Aznalcóllar, catástrofe impune

Trece años después del desastre ecológico que desencadenó la rotura de la balsa de Aznalcóllar (Sevilla) la empresa sueca Boliden, propietaria de la mina y del embalse, no ha pagado por los daños generados en el entorno del río Guadiamar y de Doñana. Y tampoco espera hacerlo. Al menos, es lo que sostiene la compañía, que en su última memoria anual indica que no prevé que los pleitos que tiene abiertos tengan "un impacto negativo significativo en los beneficios de explotación de Boliden, la rentabilidad o la situación financiera".

Después de agotar la vía penal, la civil y estar pendiente todavía de la administrativa, la Junta de Andalucía, que reclama a Boliden 89,8 millones de euros por la restauración medioambiental de la zona, acudió al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, donde se han personado los acreedores de la multinacional. El Gobierno central también ha intentado ejecutar por la misma vía la sanción de 43,7 millones que le impuso a la compañía, confirmada por el Tribunal Supremo en 2005. Pero la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar las sanciones.

El proceso avanza un paso y retrocede dos. La última decisión judicial data del 12 de noviembre de 2010, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla revocó el auto que había permitido el embargo de 141 millones a la matriz. El Juzgado de lo Mercantil decretó este embargo cautelar en junio 2007 para hacer frente a las reclamaciones de los acreedores. Fue un paso importante, ya que implicaba el denominado levantamiento de velo, con lo que se hacía responsable a la matriz de las decisiones y las deudas de la filial. La Corte de Apelación de Suecia aceptó en octubre de 2008 que se embargara a la empresa. Pero Boliden recurrió y hace seis meses la Audiencia Provincial de Sevilla dio la razón a la compañía y revocó la medida cautelar. Los servicios jurídicos de la Junta sostienen que la Audiencia Provincial entiende que, "pese a que se dan indiciariamente los caracteres de grupo empresarial a los efectos del levantamiento de velo", rechaza el embargo "al tratarse de un grupo empresarial suficientemente solvente".

Que la catástrofe existió es innegable: por la brecha de 50 metros de ancho que se abrió en el muro del embalse se vertieron unos seis millones de metros cúbicos de residuos, de los que cuatro millones eran aguas ácidas cargadas de metales pesados procedentes de la actividad minera. El problema durante estos 13 años ha sido encontrar al culpable de la rotura de la balsa, que afectó a una superficie total de 4.634 hectáreas.

A los dos días de producirse el vertido, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor abrió una investigación en la que estuvieron imputados 26 técnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas responsables de la construcción de la presa en 1978. Pero el juzgado archivó el caso a finales de 2000 y cerró la vía penal.

La Junta intentó entonces reclamar por la vía civil, en concepto de daños y perjuicios, el coste de la retirada de los lodos y la restauración. Pero la justicia entendió que tampoco ese era el camino, que la vía adecuada era la administrativa. El Gobierno regional abrió entonces un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones reclamados. La compañía llevó el expediente a la justicia y ahora se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Paralelamente, Boliden demandó a las empresas que construyeron y ampliaron la presa de Aznalcóllar, a las que reclamó 248 millones. Con ese dinero, según la compañía, pretendía hacer frente a las reclamaciones de las Administraciones y de sus acreedores. Pero un juzgado de Madrid, donde se llevó el caso, eximió a las constructoras de la balsa de culpa, con lo que esta vía también encalló.

Tras el desastre, la empresa decidió cerrar la mina. 425 empleados se quedaron sin trabajo en 2001. Al año siguiente, se presentó un Expediente de Regulación de Empleo por el que se prejubilaron 275 extrabajadores. Costó 58,6 millones. Dos terceras partes fueron abonadas por la Junta y un tercio lo aportó la empresa sueca. El Gobierno central subvencionó una mínima parte, 1,7 millones. Alrededor de 75 extrabajadores de empresas auxiliares de la compañía minera fueron recolocados en compañías como Egmasa.

"El principal problema con los pagos vino a los dos años después del desastre, cuando la Junta denunció que Boliden no había pagado la limpieza de la zona contaminada por el vertido", recuerda Javier Eire, exapoderado de la empresa sueca en Andalucía. Los exmineros siguen cobrando sus pólizas desde entonces.