El Palau certifica pagos millonarios a empresas de buzoneo de CiU

La comisión parlamentaria que investiga si Convergència Democràtica de Catalunya se financió irregularmente aprovechando el saqueo del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet comenzó a andar ayer marcada por un clima de campaña electoral. La principal comparecencia del día fue la del nuevo director general del Palau, Joan Llinares, quien denunció que empresas que habitualmente organizan los envíos de propaganda de Convergència i Unió y que nunca han trabajado para el Palau se embolsaron cantidades ingentes de dinero del coliseo barcelonés. "Estoy seguro de que estas empresas cobraron al Palau por trabajos que nunca hicieron", certificó Llinares. CiU contraatacó volviendo a pedir la comparecencia de dos consejeros de los consejeros de Economía, Antoni Castells, y de Política Territorial, Joaquim Nadal. La petición fue rechazada por el tripartito.

La oposición carga contra Economía por sus tratos con Millet

De los seis comparecientes ayer ninguno pudo afirmar categóricamente que Convergència se haya financiado a través del Palau de la Música, pero dos de ellos, el director del coliseo y el interventor general del Gobierno catalán, aseguraron que no debe descartarse que esto fuera así.

Joan Llinares recordó que se han encontrado "documentos extraños y sorprendentes" que deben investigarse. Llinares se refería a las anotaciones en la contabilidad del Palau que relacionan donaciones a la institución por parte de la constructora Ferrovial a obra pública adjudicada por los gobiernos de CiU como la línea 9 del metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat. "Veremos si quieren decir algo, pero existir, existen", dijo Llinares. Este también recordó que las empresas que hacen los buzoneos de Convergència i Unió como News Letter y Letter Graphic cobraron del Palau un millón de euros por trabajos que nunca realizaron. "Los buzoneos del Palau cuestan mucho menos de 6.000 euros cada uno", recordó. Llinares cifró en 33 millones de euros el total del expolio de Millet sobre el Palau y desveló que se está investigando otras empresas que también cobraron del Palau.

Con todo, Llinares se cuidó mucho de no dar por hecha la financiación irregular de Convergència Democràtica a través de la institución. De la misma forma actuó el interventor general de la Generalitat, Josep Maria Portabella, que dio cuenta de las irregularidades detectadas en el consorcio del Palau, la pata de la institución participada por las administraciones públicas. Portabella aseguró que el consorcio no financió ningún partido político.Ello dio un respiro momentáneo a los diputados nacionalistas presentes en la comisión, Oriol Pujol, Jordi Turull y Francesc Homs. Sin embargo, Portabella añadió que no puede descartar que la fundación sí financiara a Convergència. De hecho, el interventor recordó que el saqueo de fondos públicos del consorcio se eleva ya a 3,8 millones y que la mitad de este dinero fue a parar a la fundación Orfeó Català. Fue esta fundación la que dio al menos 630.000 euros a la fundación de Convergència Ramon Trias Fargas, ahora rebautizada como Catdem.

Los diputados de Convergència prefirieron obviar este detalle. "De sus palabras se deduce que el Palau no financió a Convergència", dijo Jordi Turull.

La compleja operación urbanística del hotel del Palau de la Música fue, junto con el presunto desvío de fondos de la entidad musical a CDC, uno de los dos ejes de la primera jornada de la comisión de investigación. La directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, se defendió de los ataques de la oposición garantizando la legalidad de la actuación del Ejecutivo en la permuta de calificaciones entre las fincas donde se proyectó el hotel y un inmueble de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume.

El convenio entre las administraciones y la fundación del Palau de la Música está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona tras la querella de la fiscalía, que sugiere un trato de favor hacia Fèlix Millet. El fiscal sostiene que el convenio, firmado el 24 de octubre de 2006, contenía "el clausulado que más les interesaba" a los saqueadores y carecía del informe jurídico preceptivo.

Turu se defendió ayer ante la oposición con el argumento de que no se trataba de "un convenio", sino de un "protocolo de intenciones" con el que la Generalitat no contraía ninguna obligación. La oposición le esgrimió que el documento se titulaba "convenio" y, de hecho, por la tarde el Departamento de Economía y Finanzas emitió un comunicado en el que se refería a ese texto con la misma palabra que la oposición.

Turu reveló, en cambio, que la participación de la Generalitat en la operación arrancó del Departamento de Presidencia en 2003, cuando esa secretaría estaba dirigida por Ramón García Bragado, que más tarde avaló el proyecto como teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona. Turu aseguró que García Bragado sugirió la permuta y que la Generalitat la aceptó porque era un "proyecto de ciudad" que contaba con el beneplácito del Ayuntamiento.

El Palau tenía tres fincas que eran de los Hermanos de La Salle en las que quería levantar un hotel. Sin embargo, el suelo tenía la calificación de equipamiento, por lo que no podía hacerlo. En cambio, la Generalitat contaba con un suelo residencial en la plaza de Sant Jaume. La operación consistía en una permuta: el inmueble de la Generalitat pasaba a ser de equipamientos y el del Palau, residencial. Esa operación suponía una minusvalía para la Generalitat que, sin embargo, corrigió asegurándose una compensación mediante el convenio.

De hecho, en la comisión Turu protagonizó un rifirrafe con el diputado de CiU, Jordi Turull, que acabó exigiéndole que precisara la pérdida que habían sufrido las arcas públicas a raíz de la operación. "No la tengo [la cifra] aquí", le acabó diciendo Turu. Por la tarde, el Departamento de Economía y Finanzas precisó que esa merma asciende a 5,6 millones de euros, correspondiente al 37% del valor total de las fincas.

La Generalitat requirió el pago de esa cantidad -aunque sin precisarla- al Palau y a Olivia Hoteles, que iba a explotar el establecimiento, pero que ha terminado por renunciar a él, a la vez que puso en marcha los trámites necesarios para expropiar su parte del inmueble si las partes no pagan.

El consejero Castells no participó en la comisión, pero en una conferencia sobre ética en la contratación pública pidió que los casos de corrupción se investiguen, aunque sin extender sospechas infundadas. "No hay que tapar nada, pero tampoco ensuciarlo todo", dijo.