Vía crucis burocrático de un industrial

Vicenç Pedret, gerente de la empresa Ramon Clemente SA, que fabrica botellitas para perfumería, hacía tiempo que se lo temía. Pero ya ha ocurrido. La directora técnica de la empresa con sede en El Masnou, que emplea a 180 trabajadores, se ahoga entre papeles y ha dado un puñetazo sobre la mesa. Para algo la ficharon. Y ese algo era ocuparse de los hornos de la fábrica. No de la ola de tareas burocráticas que, con el paso del tiempo, va elevándose a sus espaldas. Exige la contratación de otra persona.

"La Generalitat dice que va a empezar a cambiar las cosas y debemos tener confianza. Por poco que se haga, ¡lo notaríamos!", exclama Pedret. Alude a la reciente promesa del presidente José Montilla de recortar el 10% las trabas burocráticas. Los empresarios quieren, además de recortes, que cada nueva ley adjunte una memoria con su impacto económico sobre las empresas.

La UE se ha propuesto reducir el 25% de las cargas administrativas en el año 2012

El trabajo burocrático es el mismo para una microempresa que para una multinacional

El papeleo es poco más que un discurso hasta que uno lo ve y lo toca. La mesa de Pedret está sepultada de informes y documentación ininteligible para profanos. Pedret ha venido preparado para enseñar en qué se traducen sus lamentos. "Para hacer las cosas razonablemente bien, una industria de tamaño mediano requiere invertir unas 2.000 horas al año de trabajo. Eso es, al menos, un puesto de trabajo. Y un coste de, como mínimo, 40.000 euros", asegura. Son los cálculos de Pimec, de cuyo comité ejecutivo es miembro este empresario.

Veamos de qué papeleo debe ocuparse Ramon Clemente SA:

Lo primero, la licencia ambiental, un grueso y complejo documento que directamente ha tenido que acabar subcontratando por incapacidad para realizarlo y por el que una ingeniería le ha cobrado 30.000 euros.

Falta el Registro de Establecimientos Industriales (REIC). Y necesita un estudio en el que explicar cómo se minimizarán los residuos peligrosos. Y un plan empresarial de prevención de envases (PEPE). Y rellenar el Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPERCAT).

Luego están las estadísticas. Tres de ellas, mensuales. Existe la estadística del consumo energético del sector industrial, que reclama el Instituto Catalán de Energía (Icaen). La de residuos pregunta sobre los desechos generados y las empresas que los gestionan, los volúmenes captados de agua utilizada, su origen, los importes del canon del agua, el porcentaje de agua tratada y la inversión en instalaciones para tratar aguas residuales.

Se le suman estadísticas sobre fabricación de vidrio, sobre el sistema de recogida de información económica sobre el medio ambiente, sobre precios de exportación e importación, sobre entrada de pedidos, sobre índices de producción industrial. Ah, y sobre inversión industrial en Cataluña y sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sobre el comercio electrónico.

Queda la declaración anual de uso y contaminación de agua (Duca). Y la declaración trimestral de todos los contadores de agua. Y los permisos para vertir agua en las cloacas. Y el papeleo de las inspecciones semestrales de los puntos de vertido.

La empresa debe hacer además un registro y actualizarlo de todas las salidas de residuos. Y realizar otra declaración anual de desechos.

Como empresa que emite gases de efecto invernadero, se necesita autorización de emisión de estos gases, tramitar una asignación de estos derechos, hacer un informe anual de las emisiones de estos gases, contratar una auditoría que verifique este informe anual, más una solicitud de apertura de una cuenta en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de estos gases (Renade). Y entregar los derechos de emisión.

Documentar también toda investigación de accidentes, un plan de emergencia que anticipe cualquier circunstancia inesperada en la fábrica, un plan de prevención de riesgos laborales y varios informes sobre vigilancia de la salud.

"Queremos ser controlados y cumplir la ley, las administraciones deben estar informadas de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Pero no hace falta dar datos por triplicado u otros ya entregados", se lamenta Pedret.

Ellaberinto burocrático es un mal que castiga a todas las empresas europeas y al que la propia Bruselas quiere poner coto. La Comisión Europea tomará medidas internas para eliminar todos los trámites que considera "inútiles". También ha pedido a los Estados miembros que eliminen hasta el 25% de las cargas administrativas totales en el horizonte de 2012.

Salvador Guillermo, director de estudios económicos y fiscales de Fomento del Trabajo, explica que los costes burocráticos generales (aunque afectan a las empresas mayoritariamente) ya suponen el 4,3% del producto interior bruto (PIB) en España. El porcentaje baja al 3,5% en la Europa de los Veinticinco. En el Reino Unido, al 1,5%.

Por ejemplo, la normativa europea para actividades potencialmente contaminantes de suelo obligaba a cierto tipo de establecimientos a presentar un formulario técnico de 30 páginas. Esta medida afectaba a 29.000 establecimientos en Cataluña, que, a un coste medio de unos 600 euros por estudio, suponía un desembolso global de 17,4 millones de euros. Sólo en un estudio.

El coste es igual para todos, tanto para la empresa factura 500.000 euros como para la que ingresa 50 millones. "Los asesores habituales se asustaron y pidieron un borrador resumido de cinco o seis páginas", explica Guillermo. La no discriminación por tamaño irrita a las empresas, sobre todo cuando se les pide dar información que ya se entregó a otro departamento o responder por triplicado a un requisito.

El tamaño de la empresa es clave. Porque el pequeño empresario sale peor parado del papeleo. Según un estudio de Pimec, la minúscula dimensión de las empresas que conforman el grueso del tejido empresarial de Cataluña hace que la pérdida imputable a trámites no productivos durante 100 horas de tramitaciones varias se eleve al 1,4% del producto interior bruto (PIB) generado en esas 100 horas. Es más, mucho más, de lo que se evapora en el caso de las empresas de países con un tejido empresarial comparable como los Bálticos, donde la pérdida imputable a esas mismas 100 horas no supera el 0,7% del PIB.

El trabajo burocrático es igual para una microempresa de 10 trabajadores que para una multinacional de 800, con lo que el impacto en su economía es tres o cuatro veces superior en el que caso de la pequeña y mediana empresa, según un estudio de la entidad americana Small Business Administration. Es decir, que un productor de fuet de Vic se enfrenta a los mismo formularios para acreditar la seguridad alimentaria de sus productos que la multinacional Nestlé. Pero el impacto en sus cuentas es totalmente dispar.

Además, "las normativas son cada vez más complejas y el pequeño empresario requiere la ayuda de asesores externos que muchas veces también se ven superados por la alta tecnificación de las regulaciones", explica Guillermo.

España destaca por su regulación. Abrir un negocio requiere una media de 10 procedimientos (6,2 en los países de la OCDE). Y según el Banco Mundial, el coste que supone es el 16,2% del ingreso nacional per cápita (5,3% en la OCDE). Y es que España ha sido un gran productor de leyes y normas. En total, hasta 2005, había 20.862 normas en vigor, sin contar las normativas europeas.

No hay estudios claros que determinen si los empresarios catalanes sufren mayor carga burocrática que los del resto de España, aunque el hecho de que Cataluña cuente con mayores competencias que otras autonomías ha hecho necesario un mayor despliegue normativo, según Guillermo. Luego está la vocación legislativa. "Crear leyes es la gran manifestación del poder político y a veces en Cataluña ha habido una voluntad excesiva de hacer leyes catalanas, de marca un carácter propio a través del DOGC", añade.