Bruselas alarga las ayudas para el carbón hasta 2018

La Comisión Europea dio luz verde ayer a la posibilidad de ampliar las ayudas públicas a las minas de carbón no rentables hasta 2018. La condición es que a partir de este año las minas tendrán que cerrar. Solo podrán continuar si devuelven las ayudas. La propuesta de la Comisión fue acordada horas más tarde por mayoría cualificada por los embajadores representantes de los Veintisiete y será aprobada formalmente mañana en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea.

La prolongación de las ayudas desde 2014, que era el límite máximo de la propuesta del pasado julio de Bruselas hasta 2018, fue muy bien recibida en Alemania, España y Rumania, los tres países con más minas de carbón. El sindicato CC OO, no obstante, ha convocado hoy una huelga en el sector por estimar que el plazo de cierre de cuatro años "es insuficiente" y quiere saber "si el Gobierno apuesta verdaderamente por el carbón".

La reducción de las subvenciones no podrá bajar del 20% en 2013

CC OO convoca huelga por estimar que la ampliación es insuficiente

El sector del carbón emplea unos 100.000 trabajadores en la Unión Europea, de los que unos 40.000 están ocupados directamente en las minas y el resto en industrias vinculadas. Las ayudas públicas se han ido reduciendo progresivamente en los últimos años desde los 6.400 millones de 2003 hasta los 2.900 millones en 2008. La producción también ha ido a la baja paralelamente hasta situarse en 147 millones de toneladas en 2008, lo que representa el 2,5% de la producción mundial. El problema de muchas de las minas españolas es la falta de calidad del carbón, lo que dificulta mucho la viabilidad de las empresas sin importantes ayudas públicas.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que ya en julio se había mostrado partidario de ampliar la autorización de ayudas cuatro años más, manifestó ayer que la ampliación de plazo se producía "siempre que se mantenga una retirada progresiva de la ayuda y otros principios que están en nuestra propuesta". El comisario, responsable de vigilar que las ayudas públicas que conceden los Estados sean compatibles con el Tratado sin distorsionar la competencia, insistió en que "no aceptaremos un compromiso bajo un camino distinto del de la reducción progresiva" de las ayudas públicas. A la reunión de ayer de la Comisión no asistió la comisaria Connie Hedegaard, responsable de la Acción por el Clima, que se había mostrado contraria de manera reiterada a la ampliación del plazo de ayudas por los aspectos contaminantes de esta fuente energética.

La última propuesta de la Comisión Europea exige una reducción progresiva de las ayudas pero "de manera más flexible" que en la propuesta de hace cinco meses. La reducción de las ayudas públicas no podrá ser menos del 20% en 2013; no menos del 40% en 2015 (España logró que se ampliara un año más) y no menos del 60% a finales de 2017. El pasado julio Bruselas había planteado una reducción del 33% anual de la actividad entre 2011 y 2014. La propuesta actual es también más flexible porque permite que las reducciones de ayudas se puedan computar en el ámbito de sector y no en cada empresa.

Antonio Masip y Maria Muñiz, eurodiputados socialistas españoles, manifestaron su satisfacción por el acuerdo destacando que "una fuente energética como el carbón, que ha estado en los albores de la Unión en la raíz de la construcción europea no podía recibir un trato injusto por parte de la Comisión". La también eurodiputada socialista Inés Ayala celebró el acuerdo, pero lamentó que no se hubieran atendido todas las demandas del Parlamento.

El comisario responsable de Energía, el alemán Günther Oettinger, que estuvo ausente en la anterior discusión quiso subrayar ayer la coincidencia del acuerdo con los intereses de Alemania. "Estamos", dijo el comisario, "en el camino de asegurar que el compromiso sobre el carbón alemán cumple con las exigencias de la legislación comunitaria". Por su parte, el portavoz adjunto del Gobierno alemán, Steffen Seifert, se felicitó por el acuerdo señalando que "la Comisión ha revisado la posición anterior tal como el Gobierno alemán le había pedido expresamente". Seifert precisó: "Nosotros teníamos la necesidad de aprobar esta extensión para poder cerrar las que están en actividad (que todavía emplean a 25.000 personas) de manera socialmente aceptable".

También el presidente del Gobierno de Asturias, Vicente Álvarez Areces, valoró el acuerdo como una "magnífica noticia". El presidente socialista mostró su confianza con la decisión del Ejecutivo comunitario que en su opinión ha sido "sensible", a una posición "seria, argumentada y razonada".