El TSJA "no alberga duda alguna" de que Roca pagó al juez De Urquía

El caso irá a juicio oral y con gran cantidad de indicios. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasqau ha decidido que siga adelante la causa por prevaricación y cohecho en la que están imputados el juez Francisco Javier de Urquía, apartado del juzgado número 2 de Marbella, el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, y el amigo de ambos Arnau Fabrice Albouhair.

En un contundente auto, el magistrado dice no albergar "duda alguna" de que las anotaciones contables de 78.300 euros encontradas en los despachos del ex asesor de urbanismo "constituyen el reflejo de entregas efectivas que Juan Antonio Roca efectuó a favor de Francisco Javier de Urquía" en la compra de su vivienda y que puede concluirse "indiciariamente" que el juez imputado asesoró a Roca para conseguir la suspensión de un programa de televisión local sobre su patrimonio.

Con este escrito, el juez del TSJA da por terminada la instrucción de pieza separada del sumario del caso Malaya y pide que se solicite la apertura de juicio oral y la calificación fiscal de los hechos. Según el instructor, "puede concluirse" que Urquía asesoró a Juan Antonio Roca a través de Arnau Fabrice Albouhair, amigo común de ambos y también imputado en la causa. Para demostrarlo, los investigadores han aportado una conversación telefónica entre Roca y Albouhair en la que una voz en segundo plano aconseja sobre la mejor forma de interponer un escrito judicial. A pesar de que la policía científica no pudo establecer la coincidencia con la voz de Urquía, el magistrado mantiene que esta circunstancia no le impide concluir -"sobre la base de su apreciación y cotejo personal"- que se trata de la voz del juez imputado.

El magistrado pone especial énfasis en el hecho de que ni Roca ni Albouhair hayan facilitado la identidad de esta persona durante sus declaraciones y que "simplemente se limitaran a manifestar que Albouhair conoce a muchas personas versadas en Derecho y que la suspensión del programa fue un hecho notorio del que se habló mucho esos días en Marbella. "Una cosa es que fuese notorio que el programa se había suspendido y otra cosa distinta que se supiese que la medida cautelar se había alzado por falta de dos presupuestos procesales", anota el instructor.

Las explicaciones de Urquía y Roca sobre el presunto pago de 78.300 euros para la vivienda del juez imputado tampoco han convencido al magistrado, sorprendido por la insistencia de Roca durante la negociación de compra de la vivienda en saber qué cantidad figuraría en el contrato y cuál sería la "excedencia" que habría que pagar. "Juan Antonio Roca no se limitó a preparar un borrador aprovechando su experiencia en transacciones inmobiliarias, pues la redacción de ese borrador no era en absoluto necesario conocer lo que no habría de constar en el documento contractual", señala. El juez destaca que Roca realizó estas gestiones "ocultando deliberadamente su identidad a los vendedores", se hacía llamar Fernando, y subraya que no tendría "sentido alguno" si se tratase de una gestión lícita para un amigo.

El escrito indica que en el momento de la compra de la vivienda, marzo de 2006, el juez imputado tenía "escasa capacidad de ahorro" y hace referencia al hecho de que a partir de la detención de Juan Antonio Roca, el juez solicitara "de manera urgente" una ampliación al 100% del importe de la hipoteca. El juez había negociado tres pagarés de 60.000 euros a uno, dos y tres años con intereses. "Es claro que entre marzo y abril de 2006 debió de producirse una circunstancia que alterase los planes del comprador sobre el modo de pago de la vivienda (...) Puede servir de indicio que se había dejado preparada la implicación del Sr. Roca no sólo en la cantidad entregada inicialmente, sino también en las cantidades aplazadas (180.000 euros), si bien este instructor ha de manifestar que este último extremo no puede darse como suficientemente apoyado en indicios elocuentes", afirma el magistrado.