Hernández firmó desde la Diputación un informe técnico para una querella del PP

En su periplo profesional desde la Xunta a los consejos directivos de las empresas que habían recibido obras de su consellería el diputado del PP Agustín Hernández no se olvidó del partido. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes y candidato a ocupar la cartera de Obras Públicas en la futura Xunta prestó importantes servicios a la formación conservadora durante la anterior legislatura.

Corría enero de 2008. Hernández acababa de abandonar sus cargos en las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzadas para incorporarse como director de infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. Su presidente, Rafael Louzán, lo presentó en rueda de prensa el 15 de enero. Sólo dos semanas más tarde, el 29, Hernández firmó el informe técnico sobre el que el PP basó toda la argumentación jurídica para presentar una querella criminal contra la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de la autovía del Barbanza.

En su denuncia el PP censuraba el cambio de criterio de la Xunta para "beneficiar" en la concesión de la obra a una constructora del grupo Sacyr en detrimento de San José. En la querella, los populares acusaban de "prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar las cosas y negociaciones prohibidas" a dos altos cargos y a dos funcionarios de la Xunta, todos del departamento que presidía María José Caride. El juez decano de Santiago, Francisco José Míguez Poza, pronto admitió a trámite la querella e hizo declarar a los cuatro trabajadores de la administración bipartita en la semana previa a las elecciones generales de marzo. Desde hace más de un año, el juez mantiene imputados a los cuatro cargos desoyendo las peticiones del ministerio fiscal, que ya ha solicitado el archivo del caso.

El dictamen que Hernández firmó cuando ya estaba a sueldo de la Diputación de Pontevedra concluye que la decisión de la Consellería de Política Territorial encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" el coste que, bajo la fórmula de peaje en la sombra, la Xunta deberá abonar a la adjudicataria durante el plazo de la concesión. El razonamiento y la imputación todavía no rectificada por el juez de los cuatro trabajadores de Política Territorial sirvió al PP para lanzar una dura campaña contra Caride y Touriño, a quienes acusaron de urdir prácticas corruptas.Con su número de colegiado, 9.154, encabezó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agustín Hernández en enero de 2008 el informe técnico que avaló la querella criminal del Partido Popular contra la Xunta. Su dictamen es una prolija explicación de la tramitación administrativa que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, siguió, al llegar al cargo, para adjudicar la autovía del Barbanza a la constructora Itínere, del grupo Sacyr.

En seis páginas, Hernández concluye que el bipartito no respetó las condiciones de la licitación y que, como consecuencia, su decisión de encargar la obra a Sacyr -en perjuicio del Grupo San José- la infraestructura se encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" hasta 2038. Todo esto lo argumentó Hernández en su condición de ingeniero de Caminos. Lo que no detalló en el dictamen que su partido envío al juez fue su determinante participación en los inicios del expediente. Ni su cargo en el momento de emitir su diagnóstico, al frente de la dirección de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el PP.

El escrito sí subraya, por ejemplo, que la Administracion [anterior, del Partido Popular] especificaba que los "licitantes no podrían introducir modificaciones en el proyecto". Pero Hernández evita mencionar en el capítulo dedicado a los "antecedentes" del concurso que todo eso lo sabe porque él mismo había redactado el anteproyecto de la obra y presidido después la primera mesa de contratación como director general de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Fraga. "Para el técnico que suscribe", continúa la explicación de Hernández, "la ejecución de la obra en condiciones diferentes a las establecidas en la licitación supone un grave perjuicio al ciudadano y un notable beneficio al adjudicatario". Esa conclusión es la que el PP quería escuchar en el juzgado y lo que le llevó a pedir en la querella la citación como testigo del propio Hernández. El caso sigue en manos del juez decano de Santiago que desde hace meses desoye los requerimientos del fiscal para decretar el archivo. A raíz de la denuncia, dos subordinados de Hernández durante su época como alto cargo en la Xunta permanecen todavía imputados. Ayer, como durante toda la semana pasada, este diario intentó sin éxito contactar con el parlamentario para conocer su versión. El diputado prefirió explicarse a través de un comunicado del PP. Anunció que encargará un informe a un "abogado independiente" para demostrar que cumplió la Lei de Incompatibilidades de 1996, cuando dio el salto desde la Xunta al equipo directivo de dos constructoras a las que su consellería había adjudicado infraestructuras por más de 30 millones de euros. Las conclusiones de su letrado se comprometió a enviarlas a la Consellería de Presidencia, que es la que "en teoría abrió la investigación". La nota la facilitó el PP con el objetivo de "responder a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación".

Las explicaciones no convencieron al presidente de la gestora del PSdeG. En una entrevista en la Cadena SER, Ricardo Varela apeló directamente al futuro presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le pidió que exija la renuncia de Hérnandez al escaño. El dirigente socialista pronosticó que, si no lo hace, entonces será Feijóo el que acudirá "bajo sospecha" al debate de investidura.