El presidente del ICS lidera un gran 'holding' sanitario privado

Josep Prat Domènech, el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) -empresa de la Generalitat que gestiona unos 400 centros sanitarios de titularidad pública- e impulsor del plan que prevé trocear y abrir al capital privado esta empresa pública, compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. USP tiene cuatro centros en Barcelona y Girona, entre ellos el Instituto Universitario USP Dexeus, que alberga una fundación que mantiene un contrato desde 2009 por 360.100 euros para prestar servicios sanitarios a Salud. Esta contratación, otorgada por el tripartito, se mantiene vigente con Prat como máximo responsable del ICS.

En Cataluña una persona no puede dirigir dos empresas públicas, "salvo excepciones"

Desde su privilegiada posición, Prat supervisa la reducción de actividad de los hospitales públicos catalanes causada por los recortes presupuestarios y, según la oposición, maneja una información que constituye una gran oportunidad de negocio para cualquier grupo hospitalario privado.

La Generalitat aseguró ayer que Prat no incurre en ninguna incompatibilidad, ya que califica su cargo en el ICS de "no ejecutivo y sin remuneración", dietas aparte. El ICS defiende que un informe de los servicios jurídicos de Salud avala la doble posición de Prat, quien percibe un salario por su labor como vicepresidente de USP."Quizá no sea ilegal pero sí totalmente ilegítimo", opina el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté. Expertos jurídicos cuestionados por este diario evitaron posicionarse sobre la posible incompatibilidad de cargos, pero señalaron que este caso concreto merece un estudio detallado para verificar si las ocupaciones de Prat se ajustan a la normativa legal.

Desde el pasado febrero, cuando la Generalitat designó a Prat como presidente del ICS, la vicepresidencia del grupo privado USP -que ocupa desde 2009- no ha sido el único motivo que ha generado dudas sobre la incompatibilidad de cargos que acumula Prat. Este también recibe otro salario por dirigir desde 2003 el holding Innova, grupo empresarial público propiedad del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) que agrupa, entre otros, varios centros sanitarios y la empresa pública Sagessa, compañía con una decena de hospitales y ambulatorios distribuidos por la provincia de Tarragona.

Estos se hallan a su vez integrados en la red sanitaria pública de hospitales catalanes y compiten para captar recursos del Departamento de Salud por la prestación de servicios con los centros que gestiona en la provincia el ICS, a su vez presidido por Prat. A este embrollo de competencias se añade que desde la presidencia del Instituto, Prat es el autor o inspirador del plan que prevé trocear esta empresa pública en una veintena de compañías abiertas a nuevas formas de gestión y de colaboración con el sector privado, aseguran fuentes de Salud. Este proceso empezará el próximo año con la prueba piloto de convertir en empresa segregada del ICS los hospitales Arnau de Vilanova (Lleida) y el Trueta de Girona, según las previsiones del departamento. Los sindicatos, por su parte, consideran evidente el conflicto de los intereses que Prat defiende en el sector sanitario privado y la gestión que debe realizar de la sanidad pública catalana. "No entendemos de leyes, pero sí de sentido común: compaginar este tipo de cargos y responsabilidades es inaceptable", señala un responsable de CC OO.

La ley de incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat no permite que una misma persona tenga la responsabilidad en dos empresas públicas "salvo excepciones expresas" que debe aprobar la Administración pública catalana. A principios de año, el consejo de Innova, por su parte, autorizó a Prat a presidir el ICS porque este cargo "no es ejecutivo, solo representativo", señala Salud. El departamento insiste en destacar que Prat no percibe ninguna nómina por su labor en el ICS: cobra al menos las dietas que paga Salud, el sueldo como vicepresidente y miembro del consejo de administración de USP y, por otro lado, una retribución por dirigir el holding público del Consistorio de Reus.

Este Ayuntamiento, gobernado a su vez por CiU desde las elecciones municipales del pasado mayo, ha anunciado que realizará una auditoría externa a esta empresa. El holding regido por Prat ha declarado un endeudamiento de 202 millones de euros por varios préstamos. Entre otros, un crédito de 47 millones de euros otorgado por el Servicio Catalán de la Salud, órgano de la Generalitat que el propio Prat dirigió en el anterior Gobierno de CiU, hasta 2003.

La oposición municipal reusense denuncia que Prat incumple además la ley por no haber hecho pública la liquidación del impuesto de la renta del año pasado y el salario que percibe de Innova, como obliga la normativa. "Es inconcebible que no se sepa el salario del director de una empresa pública", ha criticado el grupo municipal CUP de Reus.