La Fiscalía rechaza anular el juicio del 'caso Ballena Blanca'

El juicio del caso Ballena Blanca, la presunta trama de blanqueo de capitales centrada en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle, se reanudó ayer tras cinco semanas de suspensión para que las partes pudieran examinar más de 200.000 folios de documentación a la que no habían tenido acceso. Estos documentos, ordenados en más de 600 archivadores, fueron incautados en el bufete de Del Valle y corresponden a todos los clientes que tenía el despacho hasta marzo de 2005, cuando estalló la operación policial.

El abogado de Del Valle, Horacio Oliva, insistió en que el caso Ballena Blanca, instruido por el juez Miguel Ángel Torres, fue una "investigación prospectiva", que "puso al descubierto a todo un despacho y la intimidad de sus clientes, con desprecio de los derechos fundamentales". Para Oliva, los nuevos documentos -un "verdadero amasijo de papeles"- suponen "la prueba de Santo Tomás de que todo un despacho ha sido investigado" y, por lo tanto, la prueba es "ilícita". Por ello, al igual que hizo en las jornadas previas a la suspensión, Oliva reclamó la nulidad de las actuaciones o, en caso de que la sala no la acepte, que se devuelva todo el sumario al juzgado de instrucción.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, rechazó la pretensión de la defensa de Del Valle, secundada por la mayoría de los abogados de los otros 18 acusados, y pidió la continuación del juicio. El fiscal considera que las escuchas telefónicas, denunciadas también por Horacio Oliva, fueron válidas porque, dijo, Del Valle no es un abogado que se dedique a la defensa jurídica de sus clientes, sino a crear empresas para "ocultar" el origen de sus inversiones. Para ejercer esta actividad, recordó López Caballero, "es indiferente la condición de abogado".

La vista volvió a tener otro protagonista ausente, el juez Torres, cuya labor fue duramente criticada por el abogado José Carlos Aguilera, defensor de uno de los notarios acusados. Aguilera acusó al magistrado instructor de Ballena Blanca y Malaya de "poner de moda la incautación masiva de documentos". El fiscal recordó que las resoluciones del juez fueron recurridas por las defensas y ratificadas casi en su totalidad por la Audiencia Provincial.