Trabajo busca una fórmula legal para imponer árbitros en los convenios

El Ministerio de Trabajo tiene un problema. Quiere que la mediación y el arbitraje se acabe imponiendo como fórmula para resolver los conflictos laborales tras la reforma de la negociación colectiva. Confiaba en el pacto entre patronal y sindicatos, pero esa posibilidad ha fracasado. Ahora tiene que legislar, pero tampoco esa parece la vía óptima. Los arbitrajes obligatorios en materia laboral son inconstitucionales. Así que Trabajo busca una fórmula jurídica que imponga su uso por la fuerza de los hechos sin que llegue a ser obligatorio legalmente, según explicó ayer el ministro del ramo, Valeriano Gómez.

Lo que quiere el Gobierno es "buscar un ámbito en el que muchas cosas derivadas de las relaciones laborales que ahora terminan en los juzgados de lo social encuentren un ámbito intermedio entre la mediación y el arbitraje", contó Gómez en unas jornadas sobre desempleo juvenil organizadas por el Consejo Económico y Social. Ahí estará la piedra de toque de la reforma. Por la extensión de este mecanismo y el uso que de él que hagan sindicatos y empresarios se medirá, en gran medida, el éxito o el fracaso de la reforma.

La reforma fijará máximos de 12 a 18 meses para renovar acuerdos colectivos

El límite para pactar medidas de flexibilidad interna será de 15 días

El recurso a un árbitro para resolver un conflicto y que su decisión sea vinculante solo es posible si previamente ha sido aceptado por los representantes de los trabajadores y los empresarios, bien en el convenio o bien por un acuerdo expreso (como ha sucedido con los controladores aéreos y AENA este mismo año). Trabajo confiaba en que el pacto comprometiera a sindicatos y patronales a impulsar esta figura en los convenios tras la reforma.

Pero no hay acuerdo. Y Trabajo busca alternativas jurídicas que soslayen la inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio. Una de ellas es fijar en la redacción de la ley como contenido mínimo de los convenios "algún mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial", explican fuentes del departamento. Al no especificar si este mecanismo es un arbitraje o una mediación, el ministerio cree que la reforma no chocaría con la Constitución ni con la sentencia de 1981 del Tribunal Constitucional que dictaba que los arbitrajes obligatorios son ilegales.

La pretensión de sindicatos y patronal durante las fracasadas negociaciones era impulsar el papel de los árbitros y mediadores a la hora de renovar convenios sobre los que no había acuerdo. Trabajo pretende darles más atribuciones y llevarlos también a la resolución de medidas de flexibilidad interna en las empresas.

Pero estas figuras no entrarían en escena inmediatamente. Lo harían cuando se consumieran los plazos de negociación establecidos. A este respecto, las mismas fuentes explican que Trabajo baraja fijar en la ley unos plazos para la renovación de convenios que oscilarían entre los 12 y los 18 meses que luego tendrían que concretar los negociadores en los convenios sectoriales; para las medidas de flexibilidad interna, el tiempo legal no iría más allá de 15 días.

Consciente de que es necesaria la implicación de los agentes sociales, Gómez instó a sindicatos y empresarios a retomar las conversaciones "a la vuelta del verano" para desarrollar cuestiones concretas sobre mediación y arbitraje. En esa línea apuntó Toni Ferrer, de UGT, en el mismo foro: "Hay aspectos que no se pueden trasladar en norma legal y requerirán acuerdo entre patronal y sindicatos". Paloma López, responsable de Empleo de CC OO, advirtió de que el arbitraje no debe ser obligatorio. Menos implicado se mostró el vicepresidente de la CEOE, Javier Ferrer, que señaló que el arbitraje se había desarrollado mucho en la fracasada ronda de negociaciones, por lo que no sería necesario volver a sentarse en la mesa.

A preguntas de los periodistas, Gómez aclaró definitivamente que el texto legal de reforma de los convenios que el Consejo de Ministros aprobará el viernes se mantendrá la prórroga indefinida y automática de los convenios no renovados que no cuenten con mecanismos de mediación y arbitraje.

También dejó claro el responsable de Trabajo que las medidas sobre mutuas y absentismo laboral alcanzadas durante la negociación no se llevarán a la reforma de pensiones, tal y como estaba previsto si se hubiera alcanzado un acuerdo. La demanda de la patronal de adelantar la revisión de la evolución del gasto en absentismo que abriera la puerta a una rebaja de las cotizaciones por accidentes tendrá que esperar a septiembre, tal y como contempla el calendario que marca el Acuerdo Social y Económico firmado el pasado febrero.

En lo que sí que han cambiado los planes del Gobierno es en el procedimiento escogido para tramitar la reforma de convenios. Gómez había anunciado en múltiples ocasiones que se tramitaría como un proyecto de ley. En cambio, en su comparecencia pública de ayer, el ministro pareció cambiar de opinión y solo aclaró que su intención era que estuviera en vigor en otoño. Fuentes del ministerio explicaban por la tarde que probablemente la reforma saldría del Consejo de Ministros como un decreto ley que en el Parlamento pasaría a tramitarse como un proyecto de ley.