El fiscal mantiene la investigación de las ayudas de Blasco

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las denuncias que afectan a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía presentadas por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de la Coalició Compromís. El ministerio público tiene, como norma general, seis meses para investigar antes de presentar denuncia ante un juez, archivar el caso o solicitar una prórroga. La Fiscalía Anticorrupción dispone, en cambio, de un año, dada la complejidad que normalmente tienen los asuntos que trata. En el caso de las denuncias relacionadas con las subvenciones de la consejería de Rafael Blasco, señalan fuentes jurídicas, es muy probable que la investigación continúe aún varios meses más debido a la gran cantidad de datos que las diputadas entregaron a la fiscalía en octubre sobre las supuestas irregularidades.

El presidente de la entidad beneficiaria está condenado por apropiación indebida

El Síndic señala que 1,1 millones de las subvenciones no están acreditados

Ayer, Blasco trató de quitar importancia a las "incidencias significativas" detectadas por la Sindicatura de Comptes en dos subvenciones que su consejería concedió a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para sendos proyectos de cooperación en Nicaragua. Las irregularidades sobre estas ayudas son una de las cuestiones sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la investigación en curso, unas irregularidades que fueron denunciadas por la socialista Clara Tirado.

Blasco indicó ayer que el informe de la Sindicatura no habla "ni de irregularidad ni de ilegalidad", a pesar de que admitió que todos los expedientes "son mejorables". El documento de la Sindicatura revela que la Fundación Cyes incumplió los requisitos establecidos para recibir ayudas a la cooperación internacional de la consejería. Ni tenía la experiencia exigida, ni concurrió junto a otra ONG.

La Fundación Cyes -que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre- obtuvo en 2008 dos subvenciones del Consell de 833.000 euros cada una para proyectos de cooperación en Nicaragua. Con este dinero compró dos pisos en Valencia, situación que estaba prevista en los proyectos presentados y que decidió subvencionar la consejería. Cuando ya se había ingresado el dinero de las subvenciones a la fundación y esta había adquirido dos entresuelos con garaje en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, como "oficina técnica", unos entresuelos a los que trasladó su sede, el departamento de Blasco pidió nuevas facturas que justificaran que el dinero se había destinado a un fin adecuado.

Sin embargo, la Sindicatura concluye que, tras rechazarse los justificantes de las compras de los pisos y aportarse los nuevos, la consejería no comprobó "si las facturas y justificantes que obran en el expediente corresponden a gastos necesarios para los fines de la subvención, ni si las obras, bienes o servicios que en ellos se reflejan han sido prestados efectivamente en el lugar que corresponde".

De todos estos reproches -"incidencias significativas" en la expresión de la Sindicatura- Blasco extrajo la conclusión de que "el informe avala toda la actuación de Solidaridad y Ciudadanía". Sin embargo, el informe es muy claro al indicar que considera que 1,1 millones de euros de los poco más de 1,6 millones que suponían las subvenciones, no están debidamente acreditados y los expedientes "deberían completarse para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados, por lo que la consejería debería dirigirse a la fundación beneficiaria con el fin de completar las justificaciones".

La Fundación Cyes está presidida por Marcial López López, que el pasado 21 de marzo fue condenado por apropiarse de 240.000 euros del Colegio de Enfermería de Castellón, en un episodio en el que estuvo involucrada también la fundación a finales de los años noventa. Junto a López, que posee una pequeña participación del 9,5% del capital, son socios de la Fundación Cyes, según los datos del registro, Vicente Francisco Gumbau Ortells, propietario de una empresa de artes gráficas, con el 38,1% del capital; José Vicente Martí Tarazona, ginecólogo, que dispone del 23,8%, Isabel Montesinos Escrig, con el 19%, y Vicente Garcés Barreda, dedicado a negocios de hostelería, con otro 9,52%.

La propia Sindicatura señala en su informe los límites de la revisión efectuada sobre las subvenciones a la Fundación Cyes, que no ha consistido en "una fiscalización de regularidad", más completa, y recuerda también que los dos expedientes revisados obran en poder la fiscalía.

Por otra parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra criticó que la Mesa de las Cortes (ahora de la Diputación Permanente, al estar disuelta la Cámara) se negara a facilitar el informe de la Sindicatura de Comptes a su grupo.