Agustín Hernández trabajó para otra firma tras darle una obra en funciones

El diputado del PP Agustín Hernández, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, a quien representa en el traspaso de poderes y favorito para dirigir infraestructuras y medio ambiente en la futura Xunta, fue contratado al abandonar el Gobierno gallego por dos empresas que habían recibido adjudicaciones millonarias de su departamento, la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga. Antes de fichar, en septiembre de 2006, como consejero de Puentes y Calzadas -concesionaria del 30% de la autovía del Salnés, en virtud del contrato adjudicado por Obras Públicas en junio de 2005-, Hernández desempeñó durante diez meses el cargo de director de construcción en Sercoysa, un grupo al que Política Territorial también había otorgado entre 2003 y 2005 obras por un importe superior a 1,5 millones de euros.

El último de los encargos lo obtuvo esta constructora pontevedresa en un concurso público que la Consellería de Política Territorial -que presidía Feijóo y en la que Hernández ejercía de número tres- falló semanas después de las elecciones autonómicas, cuando el PP ya había perdido el Gobierno. El 29 de julio de 2005, el Ejecutivo en funciones de Manuel Fraga adjudicó a Sercoysa la urbanización de una carretera entre Darbo y Aldán en el municipio de Cangas por 530.112 euros. El contrato fue hecho público la víspera de la toma de posesión del bipartito. Un par de meses antes, en junio, el departamento de Hernández había encargado también a Sercoysa la urbanización de una vía alternativa en Ponte da Barca, en Pontevedra, por 106.514 euros. En los dos ejercicios anteriores, los de 2003 y 2004, Obras Públicas había reservado partidas para la misma firma por más de 1,2 millones de euros en dos infraestructuras distintas.

Tras perder el poder y abandonar la Xunta, en agosto de 2005, el ex alto cargo de Política Territorial tardó apenas dos meses en dar el salto al sector privado. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández se convirtió en director de construcción y apoderado de Sercoysa el 14 de octubre de 2005. La legislación autonómica no impedía entonces que los altos cargos del Gobierno gallego se incorporasen a empresas con las que trabajaron desde la Administración, una incompatibilidad que sí figuraba en la normativa estatal y que el bipartito estableció a través de un decreto sin efectos retroactivos en 2008.

Al ser consultado por EL PAÍS, Hernández, que estos días ha atacado al Gobierno de Touriño por adjudicar obras estando en funciones, defendió su trayectoria amparándose en la ausencia de un marco legal que limitase las actividades privadas de los altos cargos. Su superior en la Xunta hace cuatro años y próximo presidente, Alberto Núñez Feijóo, avaló ayer ese argumento. "Lo importante es que se cumpla la ley, eso es lo fundamental", dijo a los periodistas.

El futuro jefe del Ejecutivo defendió como "bueno" que "haya profesionales reconocidos que trabajen en el sector público y después en el privado". "Lo que me preocuparía es que no diesen el perfil", sentenció. Feijóo evitó aludir al papel de Hernández en el gabinete que está configurando, pero insistió en que los miembros de su Gobierno "cumplirán la ley". El presidente electo rebajó así uno de sus principales compromisos de campaña, el de "formar un Gobierno irreprochable también desde el punto de vista ético", repetido hasta la saciedad en sus mítines, y dejó claro que los límites para el comportamiento de sus conselleiros los fijará la ley.

La responsable de Organización de los socialistas, Mar Barcón, fue menos comprensiva con las actividades de Hernández, a quien exigió la devolución del acta de diputado. Barcón aseguró que "la legalidad varía en función del legislador" y apeló a "la forma de estar en política". La dirigente socialista atacó a Hernández "por su falta de ética, política y personal".