El PSOE quiere limitar ya el sueldo de los directivos municipales
Toscano impulsará la regulación sin esperar a que se constituya la nueva FAMP
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Cuando los grupos políticos aprobaron el año pasado la recomendación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para homogeneizar los sueldos de los alcaldes, se quedó sobre la mesa otra propuesta: poner tope a los salarios de cargos municipales no electos. El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, quiere retomar ya esta tarea con la idea de que el acuerdo esté listo para ser aplicado a final de año.
Toscano no va a esperar a que se apruebe la nueva composición de la FAMP, para lo que hay de plazo hasta noviembre. "Mi idea es empezar a trabajar ya con este tema, que me parece de los más importantes que tenemos pendientes y el que tiene desencajados la mayoría de los presupuestos de Ayuntamientos", afirma el también alcalde de Dos Hermanas. "Desde el grupo socialista lo vamos a intentar e incluso hay alcaldes del PP que me han dicho que es importante retomarlo", sostiene.
La propuesta busca homogeneizar también los salarios de los funcionarios
El acuerdo fijará escalas salariales según el tamaño de los municipios
Los partidos llegaron a acordar hace un año un primer borrador de propuesta que se llevó a una Comisión Ejecutiva de la FAMP. La intención era homogeneizar los sueldos en varios ámbitos: el de los funcionarios y el personal laboral de los Ayuntamientos; los funcionarios altos cargos (secretario, interventor y tesorero), cuyas nóminas superan en algunos casos a las de los regidores; y el de los altos cargos de confianza, el verdadero agujero negro de los gastos de personal de muchos municipios. Sin embargo, los dirigentes de la FAMP apuntan a que quizá sea esta tercera pata la más fácil de regular. "No hay un nexo laboral que permita a estos cargos reclamar determinadas condiciones", afirma Toscano. Es cuestión de que los partidos lleguen a un acuerdo, los alcaldes lo apliquen y el directivo lo asuma si quiere seguir en el cargo.
En las primeras tomas de contacto entre los grupos, se habló de que los altos cargos elegidos a dedo (por ejemplo, los gerentes de las empresas municipales) tuvieran un sueldo máximo de 69.000 euros brutos anuales (60.000 más un 15% adicional en función de la importancia de la empresa). En Sevilla, por ejemplo, las nóminas de los máximos responsables de las principales empresas municipales superan con mucho esa cifra.
La propuesta todavía hay que madurarla, advierte el presidente de la FAMP, que asume que, más difícil que homogeneizar el sueldo de los cargos de confianza, va a ser conseguir un acuerdo para los funcionarios y el personal laboral. La actual directiva de la FAMP tiene claro que la propuesta no solo ha de recabar el consenso de todos los partidos, sino también de los sindicatos más representativos en el ámbito municipal (CC OO, UGT y CSIF).
En aquel acuerdo inicial que se llevó a la Comisión Ejecutiva se establecían topes según los grupos y subgrupos profesionales (A, B, C, A1, A2...), pero en la reunión se constató que estas recomendaciones de salarios podían ser muy elevadas para los municipios de menor tamaño. Fue entonces cuando la FAMP decidió aparcar la propuesta, a la espera de hacer un estudio sobre los sueldos una vez pasadas las elecciones y constituidos los nuevos gobiernos municipales, la tarea que ahora quiere reactivar Toscano.
El presidente de la FAMP entiende que el acuerdo debe establecer una horquilla de sueldos no solo según la categoría del trabajador, sino también del tamaño del municipio, para que no pase lo que ya advirtieron los regidores de las localidades pequeñas. Además, se podría fijar también una escala en el tiempo: primero congelar los sueldos (ya están congelados la mayoría) y luego irlos reduciendo hasta alcanzar los topes establecidos. "Si la reducción es demasiado brusca al final nadie la cumple", asume el presidente de la FAMP, que confía en que los partidos políticos conseguirán orillar sus diferencias para buscar un punto de encuentro: "A todo el mundo le interesa una base de acuerdo porque luego todos sabemos las presiones que hay en los municipios", apunta Toscano. "Es bueno que haya un documento en el que los alcaldes puedan apoyar sus decisiones".
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