La Generalitat vende su 25% en Al-pi a France Télécom y recupera la red

France Télécom y el Gobierno tripartito catalán cerrarán esta semana, según fuentes del sector, un acuerdo destinado a zanjar ocho años de continuas disputas sobre el futuro del operador de telecomunicaciones especializado en servicios a empresas Al-pi, fruto de la mayor privatización realizada en Cataluña, en tiempos de Convergència i Unió (CiU).

El acuerdo se basa en tres pilares. El primero, que el grupo francés, que ahora controla un 75% de Al-pi, pase a controlar el 100% del operador. El segundo, que la Generalitat recupere la titularidad pública de la parte que considera "estratégica" de la red. Y, por último, que una nueva sociedad, France Télécom Cataluña, aglutine todos los negocios del grupo galo en esta comunidad durante un mínimo de cuatro años. Esta sociedad gestionará varios centros de excelencia para todo el grupo.

El grupo francés se hará así con el 25% del capital que aún está en manos de la Generalitat. El acuerdo valora Al-pi en 117,2 millones de euros, de modo que los franceses pagarán a la administración catalana 29,3 millones: 17 millones en efectivo y otros 12,3 millones por las infraestructuras que ceden. El consejero de Gobernación, Joan Puigcercós (ERC), quiere que este dinero sirva para invertir en más infraestructuras de telecomunicaciones. La Generalitat planea poner en marcha un operador neutro cuya red sea utilizada por otros grupos que no dispongan de infraestructura propia, y la red de Al-pi es su punto de partida.

France Télécom, entonces Uni2, pagó en su día 78,13 millones para controlar el 75% de Al-pi, una empresa que se creó cuando, en 1999, el Gobierno catalán decidió segregar en varias empresas (y privatizarlas) el negocio de su Centro de Telecomunicaciones. Fue también el caso de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia, que fue entregada por la Generalitat a Abertis por adjudicación directa.

En el caso de Al-pi sí hubo concurso, y la filial española de France Télécom lo ganó en el último momento, después de que le recomendara presentarse a él la firma Europraxis (hoy parte de Indra), de la que era fundador y principal estratega uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol. La oferta del grupo galo fue cuatro veces más elevada que el precio de salida fijado en el concurso. En su favor jugó el dinero y una larga lista de compromisos con Cataluña que la Generalitat quiso amarrar y que, en los años de vacas flacas que siguieron a la euforia de la nueva economía, fueron incumplidos.

Inversiones y empleo

Estos compromisos incluían desde inversiones de 288,49 millones de euros en 10 años a la creación de 540 empleos en ese periodo, pasando por la centralización en Barcelona de la actividad de investigación y desarrollo (I+D), ingeniería de clientes y mercadotecnia estratégica.

La Generalitat se quedó con un 25% de las acciones para intentar controlar el cumplimiento de dichos compromisos, y también tenía en sus manos la eventual ejecución de avales por su incumplimiento, pero no logró su propósito. Se desencadenó así un eterno tira y afloja que tuvo un breve paréntesis de paz cuando en 2002 ambos accionistas inyectaron 70 millones en Al-pi para evitar la quiebra.

El culebrón ha sobrevivido a los sucesivos cambios en la cúpula de France Télécom y al cambio de inquilino en el Gobierno catalán, con la llegada del tripartito de izquierdas, molesto con las consecuencias de la privatización de Al-pi y aún no repuesto de la pérdida de la sede catalana de la antigua Auna.