La policía local de Tarragona requisa la cámara a un fotógrafo de EL PAÍS

Dos agentes de la Guardia Urbana de Tarragona requisaron el lunes por la noche la cámara, el objetivo y la bolsa de trabajo del fotógrafo colaborador de EL PAÍS Josep Lluís Sellart después de que este les fotografiase cuando se encontraban en el interior de un bar mientras tenían aparcado el coche patrulla con las luces de emergencia prendidas. En la misma acción, los agentes le multaron con 1.000 euros por llevar una navaja multiusos.

Sellart ha denunciado los hechos ante el juzgado de guardia. Los agentes, por su parte, también han denunciado al fotógrafo por un supuesto delito de coacciones por haberse negado a identificarse, algo que Sellart niega. Carles Castillo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tarragona, defendió ayer la actuación de los policía. "Es un incidente desagradable y absolutamente particular, en el que existen dos versiones contradictorias. Y yo me inclino por creer la que relatan los agentes, que actuaron de manera quizá rigurosa, pero correcta", explicó.

El edil de Seguridad Ciudadana avala la actuación de los dos policías

Los Mossos desoyeron varias llamadas para que acudieran a la zona

Los hechos sucedieron sobre las 23.30 horas, en la calle de Robert Gerard, en el centro de Tarragona. Sellart expone en la denuncia que le llamó la atención que el coche patrulla estuviese con los pilotos de emergencia encendidos mientras los agentes se encontraban en el interior de un bar "consumiendo alcohol y alternando con las camareras". Por eso decidió tomar unas fotografías y justo en ese momento salieron del bar los agentes, advertidos por dos camareros. Para entonces Sellart ya había cambiado la tarjeta de memoria de la cámara y había guardado el material en su vehículo, estacionado en su plaza de aparcamiento, desde donde realizó las fotografías.

Como el fotógrafo se negó a mostrar las imágenes que había tomado, los agentes le acabaron requisando la cámara, el objetivo y la bolsa de trabajo. Posteriormente, "en actitud vejatoria", prosigue la denuncia, le obligaron a bajarse los pantalones en la vía pública y fue entonces cuando le encontraron en el bolsillo una navaja multiusos. A renglón seguido le impusieron una multa de 1.000 euros (700 con la reducción si se abona pronto) por incumplimiento de los artículos 121.1 y 121.2 de la Ordenanza de Convivencia Cívica. El primero prohíbe "llevar armas en los espacios públicos", así como "exhibirlas sin causa justificada", algo que Sellart no hizo. El segundo añade que ese precepto también será de aplicación "a cualquier utensilio que pueda ser utilizado como arma cuando sea esgrimido con peligro o actitud amenazadora".

El concejal de Seguridad Ciudadana niega que los policías obligaran al fotógrafo a bajarse los pantalones y asegura que Sellart se negó a identificarse. Para ello, se apoya en la grabación de una cámara de la zona que recogió unas imágenes que no coinciden con el relato de Sellart, según afirma el edil, que anunció que aportarán la grabación al juzgado. "Hay que esperar a ver qué dice el juez", señaló ayer Castillo.

"La actuación de los agentes es una prevaricación de libro", explica Pere Sutil, abogado del fotógrafo. Sellart afirma en la denuncia que los agentes "presentaban signos y aliento de haber consumido alcohol" y que le amenazaron con hacerle pasar la noche en el calabozo. El fotógrafo requirió en varias ocasiones la presencia de los Mossos d'Esquadra y finalmente un agente de este cuerpo les aseguró que no acudirían "porque su jefe se lo había prohibido". El actual jefe de la Guardia Urbana de Tarragona, Rafael Comes, había sido intendente de la policía autonómica. Ayer sobre las 11.30, unas 12 horas después de serle requisada la cámara, mediante una llamada se comunicó a Sellart que podía pasar por las dependencias policiales a recogerla.