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La comisión del 'caso Palau' estrecha el cerco sobre Convergència

- Las empresas de buzoneo facturaban a la entidad en épocas electorales - Los ex empleados de las firmas dicen que nunca trabajaron para el PalauLos nacionalistas insisten en poner el foco sobre Castells

La comisión de investigación que intenta aclarar la presunta financiación irregular de Convergència (CDC) con fondos del Palau de la Música estrechó ayer el cerco sobre el partido nacionalista y las empresas que, según la causa, falsificaron facturas para que el ex presidente Fèlix Millet desviara dinero de la entidad musical. Las empresas Letter Graphic y New Letter facturaron 982.583 euros entre 2007 y 2009. Ayer su representante, Pedro Luis Rodríguez, no pudo aclarar los trabajos que hizo para cobrar esa cantidad. Sus ex trabajadores sí aportaron algo de luz: nunca trabajaron para el Palau, pero sí para CiU.

El diputado de Esquerra Pere Bosch, dio el golpe de efecto cuando sacó un documento en el que ubicaba en el tiempo las facturas de Letter Graphic y New Letter. Según el papel, entre 2007 y 2009, las empresas cobraron grandes cantidades en fechas cercanas a las elecciones que se celebraron en esos años. El representante de las empresas no lo pudo justificar. "No me acuerdo", dijo. "¿Cómo no recuerda lo que hacía para una firma que suponía entre el 20% y el 30% de su facturación?", le espetó el diputado de ICV, Daniel Pi.

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Los tres ex trabajadores citados sí lo tenían claro. "Yo para el Palau no he trabajado nunca", aseguró María José Díaz. Los ex empleados reiteraron que en épocas electorales "siempre" trabajaban para CiU, aunque en alguna ocasión lo hicieron para el Partit Socialista de Mallorca. Minutos antes, el responsable de las empresas afirmó que no conocía los trabajos para CiU y el Palau porque "no eran sus cuentas". "Sí lo sabía, ¡él me decía lo que debía enviar a las sedes de CiU!", respondió Miguel Díaz, ex empleado.Por la mañana, otro socio de la empresa, Vicente Muñoz, aseguró que no podía contestar a ninguna pregunta porque tenía "un cuadro de ansiedad y depresión" que lo había apartado de la actividad de la sociedad desde hace más de un año y medio. Los ex empleados lo negaron, y sostuvieron que, al menos hasta marzo, Muñoz iba cada día al trabajo.

No fue la única contradicción de ayer. Los diputados quieren que vuelva a comparecer Claudia Valsells porque creen que pudo haber mentido. Probablemente lo hará una vez que acaben las comparecencias pactadas,que es a partir del 29 de junio. A la comisión acudieron el padre de Claudia Valsells, Josep, y su hermano, Roger Valsells, como responsables de Natur System. La familia, según la querella del fiscal, pudo haber falsificado facturas para Millet a través de sociedades de una red de empresas, lo cual negaron.

A Claudia Valsells le leyeron la relación de sociedades que cita el fiscal y ella afirmó que solo había trabajado en ellas como pintora, sin ocupar ningún cargo. Según el Registro Mercantil, fue apoderada o administradora de tres de ellas. Más tarde, a raíz de una pregunta del Partido Popular, matizó que sí era administradora de Color de Pipsa, que cerró hace dos meses por la crisis. El PP la acusó formalmente de mentir. El presidente de la comisión, el republicano Pere Vigo, recordó que mentir en una comisión de investigación está penado por la ley.

Josep Valsells sí admitió que en 2005 donó 20.000 euros a la Fundación Trias Fargas a través de Natur System que, según le recordaron los diputados del tripartito, fue una de las mayores adjudicatarias de rehabilitaciones de la empresa pública Adigsa entre 1999 y 2003. No obstante, Valsells desvinculó al actual tesorero de CDC y antiguo socio de la empresa, Daniel Osácar, de la decisión de donar esa cantidad a la fundación de Convergència. "Él se dedicaba a CiU fuera de horas de trabajo", aseguró.

El otro empresario que acudió ayer a la comisión parlamentaria fue Javier Lacambra, representante de la constructora Triobra, que aseguró que facturó al Palau de la Música las obras que hizo en la casa de L'Ametlla del Vallès, propiedad de Fèlix Millet. Cuando los diputados le preguntaron si no le parecía extraño que se le requiriera que se facturara a la entidad musical, Lacambra respondió: "No, en ningún momento. La relación laboral del señor Millet y Montull no la conocemos".

Los diputados de Convergència mantuvieron ayer un tono más beligerante si cabe no solo para reiterar que no hay pruebas concluyentes de financiación irregular de su partido, sino para poner el foco en la parte del caso Palau que puede salpicar al tripartito, eso es el hotel que Millet pretendía construir junto al coliseo barcelonés con el apoyo de las instituciones. Tras el enésimo intento de la oposición de forzar las comparecencias del consejero Antoni Castells por el proyecto del hotel, el tripartito impuso su mayoría en una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament, que decidió, con el aval de los letrados de la cámara catalana, limitar la comisión a ahondar en la supuesta financiación irregular de CDC desde el Palau de la Música a través de la Fundación Ramon Trias Fargas. El diputado de Convergència i Unió Jordi Turull habló de "indefensión".

El Gobierno catalán volvió a arropar ayer al consejero de Economía, Antoni Castells, en su decisión de no comparecer por ahora ante el Parlament para explicar la controvertida operación del Palau. El consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, ayer en calidad de portavoz del Gobierno, aseguró que Castells ya ha dado las explicaciones pertinentes. Carod también consideró que el consejero de Economía aclarará todo lo que tenga que aclarar el próximo lunes cuando acuda a testificar ante el juez por la querella de la fiscalía contra Fèlix Millet por el hotel del Palau. La comisión de investigación parlamentaria también llamará a declarar al gerente de Olivia Hoteles, la cadena adjudicataria del inmueble.

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