El Gobierno cede y da seis meses más a las cajas para que salgan a Bolsa

El Gobierno ha accedido a la petición de las cajas de ahorros de flexibilizar los plazos para cumplir con los nuevos requisitos de capital que serán de obligado cumplimiento a partir del 30 de septiembre. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, en la rueda posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto ley sobre la reforma del sistema financiero español, las cajas que vayan a convertirse en bancos tendrán hasta el primer trimestre de 2012 para salir a Bolsa, aunque antes deberán tomar decisiones "prácticamente irreversibles" que no les permita dar marcha atrás a esta operación. Entre ellas, ha citado el hecho de que exista un acuerdo de la junta, la aprobación de un calendario emisión o que ya se haya dado mandato a las entidades directoras que vayan a llevar a cabo la operación de oferta pública de venta.

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) considera "muy positivo" que el Real Decreto-Ley de Reforzamiento del sistema financierto no altere el nuevo modelo corporativo de cajas de ahorro y confía en que su publicación no y desarrollo contribuya a despejar las dudas generadas sobre el sector financiero, según exponen en un comunicado. La CECA añade que aunque la redacción final del texto no recoge todas sus aspiraciones comprenden el interés del Gobierno por conseguir una mayor transparencia hacia los mercados. Las cajas de ahorro aseguran que, aunque se hayan adelantado las condiciones de Basilea III para ellas y deban hacer un "especial" esfuerzo, continuarán colaborando con el Gobierno.

Además, Salgado ha adelantado el Banco de España podrá aprobar con carácter excepcional tres meses más de plazo a contar a partir de septiembre para aquellas entidades a las que le falta algún trámite administrativo pero estén cumpliendo "en lo esencial" la estrategia de recapitalización planteada ante la institución presidida por Miguel Fernández Ordóñez. Pese a aumentar los plazos, la vicepresidenta ha negado que esta decisión suponga una "relajación" respecto a los requisitos que anunció a finales de enero. "Los mercados saben que, en otoño, que acaba el 21 de diciembre, como mínimo, todas estarán sobre el 8% de capital principal".

En caso de no poder obtener los fondos necesarios para recapitalizarse por sus propios medios, las cajas podrán acudir al dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para lo que no hará falta que esperen a después de verano. No obstante, en este caso, solo tendrán tres meses para traspasar todo su negocio financiero a un banco y un mes para presentar su plan de recapitalización. En este caso, además, deberán presentar un plan en el que detallen un compromiso de reducción de costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo y sus objetivos de mantenimiento del crédito, entre los que Economía incluye "el aumento de financiación a las pymes".

El decreto, ha explicado la también ministra de Economía, obliga a las entidades a alcanzar un nivel de capital ponderado por sus activos de riesgo del 8%, salvo aquellas que tengan necesidades de financiación mayorista superiores a un 20% del total y que no tengan al menos el 20% de su capital entre terceros. Las que estén incluidas en este segundo grupo deberán llegar al 10%, lo que penaliza a la mayoría de cajas. Asimismo, en caso de que las próximas pruebas de solvencia que se van a realizar a la banca europea y cuyos resultados se conocerán en verano revelen que alguna entidad, pese a los nuevos requisitos, sigue teniendo necesidades adicionales, deberán alcanzar un nivel superior de capital.

Antes, el próximo 10 de marzo, el Banco de España publicará el nivel de capitalización de cada entidad de acuerdo con sus estados financieros de 2010. Quienes no lleguen a los nuevos mínimos, tendrá que presentar un plan con un calendario definido y un programa sobre la forma en que van a conseguir el capital que necesitan. Si llegado el 30 de septiembre siguen sin alcanzar los mínimos, el Banco de España y el FROB actuarán forzando, en el caso de las cajas, el traspaso de su negocio financiero a un banco y el Estado pasará a formar parte de sus accionistas. El supervisor también podrá obligar a restringir las remuneraciones de los gestores de las incumplidoras, hayan pedido ayuda al FROB o no. En un futuro, ha concretado Salgado, si su nivel de capital es inferior en un 20% o más a lo exigido, también podrán restringir el reparto de dividendos y la recompra de acciones.

Sobre si serán suficientes los fondos previstos en el FROB, la ministra ha asegurado que los 90.000 millones de los que está dotado está dotado -de los que se han utilizado ya se han prestado 12.000 millones a través de créditos- son más que suficientes. "Tiene capacidad financiera suficiente para inyectarles" los 20.000 millones que, como máximo, el Gobierno calcula que necesitarán. Si optan por acudir al fondo, ha añadido Salgado, las ayudas deben ser o devueltas o convertidas en acciones en 5 años, aunque durante el primer año, ampliable a dos de forma excepcional, se permitirá a las entidades recomprar sus títulos en condiciones de mercado sin necesidad de que media procedimiento competitivo, algo que no se había confirmado hasta hoy.

El Ejecutivo también ha aclarado otra de las incógnitas que pesaba sobre el decreto y que era qué iba a entender Economía por capital principal. "Exactamente, los términos que define Basilea III", ha afirmado Salgado en referencia a las nuevas reglas que regirán el sistema financiero internacional a partir de 2013. No obstante, ha concretado que, para calcularlo, se tendrán en cuenta las eventuales ayudas del FROB -algo que no se ha decidido todavía en Basilea III- y las obligaciones convertibles en acciones antes de 2014. Para facilitar la reestructuración, también se introducen cambios fiscales con el objetivo de garantizar la neutralidad de las operaciones societarias en el plano impositivo.

En el mismo sentido, se modifican los estatutos del FROB para que pueda adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades para el reforzamiento de sus recursos propios. Su precio se fijará conforme al valor económico de la entidad y con el visto bueno de expertos independientes. Al mismo tiempo, se modifica la composición de su comisión rectora, que quedará integrada por nueve miembros, dos en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, cuatro a propuesta del Banco de España y tres en representación de los Fondos de Garantía de Depósitos.

El objetivo del decreto ley, ha explicado la vicepresidenta, es "reforzar la solvencia de las entidades y la credibilidad" del sistema. Gracias a esta mayor confianza en el sector español, que también se ha visto lastrado por la crisis de deuda soberana, ha destacado que tendrán mayor capacidad de financiarse en los mercados y "favorecer la canalización del crédito" a empresas y familias. Además, Salgado ha adelantado que el Gobierno tiene los apoyos parlamentarios "suficientes" para sacar adelante la norma, aunque no ha querido concretar qué partidos han comprometido ya su respaldo al decreto.