La piqueta llega a Marbella

Fermín Rodríguez, propietario de Feyba Excavaciones, no daba crédito a la expectación levantada ayer por un trabajo para él rutinario, echar abajo un edificio. Pero no en Marbella, donde era el protagonista de un hito: ejecutar la primera orden de demolición que dicta el Ayuntamiento para una construcción ilegal de la etapa del gilismo.

El edificio, un bloque de apartamentos de cuatro plantas fue levantado por Naviro Inmobiliaria, una de las sociedades del promotor granadino José Ávila Rojas, procesado en el caso Malaya, sin licencia de obras y además en un suelo reservado como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y que será de equipamiento en el que se encuentra en tramitación en la zona de Río Real. Es decir, se trata de una construcción "manifiestamente ilegalizable" y sin ocupar -estaba aún en fase de revestimiento- de las que la Junta y el Ayuntamiento de Marbella pactaron en julio de 2008 que había que derribar de manera inmediata dentro del proceso de normalización urbanística del municipio.

El consistorio de Chiclana derriba la primera casa en suelo no urbanizable

La Junta espera que en Marbella se tiren otros siete edificios sin ocupar

Aunque en aquella lista se incluyeron ocho construcciones, todas ellas desocupadas, el Ayuntamiento sólo ha decretado de momento la demolición de dos de ellas, el bloque de apartamentos de Naviro Inmobiliaria, y una nave industrial en San Pedro, las dos que carecen de licencia y que resultaban por ello más sencillas de resolver. Por ello, la delegada provincial de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga, Josefa López, aunque reconoció que se trata de una "medida positiva", la consideró insuficiente y emplazó al consistorio a cumplir sus compromisos.

Se trata de la primera orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Marbella, todo un símbolo, pero no estrictamente de la primera medida de restitución. En octubre de 2007 otra promotora vinculada a Ávila Rojas derribó la estructura de seis chalés junto a la playa de El Arenal a iniciativa propia tras serle impuesta una multa de 59.000 euros y el deber de restituir el orden perturbado en un año.

El camino no ha hecho más que iniciarse y se aventura largo y tortuoso. El plan de normalización establecido en el PGOU en tramitación es objeto de una profunda discusión. Inicialmente contempla la legalización de 8.000 viviendas contrarias al planeamiento construidas en la ciudad en los últimos 18 años mediante un sistema de compensaciones para recuperar suelo de equipamiento ocupado por estas construcciones. El plan, que próximamente debe someterse a una segunda aprobación provisional, sólo dejará fuera de ordenación unas 500 viviendas, susceptibles de ser demolidas.

Mientras, en Cádiz el Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por PSOE, IU y PSA, ejecutó ayer el derribo de una vivienda ilegal. Algo nada habitual en una ciudad donde se contabilizan alrededor de 15.000 casas irregulares. Los propietarios son un matrimonio de Cádiz que vio ayer el fin de una segunda residencia, pensada para que habitara su hijo, que empezó a construir en 2006. Entonces la casa fue expedientada pero la construcción continuó hasta levantar una casa de 90 metros cuadrados, un trastero, una piscina y un cuarto para una depuradora. Tenían que derribar todo en la primera semana de marzo. Ayer se cumplía el plazo dado por el juzgado que ordenó la demolición y el Consistorio chiclanero ejecutó el derribo por su cuenta.

Esta medida tomada por el Ayuntamiento contrasta con la política desarrollada en este municipio, donde han proliferado las construcciones irregulares sin que se produjeran estas demoliciones, algo que había generado las quejas de la Fiscalía de Medio Ambiente. La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, reconoció ayer que en los últimos meses, debido al "reforzamiento de la disciplina urbanística", se han intensificado estas medidas. El de ayer fue el primero de una larga lista de demoliciones que se anuncian, ya que existen nuevos expedientes similares por ejecutar. El derrumbe de la casa llega un día después de que la Junta anunciase en el Parlamento el decreto para acelerar estos derribos.

La casa que cayó ayer tiene dueño, Juan Utrera, y una hipoteca por pagar. "Tendré que mirar con abogados porque a mí me concedieron un préstamo por esta casa y me la han tirado", aseguró. La demolición no le deja en la calle porque tiene residencia en Cádiz, pero su hijo aspiraba a vivir allí. Según el Ayuntamiento se construyó en suelo no urbanizable. En ese mismo suelo del camino de la Juerga del Pinar de los Franceses, la zona donde estaba la casa, permanecen en pie decenas de viviendas.