Italia publicará las declaraciones de renta para luchar contra el fraude

El Gobierno italiano quiere compensar la retirada del impuesto a los ricos con una actuación más severa contra el fraude fiscal. Según anunció ayer el ministro de Finanzas, Giulio Tremonti, quien defraude impuestos por un valor de más de tres millones de euros irá a la cárcel, sin posibilidades de ver suspendida su pena. Además las páginas web de los Ayuntamientos podrán publicar datos relacionados con las declaraciones de la renta de sus habitantes, así como los bancos con los que trabajan. A cambio de esta colaboración, los Ayuntamientos podrán quedarse con los frutos de la recaudación extra hasta 2014.

Estos cambios rematan el plan de ajuste aprobado el pasado 12 de agosto, que el martes será votado en el Senado. Sacar pecho en la lucha contra la evasión es la única vía que el Ejecutivo de Silvio Berlusconi ha encontrado -tras días de titubeo y cambios de opinión- para mantener la promesa hecha al BCE de reducir la deuda pública en 2013, pero sin crear descontento entre sus socios de Gobierno. El plan persigue reducir el déficit desde el 4% hasta su desparición en dos años mediante un ajuste valorado en 45.000 millones de euros. Tremonti sabe bien cuáles son sus deberes, pero se encuentra entre dos fuegos: por un lado las presiones de los socios de la UE y, por otro, las discrepancias internas en la coalición de Gobierno.

Los Ayuntamientos podrán informar en sus web de datos de los contribuyentes

Los que dejen de pagar al fisco más de tres millones irán a la cárcel

Berlusconi no podía subir la presión fiscal, ya que se había comprometido públicamente con los italianos a no hacerlo nunca. Quedó así borrada la idea -contenida en el segundo plan de austeridad- de gravar con un 5% adicional a las rentas superiores a los 90.000 euros anuales y con el 10% a partir de 150.000. La así llamada "contribución de solidaridad" (es decir, los más ricos se sacrifican para el bien del país en dificultades) debía permitir al Estado ingresar 3.800 millones de euros.

La medida fue suspendida porque provocó rebeliones en el ala berlusconiana del Parlamento. Tampoco prosperó la idea de subir el IVA en un punto porcentual, que parecía una alternativa factible. El Ejecutivo tuvo que sudar la gota gorda para alcanzar igualmente los 45.000 millones de ajuste que deben situar a Italia a salvo de los especuladores.

"A cambio del impuesto solidario", especificó Tremonti, "hemos montado un sistema de normas anti-evasión de gran eficacia". En la declaración de la renta habrá que especificar, siguió el ministro, "en qué banco o entidad financiera se tiene la cuenta corriente. Pensamos que esto va a tener un efecto disuasorio".

Tremonti precisó que serán los Ayuntamientos quienes "tengan el rol de protagonistas en la guerra a la economía sumergida". Los Consejos tributarios de los municipios recibirán los datos de las oficinas de Hacienda y "van a controlar que todo sea regular", añadió. En Italia existen 8.000 ayuntamientos lo que permitirá, según Tremonti, la persecución del fraude. "En Italia hay muchos coches de lujo para lo que se declara", concluyó.

La Patronal (Confindustria) señaló que "ha pasado un mes de la advertencia del BCE y la reforma que se está perfilando entre mil dificultades aparece débil e inadecuada. Algunas nuevas medidas no se pueden evaluar y no garantizan alcanzar los ajustes necesarios".

Entre las medidas anunciadas ayer figura también la introducción de una llamada Robin Hood tax, un impuesto adicional que pagarán las empresas del sector energético. Con este nuevo tributo se pretende recaudar 1.800 millones de euros y paliar los recortes de ingresos para los entes locales, previstos en el plan de ajuste.