Desesperados por la renta mínima

La improvisada reforma emprendida por la Generalitat para evitar el fraude en la Renta Mínima de Inserción (RMI) y frenar la concesión de nuevas ayudas se le ha acabado volviendo en contra. El Gobierno catalán está desbordado y decenas de miles de personas llevan ocho días esperando angustiosamente los 420 euros que les permiten sobrevivir y que parece que nunca llegan.

Cientos de personas se aglomeran cada día frente a las sedes del Departamento de Bienestar Social y Familia. En pleno periodo estival, y sin avisar, el Departamento de Empresa y Ocupación, cuyo titular es Francesc Xavier Mena y de quien depende la RMI junto con Bienestar, decidió cambiar los criterios de la renta mínima ante el acelerado crecimiento de la demanda.

En los últimos seis meses el Gobierno ha recibido 11.695 peticiones

El objetivo era enfriar la concesión de ayudas revisando su procedimiento y perseguir las malas prácticas que la Generalitat cree que existen en parte de los aproximadamente 34.000 expedientes de ayuda en vigor, vinculados a un compromiso de inserción laboral. Según el último análisis de la RMI que realizó el Departamento, con datos de 2009, cada expediente cubre una media de 3,25 personas, lo que da una estimación de 110.500 personas dependientes de las ayudas. La Generalitat no ha facilitado datos actualizados: un portavoz alegó que el personal de Empresa y Ocupación está de vacaciones y aseguró que se recopilarán las cifras en septiembre.

El periodo escogido para los cambios, la falta de información y la situación de los receptores de las ayudas han acabado por generar un gigantesco problema que amenaza con derivar en una crisis social. Los Ayuntamientos se desesperan y se han puesto manos a la obra para actuar ante el problema creado por el Gobierno.El problema ha saltado a los Ayuntamientos, saturados por las quejas de los afectados. Uno de los municipios con más receptores de la RMI es Girona, con unos 1.100 beneficiarios. Un centenar de estas personas no han recibido ningún ingreso en meses: son los expedientes que los receptores gestionaron entre abril y junio de este año. Muchos de ellos corren el riesgo de quedarse en la calle y no poder cubrir sus necesidades alimenticias. "Nos preocupa extraordinariamente la situación", confiesa el concejal de Servicios Sociales, Eduard Berloso (CiU), que cree que la Generalitat no paga porque está haciendo un "repaso general de todas las prestaciones". Para hacer frente a la crisis, el Ayuntamiento de Girona ha creado un fondo de contingencia destinado a cubrir las deudas de alquiler y suministros que estas personas han contraído durante estos meses que no han cobrado la prestación. El Consistorio les hace un préstamo que luego le tendrán que devolver. El fondo se ha dotado de momento de 40.000 euros.

Servicios Sociales ha decidido también como medida de urgencia adelantar la renta a las personas que la tienen concedida y no la están cobrando. La medida se ha tomado tras negociar con la Generalitat que esta devolverá posteriormente el dinero al Consistorio. El acuerdo verbal está solamente pendiente de la firma, según Berloso. El Banco de Alimentos, fundación en la que participa el Ayuntamiento junto con Cáritas y la Cruz Roja, está distribuyendo lotes de alimentos a las personas que no han cobrado la prestación.

Además, un elevado grupo de beneficiarios no han podido cobrar la RMI porque no han recibido el cheque. Hay barrios enteros en Girona, como el de Font de la Pólvora, que no tienen buzones y en los que los carteros se las ven y se las desean para entregar las cartas. El Consistorio ha optado por ordenar que las cartas se envíen a los centros cívicos, donde los trabajadores de atención primaria que tratan normalmente a las personas en riesgo de exclusión se encargan de hacerles llegar los cheques.

La situación familiar de muchos beneficiarios dificulta la recepción de un sobre por los constantes cambios de domicilio que no quedan registrados por los servicios sociales. A ello se agarra como un clavo ardiendo el Gobierno para justificar un retraso que debía quedarse en "pocos días", según el portavoz Francesc Homs. Entidades sociales, afectados y Ayuntamientos coinciden: el problema es que el Ejecutivo no ha informado como debía. "La Generalitat ni siquiera nos avisó del cambio; tuvimos que llamarles nosotros cuando nos enteramos por los medios y por la primera persona que vino enseñando la carta en la que se comunicaba el cambio, ni siquiera nos dieron opción a recurrirlo", sostiene una portavoz del Ayuntamiento de Tarragona. Los servicios sociales de la ciudad llevan una semana recibiendo un alud de gente que se queja de los cambios realizados.

"La semana pasada la Generalitat les decía que todo eran mentiras de la asistenta social del Ayuntamiento, y estos días los remiten aquí en vez de darles explicaciones ellos mismos, que son los responsables de este desastre", se lamentan fuentes de la Área de Servicios de la Persona municipal. El Ayuntamiento recuerda que ellos solo se encargan de tramitar y gestionar las ayudas, ya que la RMI depende exclusivamente de la Generalitat. Además, según el Ayuntamiento de Tarragona, desde el 1 de mayo las solicitudes para acceder a la Renta Mínima de Inserción se encuentran paralizadas, y la Generalitat no acepta las presentadas a partir del 1 de julio.

El Departamento de Empresa y Ocupación asegura que cumplirá con los 34.000 receptores de la Renta Mínima de Inserción, sin concretar si se aceptarán las nuevas solicitudes. Una circular que recibieron los Ayuntamientos aseguraba que como el presupuesto para la RMI se había agotado, ya no se concederían más ayudas a los nuevos solicitantes. Un día después, el Gobierno desmintió esa información y la achacó al error de un funcionario.

El temor de quedarse sin prestación incrementa con un dato: las ayudas totales previstas en los Presupuestos de 2011 rozan las que ya hay concedidas. Para finales de año, están previstos cumplir con 35.000 expedientes, y fuentes del Departamento de Empresa aseguran que ya se superan los 34.000. En el informe que acompaña las cuentas, la Generalitat reconoce que está desbordada: el primer semestre de 2008 hubo 2.671 solicitudes para recibir el RMI; de noviembre de 2010 a este abril, fueron 11.695 peticiones.