Feijóo permitirá mantener negocios privados a los asesores de la Xunta

De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la Administración autonómica.

La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Facenda a los sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos, sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad.

El personal de confianza ya no hará declaración de bienes y actividades

Socialistas y CIG critican la elección a dedo de los cargos administrativos

Como consecuencia de este cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales, directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta.

Así, dejarán de ejercer sus funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra profesión por cuenta propia o ajena y con cargos en empresas y sociedades concesionarias. A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección, representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios.

Fuentes de la Consellería de Facenda explicaron que el motivo de la retirada de los asesores de la Ley de Incompatibilidades es evitar que, una vez abandonado el puesto, puedan percibir el llamado plus de altos cargos. Ese complemento permite a los funcionarios de carrera que ocupen un puesto de designación política consolidar el nivel administrativo y salarial cuando cesen en sus funciones. Facenda explica que los asesores seguirán teniendo el mismo régimen de incompatibilidades que los demás empleados públicos. De ese modo no podrán percibir más de un sueldo de la Administración ni participar en empresas que contraten con el sector público. Sin embargo, podrán mantener actividades o negocios privados remunerados siempre que no coincidan con los asuntos que deben gestionar en virtud de su puesto en el Gobierno.

La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.

Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre otros entes.

La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función Pública, conocida el martes, que recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio. El diputado del PSdeG José Manuel Lage arremetió a este respecto contra lo que considera un premio a los funcionarios por su "obediencia partidaria" y no por "su capacidad".

Según Lage, el consellerio de Presidencia, Alfonso Rueda, y Feijóo "cuelan por la puerta de atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios "sin criterios objetivos ni medibles". El diputado socialista considera que las políticas de la Xunta "huyen de la austeridad" y "evitan una reforma en profundidad" de la Administración. Ante ello, Lage animó a los sindicatos "a rebelarse" contra la discrecionalidad de la que "quiere hacer uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos o malos", en función de sus preferencias políticas.

La CIG no esperó a la petición de los socialistas para criticar la reforma de la Lei de Función Pública, que, acusó, consagra la elección "a dedo" de las jefaturas de servicio y la posibilidad de mandar "en cualquier momento a cualquier lugar" de la comunidad al personal funcionario. El sindicato nacionalista lamentó que "no se deja tiempo material" para la exposición pública y el debate democrático del documento, con el que "se pretende una reforma reaccionaria" de la ley "por la puerta de atrás" y que estará en vigor el día 1 de enero.