores la mantienen oculta para seguir presionando al Gobierno. Sin embargo, quienes resultan más presionados son ellos y, ante los llamamientos de las empresas y el sector turístico y ante el riesgo de colapso aéreo en la temporada más importante del año, renuncian al paro.

Tras el amago de huelga, llega la calma. USCA y AENA firman un preacuerdo que acepta las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro. De hecho, a principios de septiembre, el colectivo y Fomento celebran la primera reunión para negociar el segundo convenio. Pero un mes después, abandonan las reuniones por incumplimiento de acuerdos.

De entonces hasta ahora se producen los problemas en el espacio aéreo de Galicia, incidencias que se extenderán durante el mes de diciembre al conjunto de España y que desembocarán en el caos de este fin de semana.