La Junta prepara las reclamaciones de las subvenciones directas desde 2001

Las subvenciones directas a las empresas concedidas entre 2001 y 2010 son uno de los mayores quebraderos que afronta la Consejería de Empleo en el escándalo de los ERE fraudulentos. Casi un año después de que saltara el caso, la Junta ha modulado su posición inicial en defensa de la legalidad de las ayudas (65 millones) concedidas a discreción. Si hasta el mes pasado el Ejecutivo defendía la legalidad de todas las ayudas pese a que muchas carecían de estudio de viabilidad de la empresa y control a posteriori del destino del dinero, ahora está dispuesta a reclamar parte de los fondos públicos entregados.

Para la inmensa mayoría de las ayudas, el cambio de postura llega tarde puesto que la ley fija en solo cuatro años el plazo para iniciar el trámite administrativo que exija el reintegro de una ayuda concedida de manera irregular. Es decir, todas las reclamaciones de subvenciones concedidas con anterioridad a 2008 (la mayoría) han prescrito, según la ley. "Desde que la Junta sospecha que estamos ante una causa de nulidad de la subvención, debe iniciar el proceso. Todas las subvenciones igual de nulas que las incorporadas al caso, prescribirán por culpa de la inacción. ¿Cuánto tiempo lleva la causa? ¿Un año? Pues un año que llevamos de tiempo perdido", lamentan fuentes del caso que piden el anonimato.

Muchos reintegros han prescrito tras el plazo de cuatro años que fija la ley

La agencia IDEA (pagadora de las ayudas) cifró las subvenciones directas en un informe enviado a la juez Mercedes Alaya: 121 expedientes de un total de 584, con un costo de 65 millones. El problema es que la cifra entregada a discreción es mayor porque numerosos pagos no pasaron por IDEA gracias al sistema de "pagos cruzados" por el que la Dirección General de Trabajo ordenaba pagos directamente a las aseguradoras. ¿A cuánto asciende entonces la cifra real de ayudas directas? De momento no existe una estimación certera.

El giro institucional lo escenificó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, cuando informó de que la Junta denunció ante Alaya una "trama" de 18 empresas que habrían percibido de manera ilegal 20 millones. Miembros de esta supuesta trama son empresarios como Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años, y los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. La Junta ve indicios de "enriquecimiento ilícito" por parte de los empresarios a través de "la omisión de los trámites esenciales en el procedimiento de concesión de subvenciones".

Fuentes de Empleo han confirmado de manera escueta que la reclamación del dinero se iniciará en breve: "Sí, vamos a pedir la devolución". Todo apunta que los servicios jurídicos de la Junta estaban esperando como agua de mayo el espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que finalmente llegó hace dos semanas. La Junta se negó a pagar dos ayudas directas y los beneficiarios recurrieron la decisión al TSJA, que las anuló. Fueron dos sentencias que confirmaban que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, concedió dos subvenciones que carecían por completo de expediente "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos".

La pelea judicial que se avecina entre la Junta y los empresarios beneficiados será ardua, pero la Junta tendrá muy difícil rebatir el argumento clave: el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones 38 /2003: "Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro desde el momento de la concesión".

Porque la Junta confía en que la juez depure responsabilidades e investigue todas las ayudas, una por una, a lo largo de la instrucción penal. En ese caso el Tribunal de Cuentas ordenaría el reintegro del dinero. Sin embargo, obviamente será un trabajo laborioso y puede que ciertas ayudas escapen a la instrucción judicial por falta de indicios, y además la devolución se puede retrasar años. La juez decidirá sobre la legalidad de ayudas como esta: Hotel La Posada del Moro y San Goy, empresas relacionadas de la Sierra Norte sevillana, dispusieron de 900.000 euros de los fondos públicos de la Junta. Su representante presentó a Empleo una memoria justificativa del dinero entregado para la ampliación de su hotel: 20 nuevas habitaciones, un salón polivalente, biblioteca, una piscina de mayor capacidad y un friegaplatos "de mayor capacidad".