El Celta declara suspensión de pagos ante la amenaza de desaparición

El Celta de Vigo solicitó ayer al juez acogerse a la ley concursal, como primer paso del plan trazado por su presidente, Carlos Mouriño, para evitar la disolución del club. Con la aplicación de la antigua suspensión de pagos, el consejo de administración elude el riesgo de descenso administrativo a Segunda B, al que se llegaría si el 30 de junio no cumple sus compromisos con los futbolistas. Aplazado el peligro de descenso, el Celta deberá conjurar a partir de ahora el de liquidación, a la que se llegará si en el plazo de tres meses no es capaz de suscribir un convenio de acreedores.

La gestión del club la supervisarán tres administradores judiciales

Con 84 millones de euros de deuda bruta, el club negocia a varias bandas el acuerdo que evite su disolución. La aceptación de la solicitud de acogerse a la concursal, formalizada ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, convertirá a los futbolistas en acreedores. Al igual que el resto de reclamantes, se les aplicará una quita de hasta el 50% de la deuda y cobrarán el resto en el plazo máximo de cinco años. Pero por encima del acuerdo al que el club pueda por llegar con los jugadores, las negociaciones de las que realmente depende el futuro del club de Balaídos son las que mantiene con Caixanova, principal acreedor del club, con una deuda neta de 24 millones de euros. Un tercio de esa cantidad no está avalada, por lo que una reclamación por impago obligaría a liquidar su patrimonio.

Las otras dos patas de la negociación son Hacienda y el Ayuntamiento. En el primer caso, para abordar una deuda que se aproxima a los 20 millones de euros. En el segundo, para renovar el convenio para el uso de instalaciones municipales por el club, fundamental no tanto desde el punto de vista financiero como contable: para poder proponer a los acreedores la publicidad estática en el capítulo de ingresos, el Celta precisa renovar el acuerdo con el Ayuntamiento. Su intención es hacerlo por un período de 20 años, el mismo que el que está a punto de expirar.

El hermetismo del club respecto a su situación judicial es total. El consejo de administración zanjó ayer el asunto en un comunicado de prensa de una sola frase, en la que se limita a confirmar la presentación en el registro del juzgado "la documentación necesaria para acudir a la ley concursal". También las negociaciones con Caixanova se llevan con total sigilo, aunque el presidente del club anunció recientemente su disposición a aportar desde una de sus empresas 15 millones de euros, que se destinarían a sufragar la deuda con la caja de ahorros para pasar a convertirse en acciones del club.

El primer efecto que tendrá la aplicación de la ley concursal será el nombramiento de tres administradores judiciales, que se encargarán de supervisar la gestión de la entidad. Se trata de un abogado con experiencia concursal, un auditor de cuentas y un supervisor de crédito. Uno de sus primeros cometidos será establecer el activo y el pasivo de la sociedad, después de revisar el capital del que dispone y sus deudas. Será el paso previo al convenio de acreedores, del que dependerá el plan de viabilidad de la sociedad anónima deportiva. Por último, el juez calificará el concurso, se depurarán responsabilidades y se cerrará el proceso en un máximo de cinco años.

Los directivos del Celta no ocultan el riesgo de desaparición del club, un peligro que, según su consejera Carmen Avendaño, "se corre en estos momentos". Carlos Mouriño ha reiterado, desde que se hizo con la mayoría de las acciones y se convirtió en presidente del club, que la deuda es un problema heredado de la anterior directiva, de la que él mismo formó parte. En una reciente entrevista en el periódico del club, el presidente aseguraba que se enteró de la deuda después de coger las riendas de la sociedad "Y lo único que pensé fue en sacarlo adelante", manifestaba. Sin embargo, la anterior directiva, presidida por Horacio Gómez, ha asegurado en varias ocasiones que Mouriño y su equipo conocían a la perfección la situación del Celta.

Precisamente para hacer frente a esa deuda, la junta de accionistas aprobó en diciembre pasado la propuesta del consejo de administración de ampliar capital por importe de 50 millones de euros, una operación que nunca se llegó a ejecutar. La alternativa consiste en la solicitud de acogerse a la ley concursal, al que llega sin acuerdo con Caixanova, a pesar de las intensas negociaciones de las últimas semanas.

En el plano deportivo, el Celta, que volverá a competir en Segunda División, ha seguido realizando fichajes para la próxima temporada con relativa normalidad. La semana pasada, el club presentó al nuevo entrenador, Pepe Murcia, y anunció dos fichajes. Hoy mismo, la directora de márketing, Marián Mouriño, hija del presidente, realizará un balance ante los medios de comunicación sobre la temporada que acaba de finalizar.