La Junta pide a la juez Alaya la devolución inmediata de las actas

La Junta de Andalucía no ha marcado, porque ni quiere ni puede, un plazo a la juez Mercedes Alaya para que le devuelva las actas del Consejo de Gobierno, pero las quiere de regreso a sus archivos "con la mayor brevedad". Así se expresó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, un día después de que se conociera el auto de la Audiencia de Sevilla, en el que considera que la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) no explica en qué hechos basa su desconfianza en la Junta.

La magistrada ordenó el pasado 4 de abril a la Junta el envío en un plazo de 72 horas de todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 porque barajaba "la hipótesis" de que el Ejecutivo podía alterarlas, es decir, cometer una ilegalidad. La Audiencia ha revocado esta decisión y ahora es la Junta la que le pide a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla que le dé lo que es suyo.

El Gobierno andaluz valoró ayer con "satisfacción" esta decisión del tribunal y sus servicios jurídicos pidieron a la juez que fije una fecha para el retorno de los documentos.

También, y no es una cosa menor, aprovechó para solicitarle "otra vez" que remita a la sala de conflictos del Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición planteado por el Gobierno andaluz hace tres meses.

El Ejecutivo planteó este contencioso cuando la juez de los ERE pidió todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001, la fecha en la que la Junta, a través de un convenio, comenzó a pagar las prejubilaciones de los trabajadores de empresas en crisis. En ese proceso se ha defraudado dinero público, nueve millones de euros, según estima la Junta.

La propia investigación interna de la Consejería de Empleo ha detectado al menos la presencia de 72 personas intrusas, de un total de 5.982 trabajadores, que recibieron estas ayudas sin tener derecho a las mismas. También hay 111 personas cuya presencia en los ERE presentan dudas.La petición de la juez Alaya sorprendió a todo el mundo porque se trataba de una medida cautelar que dejaba la marca de la Junta de Andalucía y de sus responsables por los suelos. En vez de concretar qué documentos eran necesarios para la investigación penal, la instructora pidió todas las actas de los consejos de la última década. "Si conociera qué actas son relevantes para la investigación solo pediría esa", se excusó la juez en uno de sus autos.

La Junta mantiene que las actas son reservadas, pero sobre todo, opina que solo el Ejecutivo tiene la potestad, según la ley autonómica del Gobierno, de decidir si levanta la reserva.

Por este motivo planteó un conflicto de jurisdicción que deberá ver el Tribunal Supremo. Este será el que diga qué hay que hacer. La juez aún no se ha inhibido pese a que debió hacerlo "tan pronto" como se pidió la suspensión y la Junta cree que la magistrada podría infringir la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales. El pasado 23 de mayo la Junta se dirigió al Tribunal Supremo para que interviniera.

Pese a todo, el Gobierno no va a plantear ninguna medida de presión contra la magistrada y no se plantea recusarla. "A día de hoy no tenemos intención de recusar a nadie. Todo lo contrario, sino colaborar con la juez y sentar en el banquillo a los responsables del fraude", señaló Mar Moreno.

La también portavoz del Gobierno de José Antonio Griñán afirmó que el auto de la Audiencia "devuelve la imagen de un Gobierno serio y riguroso que combate la corrupción". Moreno reconoció el daño que ha hecho a la Junta la imagen que recogieron todas las televisiones de un operario trasladando en un carro el armarito gris blindado donde fueron depositadas las actas.

El armario guarda 11 sobres lacrados con las actas, está situado en los juzgados de guardia de Sevilla y está custodiado por la Guardia Civil las 24 horas del día. "La justicia debe confiar en la Junta de Andalucía como la Junta de Andalucía confía en la justicia", dijo la consejera de la Presidencia, quien insistió en que el Gobierno "no tiene el más mínimo interés en confrontar con el juzgado. Creemos que este auto señala que no hay razones para desconfiar de un poder del Estado".

Mientras tanto y 30 meses después de que Alaya iniciara la investigación del mayor fraude detectado en Andalucía aún no hay ninguna investigación cerrada.