Las auditoras temen al 'huracán Enron'

La revista estadounidense Business Week, a la que difícilmente se puede considerar un bastión del anticapitalismo, ha elegido esta semana un título significativo para su principal artículo sobre el caso Enron, el gigante de la electricidad cuya suspensión de pagos, la mayor de la historia en Estados Unidos, ha desatado un vendaval de consecuencias impredecibles. '¿Se puede confiar todavía en alguien?', se pregunta el semanario, resumiendo en estas seis palabras el actual clima de desconfianza que reina en la sociedad y en el Congreso estadounidense, y que con toda probabilidad cristalizará en importantes cambios legislativos que afectarán a miles de empresas que cotizan en Bolsa.

'Se va a producir una pérdida de confianza', según el presidente de Ernst&Young España

'La rotación obligatoria de las auditoras ya no se plantea en ningún país', dice Andersen

El 'caso Gescartera' ha reabierto en España la polémica sobre el papel de las auditoras

La pregunta de Business Week hace referencia a la cohorte de altos ejecutivos, banqueros de inversión, abogados y especialmente auditores que no detectaron a tiempo las trampas contables de Enron, cuando no las alentaron y encubrieron directamente, amén de destruir documentos cuya desaparición puede resultar clave para reconstruir lo sucedido. De entre todos ellos destaca Andersen, la firma auditora de Enron, cuya implicación en el caso amenaza incluso su propia supervivencia en Estados Unidos, según la mayoría de observadores. La firma, fundada en 1913, ha despedido a uno de sus socios, David Duncan, y se enfrenta a una serie de demandas de perjudicados en el escándalo.

Sea cual sea el final de la historia, el huracán Enron tendrá consecuencias importantes para el mundo de la auditoría en general, según responsables en España de tres de las cinco grandes firmas auditoras, Andersen, Ernst&Young y PriceWaterhouseCoopers, así como catedráticos de Derecho y ex altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados. KPMG declinó responder a las preguntas de este periódico y Deloitte&Touche afirmó específicamente que no deseaba responder a cuestiones sobre el caso Enron.

'Lamentablemente', reflexiona Manuel Aragón, presidente de Ernst&Young, 'pensamos que se va a producir una pérdida de confianza en la profesión del auditor por parte del mercado'. Ése es el punto en el que se han centrado los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Un editorial de The Washington Post se preguntaba esta semana: 'El desplome de Enron plantea una cuestión fundamental. ¿Si la compañía presentó unas cuentas amañadas, por qué no deberíamos pensar que decenas de otras empresas están aplicando los mismos trucos?'.

Y se trata sólo del principio. 'Este tipo de casos tiene un impacto negativo en la profesión, aunque no debería ser así', reconoce Miguel Fernández de Pinedo, presidente en España de PriceWaterhouseCoopers. 'El caso Enron es un caso muy concreto y con unos perfiles determinados, que de ninguna forma puede extrapolarse al resto del sector; creo que el sector goza de buena salud y que el mercado valora positivamente su contribución al buen funcionamiento de los mercados de capitales'. Pero la reflexión de The Washington Post, probablemente el periódico más influyente en la clase política de la capital estadounidense, ilustra el profundo impacto que el desastre de Enron ha causado en Estados Unidos, una sociedad que históricamente ha confiado su bienestar a la desregulación y al buen funcionamiento de los mercados financieros.

Millones de estadounidenses, trabajadores y profesionales de clase media, tienen depositados sus ahorros en las grandes empresas del país. Miles de ellos han perdido sus planes de pensiones, invertidos en acciones de Enron que ahora no valen nada. Otros, sin embargo, como altos ejecutivos de Enron, entre ellos su presidente, Kenneth Lay, lograron salvar parte de su patrimonio gracias al conocimiento que tenían de la debilidad de la empresa, lo que apunta a un delito de insider trading, algo especialmente odioso en la cultura norteamericana. Clifford Baxter, un antiguo vicepresidente de Enron que ganó 22 millones de dólares tras vender sus acciones en enero del año pasado y que había sido citado por una comisión del Congreso, se suicidó el viernes.

Todos esperan ahora una reacción contundente de los legisladores, que en pleno año electoral deben responder ante los electores de su promesa de velar por el buen funcionamiento del sistema.

'[El caso Enron] va a suponer un cambio en la regulación de la profesión de auditoría en Estados Unidos, y, por tanto, este hecho va a afectar a las compañías que cotizan en Bolsa en EE UU, entre ellas las europeas, y por supuesto también a las empresas españolas que cotizan allí', afirma Aragón, presidente de Ernst&Young.

Aunque inicialmente los cambios legislativos se limitarán a EE UU, nadie descarta que la presión política para reformar las reglas del juego se extienda también a Europa. Del puñado de iniciativas que se barajan destaca una, que afecta, según los críticos del sistema, a la independencia de las firmas de auditoría: el hecho de que, además de auditar, las empresas facturan elevadas cantidades de dinero por otros servicios profesionales, especialmente de consultoría.

Las grandes auditoras dependen cada vez más de lo que facturan a sus clientes por estos otros servicios. Así lo muestran las cifras en Estados Unidos, y probablemente se trate de una tendencia que también se da en Europa. En 1993, un 31% de los ingresos del sector provenían de la consultoría. En 1999, este porcentaje se había elevado al 51%.

'Es demasiado el dinero que se gana en una misma empresa', sostiene Juan Luis Marchini, presidente de la Confederación Española de Auditores (CEA). 'Hay que romper esa inercia y limitar los servicios que las auditoras prestan a una misma empresa'.

Un estudio de la Universidad de Illinois asegura que, de media, por cada dólar que paga un cliente por servicios de auditoría se gasta otros 2,69 dólares en otros encargos a la misma firma.

Las propias auditoras están divididas en este asunto. Algunas creen que la propuesta es aceptable. Otras, que no garantiza más independencia a los auditores, y que, en cualquier caso, al limitar la relación entre auditores y auditados, cercena el conocimiento profundo que éstos deben tener de las compañías a las que vigilan.

'Estamos completamente de acuerdo con la propuesta de desvincular estas dos áreas de actividad', afirma Manuel Aragón. 'Ernst&Young tomó la decisión de vender hace unos años su práctica de consultoría; esta decisión la tomamos para, precisamente, evitar conflictos de intereses y asegurar de esta forma la independencia de la profesión de auditoría'.

Andersen ve las cosas de otra manera: 'Si se limitara la fuente de ingresos de los auditores a la realización de auditorías, se concentrarían sus ingresos en una única actividad y aumentaría la dependencia frente a la entidad auditada', afirma la compañía en un comunicado en respuesta a las preguntas de este periódico.

Otra propuesta polémica que está ahora sobre la mesa en Estados Unidos consiste en limitar los años que una misma firma puede auditar a una empresa. Los defensores de esta limitación sostienen que la medida fomentaría la disciplina, pues cualquier auditor sería consciente de que, tras un periodo limitado, una empresa rival se haría cargo de la auditoría y podría evaluar la solidez de su propio trabajo. España trató de limitar en 1996 a nueve los años que una auditora puede permanecer en una empresa, pero abandonó el empeño 'por presiones de las grandes', según José Luis Marchini.

Algunos expertos consideran que se perdió una buena oportunidad. 'Es una barbaridad que no haya ninguna limitación temporal a la permanencia de una auditora en una misma empresa', según cree un antiguo inspector de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las auditoras consideran, en general, que limitar temporalmente su presencia en las empresas supone mayores costes, pues les forzaría a abandonar un trabajo cuando se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en conocer a la compañía cuyas cuentas vigilan.

'La rotación obligatoria de las firmas de auditoría no se plantea ya en ningún país de nuestro entorno', asegura Andersen. 'El único país europeo que la mantiene, Italia, está dando marcha atrás; entre otras razones, porque se ha comprobado que redunda en una pérdida de la calidad de las auditorías; la propia SEC estadounidense [el equivalente a la CNMV] ha señalado que los mayores riesgos de errores en las auditorías se producen en situaciones de cambio de auditor'.

Pero sus argumentos pueden no encontrar suelo fértil en el actual clima político. La desconfianza es total, incluso respecto a reguladores del Gobierno como la SEC, cuyo presidente, Harvey Pitt, trabajó como abogado para las cinco grandes antes de ser elegido para el cargo por el presidente George Bush.

En una de las sesiones del comité de asuntos del Gobierno en el Senado de EE UU, el presidente, Joseph Lieberman, afirmó que los legisladores investigarán no sólo a Enron y a Andersen, sino también si las agencias oficiales, incluyendo la SEC, vigilaron suficientemente de cerca todo el asunto. 'Y si no lo hicieron', añadió Lieberman, 'averiguaremos por qué'.

La discusión no se limita a Estados Unidos. El caso Gescartera ha reabierto en España la polémica sobre el papel de las auditoras y de la propia CNMV, pese a que en los últimos años no se hayan prodigado muchos escándalos. Además del de la agencia de valores de Antonio Camacho, auditada por Deloitte&Touche, el anterior gran escándalo que salpicó a una auditora (a dos, para ser precisos) fue el caso Banesto, con Price y Andersen.

¿Sugiere este dato que España cuenta con una regulación suficientemente estricta? De nuevo, las opiniones están divididas. El sector cree, en general, que sí. Y todos los demás (catedráticos de Derecho Mercantil, analistas de mercado y antiguos responsables de la CNMV), que no.

Europa no contará hasta 2005 con un sistema unificado, conocido como International Accounting Standards (IAS), que regirá para todas las empresas que coticen en Bolsa. Pero, hasta entonces, cada país regula el sector como mejor cree conveniente, y dos de ellos, Alemania e Italia, han endurecido notablemente sus reglamentos.