Una trama convierte la solidaridad en negocio

"Algunas ONG españolas todavía siguen robando duro en el país, haciendo proyectos fantasmas y otras inversiones para los pobres..., todo queda en los altos funcionarios de esas ONG". Este comentario anónimo a una noticia publicada por la edición digital del diario La Prensa, de Managua el 28 de diciembre de 2008, no era el único que arremetía en el mismo sentido contra una información titulada Cooperación española visible en Madriz. La crónica explicaba, de manera un tanto confusa, que en ese departamento de Nicaragua se desarrollaban proyectos de cooperación para mejorar caminos rurales, perforar pozos de agua y ayudar a la agricultura financiados por varias instituciones españolas, entre ellas, "la Generalitat Valenciana más la Fundación Cyes".

La mayor parte del dinero fue gastado en la compra de dos entresuelos

Al menos cinco ONG han servido de tapadera a la red para lograr fondos

El consejero ha negado cualquier irregularidad en las subvenciones

Algo debían ver sobre el terreno los anónimos lectores internautas de lo que ocurría de hecho con algunos de esos proyectos. La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), que recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dos subvenciones para "grandes proyectos" de 833.409 euros cada una, apenas destinó unas decenas de miles de euros a sus objetivos en Totogalpa, departamento de Madriz, consistentes precisamente en acercar agua potable a una zona rural y mejorar el rendimiento de los cultivos. La mayor parte del dinero fue gastado, de manera inmediata, en la compra de dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, que, según la letra del proyecto, debían servir como "oficina técnica". A esos locales, en realidad, ha trasladado su sede la propia fundación creada y presidida por Marcial López López, un enfermero que a finales de los años noventa fue revocado de la presidencia del Colegio de Enfermería de Castellón, inhabilitado y acusado de malversar fondos.

Además de la compra de los pisos, que el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se apresuró a desmentir hace una semana, tras estallar públicamente el escándalo, con un certificado sin registro de salida según el cual su departamento habría obtenido de la Fundación Cyes facturas por otros conceptos para justificar los gastos, la entidad consiguió que la Generalitat le aceptara como gastos justificados más de 66.000 euros de asesoría de una empresa creada por personal de la propia fundación, y actualmente domiciliada en su sede, y 208.000 euros pagados, también por asesoramiento, a una empresa informática denominada Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL.

Eso ocurría a finales de 2008. Momento en que el administrador único de Arcmed, Alfonso Navarro Torres, constituía junto a Adolfo Soler Sempere, de otra empresa denominada Dinamiz-E Consultoría, Creatividad y Desarrollo Tecnológico, propiedad de los mismos accionistas, una denominada Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana, en la que ocupa el puesto de secretario José Bollaín Pastor, del despacho Avance Abogados. Esa fundación ha pasado en dos años a convertirse en la entidad de referencia del departamento de Blasco y en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación a través de pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo ya existentes o de ONG fantasmas creadas casi al mismo tiempo.

La abundante documentación que sobre el caso de la Fundación Cyes y sobre la Fundación Entre Pueblos obra en manos del fiscal anticorrupción, aportada por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que presentó la denuncia, y por la diputada de Compromís Mireia Mollà, que incorporó hace unos días bastante información a la investigación, ha abierto un caso en el que se destapa el uso de la solidaridad como negocio por parte de una serie de empresas bien relacionadas con el poder político.

Aparte de la Fundación Cyes, cuyo asunto, en un momento previo a la creación de la Fundación Solidaria Entre Pueblos, ha desencadenado la investigación del fiscal y la polémica pública, al menos cinco ONG han servido de tapadera a la trama para captar fondos de las subvenciones de cooperación de 2009 y 2010. El portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, evaluó el viernes en 9,6 millones de euros lo que la trama habría obtenido hasta ahora por el procedimiento de gestionar desde la Fundación Entre Pueblos, en contacto estrecho con los técnicos del departamento de Blasco, proyectos a las ONG que desbordan sus posibilidades e incluir en esos proyectos sustanciosas facturas que cobran las empresas de los patronos de la propia fundación.

La actuación de la trama implica a organizaciones como Fudersa, Asa de África, Agrupación Cívica Intercultural Hispano-ecuatoguineana-Ceiba, Esperanza sin Fronteras y Asamanu África. Las dos últimas han hecho público que ignoraban que estaban siendo utilizadas para el fraude en los fondos de cooperación. Los proyectos de todas ellas, gestionados desde la Fundación Solidaria Entre Pueblos, incluyen pagos a Arcmed, de Alfonso Navarro, presidente de la fundación; Dinamiz-E, de Adolfo Soler, vicepresidente, o Avance Abogados, de José Bollaín, secretario y apoderado.

En el caso de la Agrupación Ceiba, también aportó facturas la empresa Depósito de Especialidades Farmacéuticas (Desfa), de la que es consejero delegado Joaquín Blasco López, uno de los habituales en los locales de la Fundación Solidaria Entre Pueblos junto a César Augusto Tauroni, viejo conocido del consejero Blasco en otros escenarios de empresas informáticas y adjudicaciones de la Administración. La Agrupación Ceiba, de repente, empezó a gestionar supuestamente proyectos en Malabo contra la violencia sexual y la explotación infantil y contra el contagio del sida por valor de 296.988 y 359.367 euros. En realidad, como revelan documentos que la diputada Mollà ha entregado al fiscal, esos proyectos, que implican pagos a las empresas de sus patronos, los ejecutaba la Fundación Solidaria Entre Pueblos, a la que ha interpuesto un pleito mercantil la veterana ONG Entrepueblos (Entrepobles) por usurpación de marca en el que ha pedido la suspensión cautelar de su uso.

El protagonismo de la Fundación Solidaria Entre Pueblos en la redacción de los proyectos generosamente subvencionados por la consejería de Blasco es tal que dispone incluso de cuentas mancomunadas con las ONG para el manejo de los fondos recibidos de la Generalitat.

Mientras Blasco se ha aplicado a negar cualquier irregularidad en la gestión de las subvenciones de cooperación, pese a los indicios acumulados, en forma de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y expedientes, por la oposición, las organizaciones de ayuda al desarrollo han expresado su preocupación ante el escándalo.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, a la que ha comenzado a surgirle una escisión promovida desde la propia Consejería de Solidaridad y Ciudadanía -el mismo Blasco llegó a telefonear personalmente a responsables de ONG en ese sentido-, ha hecho pública su preocupación por el deterioro de la imagen de la cooperación ante la opinión pública. "Por la gravedad de los hechos", explicaba la Coordinadora en un comunicado, el asunto "genera dudas sobre la transparencia y eficacia de los programas de cooperación internacional desarrollados por las ONGD valencianas".

Son los efectos de una trama que aprovecha los fondos públicos para obtener beneficios. Como pedía el anónimo lector de la edición digital del diario La Prensa, "más control a estas ONG que siguen saqueando lo último que nos queda y se roban el dinero que es donado para los pobres".