Sólo las empresas con mayores riesgos para el medio ambiente requerirán licencia previa para operar
El consejero Baltasar subraya que menos trámites no equivalen a menor exigencia
Solamente las empresas que en Cataluña desarrollen actividades con un impacto ambiental "importante" sobre el territorio necesitarán contar con una licencia ambiental previa para poder operar, aunque las demás, la mayoría, no quedarán exentas de cumplir con sus obligaciones para con el medio ambiente. El consejero catalán del ramo, Francesc Baltasar, afirmó ayer que "cambiará de forma importante la proporción numérica de empresas" que deberán someterse a uno de los mayores quebraderos de cabeza de las compañías a la hora de lidiar con el papeleo.
En el marco de la política antiburocracia que quiere instaurar el Gobierno catalán, el presidente de la Generalitat, José Montilla, se ha comprometido con las patronales empresariales catalanas a resolver sus problemas para poder cumplir con la Ley de la Intervención Integral de la Administración Ambiental. Y a hacerlo antes del verano.
También se habían comprometido a actuar en esta línea, en particular ante los empresarios de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), el ex consejero de Medio Ambiente Salvador Milà y la actual directora general de Calidad Ambiental, Maria Comellas.
En realidad, hace un año y medio que el Departamento de Medio Ambiente trabaja para sustituir una ley muy polémica que se introdujo en tiempos del Gobierno de CiU que va mucho más allá de lo que lo hace la directiva europea que la originó hace una década.
La directiva europea exige que se extremen los controles sobre las empresas cuya actividad pueda plantear riesgos mayores para el medio ambiente, como las petroquímicas, las mineras y las nucleares. Pero en Cataluña se exige la licencia ambiental previa al conjunto de las actividades económicas, clasificadas en dos anexos de la ley.
Las empresas que ya cuentan con una licencia de actividad están muy quejosas porque -según el criterio arbitrario de cada Ayuntamiento- se les exige renovar cada pocos años la licencia ambiental. Esta circunstancia les obliga a realizar un prolijo (y caro) estudio sobre cómo deben adaptar cada una de sus instalaciones y prácticas a cada uno de los cambios, grandes o nimios, que en esos años se hayan ido incorporando a cualquier normativa; de los ascensores a las piscinas. Cambiar la ley de la discordia es complejo, porque implica no sólo a Medio Ambiente, sino a varios departamentos.
El consejero Francesc Baltasar subrayó ayer que "la simplificación de trámites administrativos -que plasmará una nueva ley que reemplazará a la anterior- no reducirá ni modificará los requisitos medioambientales a las empresas. En todo caso, para mejorarlos".
Fuentes de la patronal Pimec señalaron que los cambios, a falta de notificación oficial, van "en línea con sus reivindicaciones para reducir papeleo que no afecta estrictamente al medio ambiente, y en línea también con lo que manda la Comisión Europea".
