Los Verdes de la UE quieren retener fondos hasta que se cumpla con el 'Informe Auken'

El descontento en Europa hacia el urbanismo valenciano suma y sigue. Los Verdes y Alianza Libre Europea han propuesto congelar 185 millones de euros de los próximos fondos europeos dirigidos a España y desviarlos a reservas hasta que se demuestre que las Cortes Valencianas tienen intención de cumplir las reclamaciones contempladas en el Informe Auken, aprobado este año por mayoría absoluta por el Parlamento Europeo. El documento, que denunciaba el urbanismo salvaje en España, amenazaba ya con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe España si no se solucionaban los abusos urbanísticos, entre otras cuestiones. La petición de los grupos verdes europeos, en esta línea, fue explicada ayer por la diputada del parlamento europeo y autora del informe que lleva su apellido, Margrete Auken, durante una conferencia en L'Alfàs del Pi.

Auken participó en una jornada organizada por las asociaciones de vecinos de L'Alfàs del Pi, La Nucia, Parcent y por Abusos Urbanísticos No, a la que acudieron alrededor de 300 personas, muchos de ellos afectados. Y entre los políticos estaban presentes el alcalde de L'Alfàs, Vicent Arques (PSPV), el nuevo edil de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares o la concejal de Medio Ambiente de Altea, Carolina Punset. "Queremos que el Parlamento Europeo reciba garantías de la derogación de todos los planes urbanísticos que no respeten los derechos de propiedad y los criterios de sostenibilidad", defendió la diputada europea durante su intervención. Auken, sin embargo, matizó, consciente del perjuicio que supondría recortar en plena crisis los fondos europeos que recibe España en 185 millones, que este dinero podría dirigirse a mejorar la eficiencia energética de los edificios privados y de las instalaciones públicas.

El Informe Auken también reclamó una revisión a fondo de toda la legislación que afecta a los derechos privados de los ciudadanos, pedía la abolición del agente urbanizador o la suspensión y revisión de los planes que no respeten los criterios de sostenibilidad. El documento, por otro lado, también detectó que la dilación de los procesos judiciales iniciados por los particulares en materia urbanística ha agravado el problema endémico de la corrupción.