Invitado a tirarse a la piscina

La investigación judicial sobre un posible cohecho en la concesión de la explotación de la piscina municipal de El Puerto de la Torre, en Málaga, pone en la picota al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz (PP), y al empresario Enrique Vega, que ha tenido diversos contratos con el Ayuntamiento y dirige Central Ciudadana, una asociación cívica próxima al PP.

Antonio López Belda, uno de los socios de la unión temporal de empresas que resultó adjudicataria de la instalación deportiva ha declarado a la fiscal encargada del caso que acudió al concurso animado por el concejal de Urbanismo, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. López Belda es administrador de una sociedad que gestiona centros deportivos en Alicante (Explotación y Desarrollo de Servicios Deportivos), pero el concurso de Málaga incluía también la construcción de unas pistas deportivas de pádel y tenis contiguas a la piscina, para lo que López Belda reconoce que carecía de capacidad económica. Según su testimonio, para buscar un socio el propio concejal le presentó a Enrique Vega, quien a su vez lo puso en contacto con el constructor Augusto Parody, administrador de Incomar Blue, con quien finalmente llegó a un acuerdo para unirse y concurrir al concurso abierto, en el que resultaron adjudicatarios al ser la única oferta presentada, por acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del 30 de abril de 2008.

El edil compró un coche a uno de los socios beneficiarios de la concesión

El contrato no se firmó hasta casi un año después, el 7 de abril de 2009, y ya para entonces López Belda había renunciado a sus derechos por discrepancias con su socio. Según ha confesado a la fiscal, se sintió utilizado y engañado, porque su compromiso era el de asesorar en la gestión de la instalación deportiva, y en cambio el socio le exigió aportaciones económicas para correr con gastos de mantenimiento y pago de nóminas; y aún hoy le adeuda 20.000 euros.

La gestión de la piscina levantó pronto numerosas protestas de los usuarios, y la propia Fundación Deportiva Municipal ha reconocido anomalías e incumplimientos de las obligaciones por parte de la adjudicataria. López Belda ha dicho a la fiscal estar convencido de que su socio, que tenía cuantiosas deudas y embargos, nunca tuvo interés alguno por la explotación del complejo, sino que perseguía otros fines.

Uno de los extremos que investiga el juez es por qué el concejal de Urbanismo tiene un vehículo todoterreno Mazda que perteneció a Parody. Manuel Díaz aportó ayer a EL PAÍS una copia del contrato de compra del coche con el promotor, suscrito en septiembre de 2009, cinco meses después de la firma del contrato de concesión de la explotación y de la transferencia bancaria por 20.000 euros de los 26.000 que dice le costó el vehículo.

Díaz, que reconoció la relación de amistad familiar con López Belda -su hermano, Alberto Díaz, director de la junta de distrito de Cruz de Humilladero es padrino de una hija del empresario alicantino-, negó haberle instado a participar en el concurso y dijo que se enteró por sus propios medios ya que había realizado servicios en otras piscinas de Málaga.

Díaz insistió en que en todo el procedimiento no hay "ninguna ilegalidad, ni conexiones ni relaciones extrañas". El concejal dijo desconocer que los obreros polacos que le hicieron unas obras de reforma en su vivienda eran trabajadores de una empresa de Enrique Vega y que trabajaron además en una subcontrata de mantenimiento en la piscina del El Puerto de la Torre. Díaz explicó que preguntó a Vega -"y a otras muchas personas más"- si conocían alguien de garantía que pudiera hacerle las obras y que Vega le dijo que conocía a una familia de polacos que trabajaban muy bien", por los que finalmente se inclinó. Los contrató como trabajadores autónomos -se dieron de baja en la empresa de Vega, a la que luego volvieron a cursar alta temporalmente- con un presupuesto de obras de 70.000 euros.