El pacto de la vivienda acercará Cataluña a las comunidades con más pisos sociales

Cataluña es la segunda comunidad donde más viviendas se construyen, pero también donde los pisos protegidos tienen menor peso en el mercado. Esta situación puede dar un vuelco. El pacto nacional para la vivienda supone un salto cuantitativo. Si en la legislatura pasada se pusieron en marcha 21.000 viviendas de protección pública (VPP), el acuerdo prevé iniciar la edificación de 50.000 pisos en los próximos cuatro años y de otros 110.000 hasta 2016.

Los empresarios sólo promueven el 21,4% de la vivienda protegida, mientras que en la Comunidad de Madrid se encargan del 62%

No hay precedentes de un consenso sobre pisos protegidos entre administraciones y agentes sociales, políticos y económicos

La creación de 160.000 pisos públicos en 10 años acercará el Gobierno a los planes sectoriales más ambiciosos de España

Las cifras se acercan a los grandes planes de otras comunidades. A la cabeza, la Comunidad de Madrid, con un programa para construir 117.000 viviendas en cuatro años; la Comunidad Valenciana, que pretende edificar 100.000, y Andalucía, que se impuso hacer 80.000 en un lustro. La VPP, además, ganará un peso más considerable que en estas comunidades respecto a la vivienda libre por dos razones: se prevé que la actividad inmobiliaria afloje, y las viviendas catalanas estarán protegidas más tiempo (hasta 90 años) que en otras autonomías.

El pacto que el Ejecutivo catalán ha ofrecido a grupos con representación parlamentaria y agentes sociales y económicos no tiene precedentes en España, salvo un acuerdo entre partidos en Vitoria para pactar las políticas de vivienda. Son frecuentes los convenios entre administraciones o de éstas con empresarios o cooperativas, pero no hay un acuerdo global como el que se persigue en Cataluña. Lo ha confirmado el coordinador del Observatorio de la Vivienda, Ignacio Navas, quien, no obstante, ha recordado que "el problema de los pactos" es que no comprometen jurídicamente. También la Asociación de Promotores y Constructores de España destacó que el catalán sería el primer pacto de estas características que firmaría.

Atraer a los empresarios

La propuesta de pacto nacional para la vivienda, cuyo contenido adelantó EL PAÍS el pasado jueves, trata de atraer a los empresarios a la promoción de VPP, la asignatura pendiente de Cataluña. Según un informe de la Generalitat, en 2006 sólo el 21,4% de la VPP fue promovida por empresas privadas, cuando entre 1992 y 1995, época de vacas flacas para el sector, los empresarios levantaban más del 70% de toda la VPP. En cambio, la Comunidad de Madrid, donde uno de cada tres pisos que se construyen es protegido, ha retenido a los empresarios. El Gobierno de Esperanza Aguirre calcula que en 2006 la iniciativa privada promovió el 62% de las viviendas sociales iniciadas.

El borrador del pacto fija fórmulas para comprometer a las empresas, aunque deja abierta la cantidad de pisos que deberán promover, y asume un incremento de las subvenciones para comprar o urbanizar suelo para VPP hasta alcanzar los 24 millones de euros en 2016. Pero hay sobre todo tres puntos novedosos. Primero, la Generalitat accede a fijar "un porcentaje de referencia para determinar el coste del suelo de vivienda protegida", lo cual ya regulan otras comunidades como Extremadura, donde el precio de los terrenos no puede superar el 20% del coste de promoción.

La segunda pata la constituyen varias medidas y compromisos para desarrollar y gestionar un parque de alquiler social. Expertos consultados explican que estas acciones pueden interesar en especial a sociedades cuyos ingresos procedan de los alquileres de sus inmuebles. La ley 23/2005 mejoró mucho su fiscalidad en el impuesto de sociedades y pasaron a tributar a un tipo del 5,25% siempre que el 55% de sus ingresos se derivara del arrendamiento de viviendas y que éstas permanecieran un mínimo de siete años en patrimonio. Ello permitió mejorar la rentabilidad de los alquileres y, en especial, de los de viviendas públicas, así que contar con una cartera de VPP no les iría mal. Sin embargo, estos expertos indican que ante el probable fin del boom inmobiliario muchas más empresas querrán promover VPP.

Sociedades como Visoren ya gestionan parques de VPP en varios municipios. El grupo solicita a los ayuntamientos que les ceda suelo a cambio de la construcción, gestión y mantenimiento de las viviendas de protección por un periodo de 30 a 65 años. Después, los consistorios recuperan la titularidad de las viviendas.

Por último, el pacto crea una nueva figura, la de la Vivienda Protegida de Cataluña, de precio intermedio, con financiación pública y precios y módulos máximos propios en función del suelo y la zona. Su creación no es incompatible con los módulos que fija el Ministerio de Vivienda siempre que no se use financiación del Gobierno central. Madrid, por ejemplo, creó la figura de los pisos de alquiler con opción a compra.