Todos a la carga contra el noble juez Torres

Las primeras jornadas del juicio del caso Malaya se han convertido en una especie de partida de caza mayor jurídica, en el que todos los abogados cooperan para cobrarse el mismo trofeo: la nulidad radical de la causa contra la corrupción en Marbella. Para lograr la pieza soñada, los abogados que han intervenido hasta ahora se han lanzado a un ataque -alguno con munición dialéctica de muy grueso calibre- contra el primer juez instructor de las actuaciones, Miguel Ángel Torres. Las arremetidas de los defensores han sido tan insistentes que en no pocos momentos daba la impresión de que el acusado era el magistrado granadino, y no los 95 procesados que, encabezados por Juan Antonio Roca, comparten el banquillo más poblado de la historia judicial española.

Todos las defensas alegan errores en la instrucción para pedir causa nula

Las primeras sesiones de la vista oral se dedican a la exposición y debate de las llamadas cuestiones previas. En este trámite, las partes pueden alegar irregularidades en la instrucción que hagan improcedente la acción penal. Los letrados no han dejado ningún resquicio de la macrocausa sin impugnar, desde las órdenes de detención, a los pinchazos telefónicos, pasando por los registros o la supuesta vulneración de las normas de reparto en los juzgados al asumir Torres la instrucción del caso Malaya.

Durante los primeros días, el magistrado que preside el juicio, José Godino, trató de contener los ataques más personales de los abogados -obligó al letrado Julián Chamorro a retirar la expresión "tortura" y pidió "respeto" hacia el juez Torres-. Las llamadas de atención hicieron que los defensores, entre algunos de los penalistas más prestigiosos de España como Horacio Oliva o Miguel Bajo, ambos catedráticos universitarios, moderaran su lenguaje. Sin embargo, en varias ocasiones rozaron la tarjeta amarilla.

La última jornada, el pasado miércoles, estuvo marcada por la acusación del letrado Alberto Urdiales al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, de ser el alto funcionario policial detrás de las siglas J. A. G. y vinculado a un supuesto pago de 200.000 euros de Roca a cambio de información. La acusación sin pruebas, que le ha valido a Urdiales una querella de González, dejó en un segundo plano las invectivas contra el juez Torres.

El abogado Nicolás González Cuéllar, defensor de los dueños de la promotora Aifos, fue uno de los más vehementes. Mediante un juego de paralelismos entre la instrucción del caso Malaya y los "métodos de los inquisidores dominicos y franciscanos", el letrado acusó al juez Torres de usar la amenaza de la prisión provisional como "medio de presión" para que los imputados declararan "en el sentido que se esperaba por parte del fiscal y el juez de instrucción". Es decir, que si admitían los delitos y declaraban contra sí mismos, a lo que no tenían obligación, no irían a la cárcel o saldrían de ella si cambiaban su testimonio inicial en el que negaban los hechos.

González Cuéllar aportó al tribunal un estudio en el que se señala que de los 57 imputados que estuvieron en prisión provisional, 45 vieron cómo cambiaba su situación personal inmediatamente o pocos días después de reconocer los delitos. Por el contrario, los que mantuvieron su inocencia ante el juez pasaron más tiempo en prisión. Eso sí, el letrado de Aifos, que sostuvo que sus clientes fueron "tomados como rehenes" y sujetos a la "extorsión" de los políticos marbellíes, reconoció que el juez Torres actuó "con el noble propósito de combatir la corrupción en Marbella, contra la cual la administración central y autonómica durante muchos años han seguido la política del avestruz".

Otros no le concedieron al instructor ni el beneficio de la duda. Fue el caso de Miguel Bajo. El letrado del ex concejal Tomás Reñones, uno de los ediles que nunca se autoinculpó, hizo suya una antología de epítetos que los abogados que intervinieron antes de él dedicaron a la instrucción de Torres: "Errática, elefantiásica, inquisitorial, llena de veneno...".

Bajo relató que el 20 de abril de 2007 acudió a los juzgados de Marbella con su entonces cliente Florencio San Agapito, ex comisario de policía, para declarar voluntariamente. El letrado subió al juzgado y dejó a su cliente en la calle. Durante mucho rato estuvo esperando a que el juez Torres le recibiera. Tras mostrar su disgusto a una funcionaria, el magistrado "en mangas de camisa y sacando pecho", le informó de que había mandado detener a San Agapito y que iba conducido a la comisaría de Málaga. El abogado protestó por una detención innecesaria y le dijo al juez que su responsabilidad era velar por los derechos fundamentales. Según Bajo, Torres respondió orgulloso: "Soy el jefe de la Policía Judicial".

"La corrupción administrativa la evitan los partidos políticos, pero no un juez instructor que se arroga el papel de enviado por alguien divino y que está fuera de los márgenes, los dictados y las limitaciones que las leyes establecen a los poderes públicos", dijo Bajo. Mientras tanto, Roca, sentado en la primera fila del banquillo, tomaba notas en un cuaderno. Como si la cosa no fuera con él.